René Hernández Cordero
Expediente 358/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- René Hernández Cordero
- Juez Tercero Familiar por Audencia del Distrito Judicial Bravos
- René Hernández Cordero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obre la pieza postal que ampara el oficio dirigido a la autoridad responsable, Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ella se reclama.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 358/2021-IV, promovido por Rene Hernández Cordero, contra actos del Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el siete de mayo de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, Rene Hernández Cordero, promovió juicio de amparo, contra los actos de las autoridades, Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y Oficial del Registro Civil de la Oficialía 01 de Ciudad Jiménez, Chihuahua, a quienes reclamó: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- a) De la Autoridad, C. Jueza Tercero Familiar por audiencias del Distrito Judicial Bravos Lic. Fabiola Valenzuela Flores reclamo: La resolución de fecha 19 de abril del 2021, en el juicio 1429/19 del índice de este juzgado Familiar ante su negativa de ordenar al C. Titular de la Oficialía 01 del Registro Civil de ciudad Jiménez Chihuahua, que se me deje intacta mi filiación parental con mi padre y abuelos paternos en mi registro de nacimiento. b) De la autoridad, C. Titular de la Oficialía 01 del registro Civil de ciudad Jiménez Chihuahua: Como primer acto reclamado: reclamo la modificación de mi acta de nacimiento, lo cual llevo a cabo de manera unilateral y a mis espaldas, y sin haber seguido un juicio en el que se me respetaran las garantías a las que tengo derecho, y cuyos datos de asentamiento del acta de nacimiento son acta 379, libro 151, folio 169 de fecha doce de abril de 1972. En un segundo acto reclamo de esta autoridad: la negativa de su titular de dejar intacta mi filiación parental con mi padre y abuelos paternos, a pesar de lo ordenado por la juez Tercero de lo civil en sentencia del juicio 1429/19 del índice del Juzgado Tercero Familiar por audiencias." Segundo. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, previó desahogo de la prevención formulada mediante proveído de once de dicho mes y año, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 358/2021-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde tiene residencia la autoridad responsable. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: ---De la Autoridad, Jueza Tercero Familiar por audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el juicio 1429/19 de su índice, mediante el cual niega atender la solicitud del aquí quejoso de ordenar al C. Titular de la Oficialía 01 del Registro Civil de ciudad Jiménez Chihuahua, en el sentido de que se le deje intacta la filiación parental con su padre y abuelos paternos en su registro de nacimiento. ---De la autoridad, C. Titular de la Oficialía 01 del registro Civil de Ciudad Jiménez, Chihuahua, la negativa de su titular de dejar intacta la filiación parental con su padre y abuelos paternos, a pesar de lo ordenado por la Juez Tercero de lo Civil, en sentencia del juicio 1429/19 del índice del Juzgado Tercero Familiar por audiencias, con sede en esta ciudad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí quejoso, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La existencia de los actos reclamados por la hoy parte quejosa a las autoridades que señaló como responsables, quedó plenamente demostrada en el juicio que nos ocupa. En efecto, son ciertos los actos reclamados a las autoridades, Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y Oficial del Registro Civil 01 de la Ciudad de Jiménez, precisados en el considerando segundo de este fallo, toda vez que así se desprende de la lectura de sus respectivos informes justificados. La existencia de los actos reclamados se corrobora además, con las constancias que el Juez Tercero de lo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos remitió en vía de justificación, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario familiar en ejercicio de la rectificación del acta 1429/2019, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad judicial en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad, responsable, Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al estimar que el acto que pretende reclamar el quejoso deriva de actos consentidos al no haber impugnado la sentencia emitida en el toca 269/2020, del índice de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. Para mejor comprensión a la anterior premisa, es oportuno traer a este apartado el contenido del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)". De conformidad con dicho precepto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal situación, responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que el gobernado haga uso de la vía de amparo para desconocer los efectos de la conducta que haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Así, el consentimiento, para efectos de la improcedencia que nos ocupa, debe entenderse como la manifestación de voluntad del peticionario de amparo quien opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella, se pretendería sustraer a su propia conducta. