Rene Hernandez Perez
Expediente 863/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Hernandez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 50 a 55), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar las copias certificadas de la causa penal 30/2016 del índice del Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla, se ordena su devolución (anexo I); y, se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente acuse recibo de aquél. Con el apercibimiento para la autoridad que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE PUBLICA POR LISTA AVISO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se aprecia que en el presente asunto el quejoso René Hernández Pérez, reclamó: Del 1. Juez Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla: a) El auto de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 612 del anexo I), emitido en la causa penal 30/2016, en el que el juzgador responsable desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso acuerdo de dieciséis de mayo pasado, al no ser este último recurrible en apelación; y b) La orden de reaprehensión y detención dictada en su contra. Y del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta): c) La ejecución del mencionado mandamiento de recaptura. Al respecto este juzgador advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia y otra de sobreseimiento que, como se verá más adelante, permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En ese aspecto, en relación con el acto reclamado marcado con el inciso a), se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El dispositivo legal y fracción invocada establecen el principio de definitividad del acto reclamado, pues estatuyen la improcedencia del juicio al no agotarse por los gobernados los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley que rige el acto emitido por autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, antes del promover el juicio de garantías. En relación con lo anterior, es menester destacar que el artículo 107 Constitucional establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos. Esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Lo anterior, tiene como fin el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación de la autoridad. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, salvo que se configure alguna excepción. En el caso a estudio, el impetrante de garantías se duele del auto de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 612 del anexo I), emitido en la causa penal 30/2016 del índice del Juzgado Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en el que el juzgador responsable desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso acuerdo de dieciséis de mayo pasado, al no ser este último recurrible en apelación. Determinación que el quejoso debió combatir a través del recurso de denegada apelación, previsto en el artículo 307, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que dispone: "Artículo 307.- Contra el auto que no admita la apelación procede el recurso de denegada apelación." Justamente, el numeral transcrito contempla el recurso de denegada apelación en contra del proveído que pretende reclamar el promovente; esto es, constituye un medio ordinario de defensa previsto por la legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se pretende impugnar. De tal manera que se hace patente que el promovente no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues se insiste, previamente a ello debió agotar el recurso de denegada apelación contra de la determinación de quince de junio de dos mil dieciocho. Máxime que el acto reclamado no se encuentra en alguna de las hipótesis que la ley de amparo prevé a fin de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de garantías, pues no se reclama algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo. Además, el acto no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; tampoco es una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, y no se trata de sentencia definitiva dictada en el proceso penal; sin soslayar que el aquí quejoso no resulta ser extraño al procedimiento de donde emana el acto que pretende reclamar en esta vía pues es el procesado en la causa penal de origen; y la procedencia del medio de defensa está debidamente determinado sin estar sujeto a interpretación adicional. En esa tesitura, es evidente que -como se adelantó- respecto del acto reclamado en estudio (señalado en el inciso a), se actualiza en el la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, en cuanto a los diversos actos reclamados por René Hernández Pérez, consistentes en b) la orden de reaprehensión y detención dictada en su contra y c), su ejecución, atribuidos en su orden, al 1. Juez Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta), debe decirse que dichas autoridades, al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 20 y 29), negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Lo que se corrobora con las constancias que allegó el juez responsable (anexo I) y de cuyo análisis no se advierte la existencia de orden de recaptura reclamada; documental con pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, ante la inexistencia de dichos actos reclamados, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que lo anterior suponga el desconocimiento de lo establecido en la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que ya ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido de los informes justificados de dichas autoridades responsables, cuenta habida que con el último de dichos informes se dio vista mediante acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 30 a 32), el cual le fue notificado por lista el quince siguiente (foja 32 vuelta); luego, el citado término de ocho días transcurrió del diecisiete al veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con descuento de los días veinte y veintiuno de ese mes y año por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Y si bien, el multicitado plazo no ha transcurrido para el tercero interesado Juan Carlos Fleicer Santillán, al haber sido emplazado a juicio el dieciocho de los corrientes (foja 38 vuelta), tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación al caso la tesis aislada de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Así las cosas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII en relación con el diverso 63, fracción V; y 63, fracción IV todos de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Por ende, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 32); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se aprecia que en el presente asunto el quejoso René