René Guzmán Delgado
Expediente 1722/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1722/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- René Guzmán Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable Yaredy Montes Rivera, Jueza de Primera Instancia Especializada de Control del Distrito Único en el Estado de Morelos, copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Ahora bien, con apoyo en el artículo 21 inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, se negó la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, elaborada por el fedatario judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad legal para notificar personalmente el auto de veintisiete de mayo del año en curso, a la persona moral tercero interesada PATRICIA OCAMPO GALVÁN, KAREN ANAHÍ ARCINIEGA MORENO, en su carácter de asesora jurídica y LEIDY NEIBARY BAHENA CASTRO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL SUR PONIENTE, al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el fedatario judicial en la razón de cuenta; y consecuentemente, se ordena notificar a la parte procesal en cita el auto antes referido, así como el presente proveído y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese en sus términos. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LINEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LAS TERCERO INTERESADAS PATRICIA OCAMPO GALVÁN, KAREN ANAHÍ ARCINIEGA MORENO, en su carácter de asesora jurídica y LEIDY NEIBARY BAHENA CASTRO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL SUR PONIENTE POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El artículo anterior prevé que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior, se aprecia que la causa de improcedencia invocada aparece en este juicio en atención a lo siguiente: En el escrito de demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable: Yaredy Montes Rivera, Jueza de Primera Instancia Especializada de Control de Distrito Único en el estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. Acto reclamado: La omisión de celebrar y desahogar la audiencia intermedia a que se refiere el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, la autoridad responsable, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el dos de marzo de dos mil veintidós, la jueza responsable informó que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia intermedia relativo a la causa penal ********************, instruida en contra del quejoso y se dictó el auto de apertura a juicio oral. A fin de acreditar lo anterior, mediante oficio ingresado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este juzgado, remitió copia certificada del disco de audio y video de la audiencia intermedia mencionada. En ese contexto, se afirma la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con la emisión del auto; por tanto, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Por lo anterior, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto transcrito establece que, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere ese ordenamiento. Lo anterior en virtud de que, con la cesación de los efectos del se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El artículo anterior prevé que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior, se aprecia que la causa de improcedencia invocada aparece en este juicio en atención a lo siguiente: En el escrito de demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable: Yaredy Montes Rivera, Jueza de Primera Instancia Especializada de Control de Distrito Único en el estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. Acto reclamado: La omisión de celebrar y desahogar la audiencia intermedia a que se refiere el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, la autoridad responsable, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el dos de marzo de dos mil veintidós, la jueza responsable informó que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia intermedia relativo a la causa penal ********************, instruida en contra del quejoso y se dictó el auto de apertura a juicio oral. A fin de acreditar lo anterior, mediante oficio ingresado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este juzgado, remitió copia certificada del disco de audio y video de la audiencia intermedia mencionada. En ese contexto, se afirma la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con la emisión del auto; por tanto, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Por lo anterior, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto transcrito establece que, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere ese ordenamiento. Lo anterior en virtud de que, con la cesación de los efectos del se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El artículo anterior prevé que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior, se aprecia que la causa de improcedencia invocada aparece en este juicio en atención a lo siguiente: En el escrito de demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable: Yaredy Montes Rivera, Jueza de Primera Instancia Especializada de Control de Distrito Único en el estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. Acto reclamado: La omisión de celebrar y desahogar la audiencia intermedia a que se refiere el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, la autoridad responsable, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el dos de marzo de dos mil veintidós, la jueza responsable informó que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia intermedia relativo a la causa penal ********************, instruida en contra del quejoso y se dictó el auto de apertura a juicio oral. A fin de acreditar lo anterior, mediante oficio ingresado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este juzgado, remitió copia certificada del disco de audio y video de la audiencia intermedia mencionada. En ese contexto, se afirma la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con la emisión del auto; por tanto, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Por lo anterior, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto transcrito establece que, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere ese ordenamiento. Lo anterior en virtud de que, con la cesación de los efectos del se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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