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 139-144, primera parte, visible en la página 13, del orden siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". El análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, por el contrario, debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido, lo que actualiza, de forma lógica y jurídica la improcedencia del amparo en ese supuesto. Bajo ese contexto, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el acto derivado del mismo, lo que determinará, en su caso, si el consentimiento alcanza al nuevo acto combatido. Sirve de apoyo la tesis de emitida por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen CXXXI, Tercera parte, página 11, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." De acuerdo con lo anterior, tenemos que los supuestos para que opere la causa de improcedencia en estudio son: a) La existencia de un acto anterior consentido que irrogue perjuicios al particular, y b) La existencia de un acto posterior; siempre que este último sea la consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario, destacando principalmente las del juicio ordinario familiar en ejercicio de la rectificación del acta 1429/2019, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve, por Rene Hernández Cordero, ante la Oficialía de Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, formuló demanda en la vía de controversias del orden familiar en contra del Titular de la Primera Oficialía del Registro Civil de Ciudad Juárez, Chihuahua y Titular de la Primera Oficialía del Registro Civil en la Ciudad de Jiménez, Chihuahua, a quienes demandó la rectificación de su acta de nacimiento, para que se asentara el nombre y apellido reales, correctos y completos, Rene Hernández Cordero y no como aparece en el acta Rene Cordero, pues el acto consideró que habían sido ilegal e infundadamente corregidos recientemente por la Oficialía del Registro Civil de Ciudad Jiménez, Chihuahua, sin respetarse su garantía de audiencia. La referida demanda por razón de turno fue del conocimiento del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, misma que fuera radicada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, bajo el expediente 1429/2019. Seguido que fue el juicio ordinario familiar en cita, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia declarativa, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria Familiar. SEGUNDO. La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción y la parte demandada se constituyó en rebeldía. TERCERO.- Se ordena al Oficial del Registro Civil de Jiménez, Chihuahua, la rectificación del acta de nacimiento de [RENE CORDERO], acta [379], libro [151], folio [169] de fecha [doce de abril de mil novecientos setenta y dos], a efecto de adecuar su nombre a la realidad social con el nombre de [RENE CORDERO], sin que ello implique una mutación de su filiación. CUARTA. Remítase los autos al tribunal de alzada para su revisión de oficio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 478 el Código de Procedimientos Familiares del Estado. QUINTA. Una vez que quede firme la presente resolución gírese atento oficio con los insertos necesarios al [TITULAR DEL REGISTRO CIVIL EN ESTA CIUDAD], para que por su conducto provea lo conducente a efecto de hacer del conocimiento de la presente resolución , al [TITULAR DE LA PRIMERA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE JIMENEZ CHIHUAHUA], y este a su vez efectué la rectificación correspondiente del acta de nacimiento del actor, bajo el nombre de [RENE CORDERO], levantada precisamente por el [TITULAR DE LA PRIMERA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE JIMENEZ CHIHUAHUA], acta [379], libro [151], folio [169] de fecha [doce de abril de mil novecientos setenta y dos], en los términos ordenados en el resolutivo tercero. SEXTO. Igualmente requiérase al Titular del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Chihuahua, para que efectúe la rectificación ordenada también en el duplicado del acta de nacimiento de la accionante que obra en dicho archivo así como en el Registro Electrónico que del atesto obra su archivo digital, misma que se encuentra registrada bajo el número de acta [379], libro [151], folio [169] de fecha [doce de abril de mil novecientos setenta y dos], levantada por el Registro Civil de [Jiménez, Chihuahua]. Asimismo, para que dé cuenta de los asientos practicados al Registro Nacional de Población. Lo anterior a virtud de que los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior del Registro Civil. SEPTIMO. En su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido previo las anotaciones el libro de gobierno, y hágase la devolución de la documentales anexada en autos previa simple toma de razón y de recibo quede