René Gerardo Garza Santana y Otros.
Expediente 37/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- René Gerardo Garza Santana y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión provisional. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado D**, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 37/2019-III, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este juzgado, ******* en su carácter de defensor particular de *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, Chihuahua, y otras autoridades, a quienes les reclamó: IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable en su doble aspecto ORDENADORA Y EJECUTORA, les reclamo QUE ILEGALMENTE NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 ESTO CONSISTENTE EN EL TRASLADO DE MI REPRESENTADO AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA ORDENADO EN DICHA FECHA . SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se lleva a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se le atribuye, toda vez que informó a este juzgado que no se había materializado el traslado de *******, del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato¨, con sede en Ocampo, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, autorizado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, para efecto de cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Ahora, cabe precisar como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales, mediante auto de doce de los actuales, se tuvo al defensor particular del quejoso *******, manifestando que el siete de febrero de este año, su representado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad, lo que resultó eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/211, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 939, tomo XIV, de octubre de 2001, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes. TERCERO. Incidente queda sin materia. Conforme a lo informado por el defensor particular del quejoso *******; al manifestar que el siete de febrero de este año, su representado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad; en esa medida dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la negativa de trasladarlo, a dicho centro federal, es evidente que al ser trasladado, no hay materia sobre la cual suspender en definitiva. Esa determinación también rige para las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Secretario de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, porque con independencia de que rindan o no su informe, se arribaría a la misma conclusión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo en vigor, se: RESUELVE Único. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del defensor particular del quejoso *******; en atención a su contenido se le tiene informando a este juzgado que el siete de febrero de este año su representado ya fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de amparo. Ahora, del contenido del escrito de cuenta, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, como a continuación se pone de relieve. En efecto, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, *******, en su carácter de defensor particular de *******, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Distrito, con residencia en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y Secretario de Gobernación, ambos con residencia en la Ciudad de México, a quienes les reclamó: IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable en su doble aspecto ORDENADORA Y EJECUTORA, les reclamo QUE ILEGALMENTE NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 ESTO CONSISTENTE EN EL TRASLADO DE MI REPRESENTADO AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA ORDENADO EN DICHA FECHA . Asimismo, por acuerdo de veinticuatro de enero de este año, se admitió a trámite la demanda, se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 37/2018-III; se solicitó a las autoridades responsables los informes justificados. Al rendir su informe justificado, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, indicó que era cierto el acto reclamado, toda vez que no se había materializado el traslado de *******, del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato¨, con sede en Ocampo, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, autorizado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, para efecto de cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, asimismo, informó que para dar cumplimiento a la determinación tomada por la Jueza de Control en la audiencia referida, se emitieron algunas determinaciones. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que anexa a su informe justificado; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Ahora, del escrito de cuenta, signado por el defensor particular del quejoso *******; se advierte que dicho promovente manifiesta que el siete de febrero de este año, su representado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad, lo que resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el directamente agraviado, *******, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad; por ende, el acto reclamado cesó en sus efectos. En esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues si el derecho jurídicamente tutelado en el presente asunto era que la autoridad responsable no había dado cumplimiento a lo ordenado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en el traslado del aquí quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, por lo que al ser trasladado, se colige que el quejoso fue restituido en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, no ha lugar a acordar de conformidad lo relativo a que se le notifique la presente determinación mediante correo electrónico *******. No obstante lo anterior, toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se ordena practicar la notificación del presente acuerdo vía electrónica. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chihuahua; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe. lh
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