Hernández Pérez, reclamó: Del 1. Juez Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla: a) El auto de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 612 del anexo I), emitido en la causa penal 30/2016, en el que el juzgador responsable desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso acuerdo de dieciséis de mayo pasado, al no ser este último recurrible en apelación; y b) La orden de reaprehensión y detención dictada en su contra. Y del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta): c) La ejecución del mencionado mandamiento de recaptura. Al respecto este juzgador advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia y otra de sobreseimiento que, como se verá más adelante, permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En ese aspecto, en relación con el acto reclamado marcado con el inciso a), se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El dispositivo legal y fracción invocada establecen el principio de definitividad del acto reclamado, pues estatuyen la improcedencia del juicio al no agotarse por los gobernados los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley que rige el acto emitido por autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, antes del promover el juicio de garantías. En relación con lo anterior, es menester destacar que el artículo 107 Constitucional establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos. Esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Lo anterior, tiene como fin el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación de la autoridad. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, salvo que se configure alguna excepción. En el caso a estudio, el impetrante de garantías se duele del auto de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 612 del anexo I), emitido en la causa penal 30/2016 del índice del Juzgado Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en el que el juzgador responsable desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso acuerdo de dieciséis de mayo pasado, al no ser este último recurrible en apelación. Determinación que el quejoso debió combatir a través del recurso de denegada apelación, previsto en el artículo 307, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que dispone: "Artículo 307.- Contra el auto que no admita la apelación procede el recurso de denegada apelación." Justamente, el numeral transcrito contempla el recurso de denegada apelación en contra del proveído que pretende reclamar el promovente; esto es, constituye un medio ordinario de defensa previsto por la legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se pretende impugnar. De tal manera que se hace patente que el promovente no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues se insiste, previamente a ello debió agotar el recurso de denegada apelación contra de la determinación de quince de junio de dos mil dieciocho. Máxime que el acto reclamado no se encuentra en alguna de las hipótesis que la ley de amparo prevé a fin de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de garantías, pues no se reclama algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo. Además, el acto no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; tampoco es una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, y no se trata de sentencia definitiva dictada en el proceso penal; sin soslayar que el aquí quejoso no resulta ser extraño al procedimiento de donde emana el acto que pretende reclamar en esta vía pues es el procesado en la causa penal de origen; y la procedencia del medio de defensa está debidamente determinado sin estar sujeto a interpretación adicional. En esa tesitura, es evidente que -como se adelantó- respecto del acto reclamado en estudio (señalado en el inciso a), se actualiza en el la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, en cuanto a los diversos actos reclamados por René Hernández Pérez, consistentes en b) la orden de reaprehensión y detención dictada en su contra y c), su ejecución, atribuidos en su orden, al 1. Juez Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta), debe decirse que dichas autoridades, al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 20 y 29), negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Lo que se corrobora con las constancias que allegó el juez responsable (anexo I) y de cuyo análisis no se advierte la existencia de orden de recaptura reclamada; documental con pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, ante la inexistencia de dichos actos reclamados, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que lo anterior suponga el desconocimiento de lo establecido en la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que ya ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido de los informes justificados de dichas autoridades responsables, cuenta habida que con el último de dichos informes se dio vista mediante acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 30 a 32), el cual le fue notificado por lista el quince siguiente (foja 32 vuelta); luego, el citado término de ocho días transcurrió del diecisiete al veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con descuento de los días veinte y veintiuno de ese mes y año por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Y si bien, el multicitado plazo no ha transcurrido para el tercero interesado Juan Carlos Fleicer Santillán, al haber sido emplazado a juicio el dieciocho de los corrientes (foja 38 vuelta), tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación al caso la tesis aislada de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Así las cosas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII en relación con el diverso 63, fracción V; y 63, fracción IV todos de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Por ende, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 32); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que el tercero interesado Juan Carlos Fleicer Santillán, fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en Puebla Capital o zona conurbada, como le fue requerido mediante auto de once de octubre de dos mil dieciocho, pues se le emplazó el dieciocho de octubre pasado, notificación que surtió sus efectos el diecinueve siguiente, por lo que transcurrió del veintidós al veinticuatro de octubre pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar al aludido tercero interesado las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, mediante lista que se publique en un lugar visible de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Puebla Capital o zona conurbada.
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