asentada. NOTIFIQUESE." Mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, la juez responsable ordenó remitir los autos al tribunal de alzada, en cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, previamente transcrito. Mediante oficio 682/2020, la Secretaria de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, remitió el testimonio de la resolución dictada en el toca 269/2020 con motivo de la revisión de oficio en el juicio ordinario y devolvió los autos del expediente 1429/2019. Así, en lo que interesa, en la citada resolución se determinó: " . III. Estudio de Fondo ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Civil del Estado, la rectificación, modificación o nulidad por cualquier motivo de una acta del estado civi, es procedente mediante sentencia dictada por el Poder Judicial. Luego, al ser de interés público la acción de rectificación de acta, deben tomarse en consideración los antecedentes del negocio que se trata para proceder a su revisión de oficio, criterio que encuentra apoyo en la tesis de rubro: "JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. SU REVISIÓN ES FORZOSA DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." Ahora bien, del análisis que este Tribunal realiza de la constancias que integran el expediente principal para determinar sobre la legalidad de la sentencia dictada en el juzgado de origen, se pone de manifiesto que fue pronunciada correctamente, toda vez que con los elementos convicción aportados al juicio, a los que válidamente la Juez de origen concedió valor probatorio pleno, se justificó la procedencia de la acción de rectificación del acta de nacimiento en cuanto agregar el primer apellido del actor, a fin de que se ajustado a su realidad social, ya que fue registrado como [René Cordero], habiendo acreditado que en todos su actos públicos y privados se ha ostentado como [René Hernández Cordero]; lo anterior, por no implicar la modificación un cambio de filiación, ni existir capricho o mala fe, como tampoco causar perjuicio a tercero ni contrariar la moral. Entonces lo procedente es confirmar la determinación del juzgado de conocimiento, criterio que encuentra apoyo en las tesis de rubro: "REGISTRO CIVIL DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO PARA AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL." IV. Conclusión Por los anteriores razonamientos deberá confirmarse la sentencia que se revisa en la que se ordenó la rectificación del acta de nacimiento del actor, en cuanto a agregar el primer apellido de la persona registrada para quedar como [René Hernández Cordero]; por no implicar la modificación un cambio de filiación, ni existir capricho o mala fe, como tampoco causar perjuicio a tercero ni contrariar la moral. Sin hacer condenación en costas por no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 130 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. V. Resolutivos. PRIMERO. Se confirma la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el Juicio Ordinario a que este Toca se refiere. SEGUNDO. No se hace condena en costas. TERCERO. Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse el Expediente 1429/2019 al juzgado de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente asunto como asunto terminado. Así, lo resolvió y firma la licenciada ADELA A. JIMÉNEZ CARRASCO, Magistrada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la Secretaria del Acuerdos licenciada FABIOLA LÓPEZ ERIVES, con quien actúa. Doy Fe." (sic) Cabe destacar que el quejoso no se inconformó contra dicha resolución, lo anterior en atención a que al desahogar Rene Hernández Cordero, la prevención formulada en el presente controvertido constitucional mediante proveído once de mayo del año en curso, manifestó bajo protesta de decir verdad que contra la misma no formuló amparo directo, que era el medio de impugnación que en todo caso procedía en su contra. En atención a lo anterior, al solicitar el quejoso la ejecución de la sentencia en los términos de su escrito presentado ante la juez responsable, el ocho de abril de dos mil veintiuno, la responsable determinó lo siguiente: "CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Por recibido en el buzón de este tribunal el día siete de abril del año dos mil veintiuno y en este juzgado al día ocho del mismo mes y año, el escrito que presenta [RENÉ HERNÁNDEZ CORDERO], con la personalidad que tiene reconocida en autos y visto lo solicitado. En cuando a que se le tenga promoviendo la ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 373 del Código de Procedimientos Familiares, dígasele que toda vez que en la sentencia emitida por este Tribunal el día dieciocho de septiembre del año dos mil veinte, en el resolutivo TERCERO se ordenó al Oficial del Registro Civil de Jiménez, Chihuahua, la rectificación del acta de nacimiento de [RENE CORDERO], acta [379], libro [151], folio [169] de fecha [doce de abril de mil novecientos setenta y dos], a efecto de adecuar su nombre a la realidad social con el nombre de [RENE HERNANDEZ CORDERO], SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA MUTUACIÓN A SU FILIACIÓN, siendo CONFIRMADA dicha SENTENCIA por el Tribunal de Alada dentro del Toca número 269/2020, en la resolución de fecha treinta de noviembre del año en curso, por lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada FABIOLA VALENZUELA FLORES, Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ante la Secretaria Judicial Provisional, Licenciada MARÍA DE LOURDES MÁYNEZ HERNÁNDEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE." Determinación que el quejoso considerada violatoria de derechos fundamentales, esencialmente, porque sostiene que la responsable viola su derecho a derecho a la identidad de las personas previsto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que realmente afecta a la parte quejosa es la resolución dictada en el toca 269/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Chihuahua capital, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia dictada en el juicio ordinario 1429/2019, en la que determinó confirmar dicha resolución, misma en la que se ordenó la rectificación del acta de nacimiento del actor, únicamente en cuanto a agregar el primer apellido de la persona registrada para quedar como [René Hernández Cordero]; ello, por no implicar la modificación un cambio de filiación, ni existir capricho o mala fe, como tampoco causar perjuicio a terceros ni contrariar la moral; por tanto, es esa resolución la que debió impugnar a través del juicio de amparo directo, virtud a que es la que contiene las imprecisiones de que se duele, y no el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, ya que su reclamo se centra en que el Oficial del Registro Civil de Jiménez, Chihuahua, al cumplir con la referida sentencia, se limitó a agregar su apellido a la acta de nacimiento, tal como fue ordenado en la misma, omitiendo reconocer y agregar la filiación con su padre y abuelos paternos; entonces, debió controvertir dicha resolución. En tales condiciones, es indudable que los supuestos para que opere la causal de improcedencia en estudio se encuentran actualizados, esto es: a) La existencia de un acto consentido anterior al reclamado (la resolución dictada en el toca 269/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Chihuahua capital), y b) La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél (proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que la responsable negó acordar la ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 373 del Código de Procedimientos Familiares formulada por el actor en el juicio ordinario 1429/2019). Así es, el acuerdo diecinueve de abril de dos mil veintiuno (acto reclamado), es una consecuencia directa y necesaria de la resolución dictada en el toca 269/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, ya que al no haberse impugnado esta última, el resultado fue que al momento en que la parte quejosa solicitó la ejecución de dicha sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 373 del Código de Procedimientos Familiares, la responsable emitiera un acuerdo en el que dijera que no ha lugar acordar de conformidad dicha petición, pues en dicha resolución se precisó que el único efecto de la rectificación del acta era agregar el primer apellido de la persona registrada para quedar como René Hernández Cordero, sin modificar su filiación. De ahí que se actualiza su consentimiento por el inejercicio del derecho de impugnación, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley común, o en su caso, del juicio de amparo, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocar, modificar o dejar insubsistente la resolución donde la responsable se pronunció respecto a la rectificación del acta del quejoso únicamente en cuanto agregar su primer apellido, sin modificar su filiación; por tanto, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, lo que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del quejoso, quien al no haberlos instado, indiscutiblemente lo consintió; Bajo ese contexto, se considera que el acto reclamado deriva de la resolución que consintió, ya que es una consecuencia directa y necesaria de aquélla. Al respecto, es atendible la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Apéndice de 1995, tomo IV, página 12, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, invocada por la juez responsable, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la legislación en cita, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio. Ante el sobreseimiento decretado, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo, tal como lo establece en la jurisprudencia identificada con el número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, de la cual se lee: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por Rene Hernández Cordero, en términos del considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado HECTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado JESÚS MANUEL MORA BUSTILLOS, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
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