Rene Espinosa Mendoza

Expediente 1315/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1315/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Rene Espinosa Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; al tomar en consideración que la parte quejosa no recurrió el proveído de catorce de octubre del año en curso (foja 16), dentro del término concedido por los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en el que se tuvo por no presentada la demanda en este expediente de amparo, se declara que aquél ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y el cómputo que antecede, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de treinta de septiembre del presente año (fojas 5 a 12); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Por otra parte, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Visto el estado de autos y el cómputo que antecede, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de treinta de septiembre del presente año (fojas 5 a 12); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Por otra parte, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito suscrito por la quejosa ****, mediante el cual solicita a este juzgado federal se de vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, el contenido de las constancias que integran la causa penal ****, así como los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, por considerar se llevaron a cabo actos constitutivos de diversos delitos. Asimismo, respecto a las documentales que remite, se ordena la apertura de dos tomos de pruebas, que obrarán por cuerda separada en razón de su volumen, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta cuando así lo requieran. Dado que el punto jurídico a resolver está relacionado con el tópico de los delitos especiales previstos en el Capítulo III, del Título Quinto, de la Ley de Amparo, y la obligación de los juzgadores de amparo ante su posible comisión; entonces, como cuestión previa a su análisis, conviene hacer referencia a la forma en que se encuentran tipificados tales delitos y describir las demás disposiciones que se encuentran relacionadas con ese aspecto. Así tenemos que, en el aludido Capítulo III, del Título Quinto de la Ley de Amparo, se encuentran comprendidos los numerales 261 a 271, de los cuales se lee el artículo 262, cuyo tenor es el siguiente: "Arti´culo 262. Se impondrá´ pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Ahora bien, respecto a lo que es materia del presente proveído, relacionado con la obligación del juzgador de amparo de dar a conocer al Ministerio Público hechos que impliquen la posible comisión de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 262, de la Ley de Amparo, es importante precisar lo manifestado por la quejosa en el escrito que se provee, en el sentido que las autoridades responsables 1) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2) Director Jurídico de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y 3) Comandante Regional Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, al rendir sus respectivos informes con justificación (fojas 11, 13, 14 y 16), respecto de los actos reclamados en el presente juicio consistentes en orden de aprehensión, detención, localización y presentación lo hicieron en sentido negativo; y, posteriormente, una vez concluido el juicio, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, agentes de la policía especializada de la Comandancia General Zona Centro, dependientes de la Fiscalía General del Estado, ejecutaron una orden de aprehensión girada en su contra por el Juez citado en el numeral 1, el uno de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 230/2018 de su índice (fojas 28 y 29 de la copia certificada de la causa penal de origen). Se invoca por las razones que expone, la tesis consultable en la página 2242 del XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NO ESTÁN OBLIGADAS A RENDIRLO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La Ley de Amparo no establece que el informe con justificación que deben rendir las autoridades responsables deba formularse bajo protesta de decir verdad pues, en lo conducente, el artículo 149 del ordenamiento en mención, sólo las obliga a exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, además de que tampoco se advierte que la intención del legislador hubiese sido que ese requisito formal se manifieste de manera expresa en el informe con justificación, como sí lo plasmó en los artículos 116, fracción IV y 151 de la ley de la materia en los cuales dispone, respectivamente, la obligación del quejoso de manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedente del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, así como de los peritos de hacerlo respecto de la falta de impedimento legal para aceptar el cargo conferido, sin que lo anterior implique impunidad para las autoridades responsables, pues sus afirmaciones pueden ser controvertidas con base en la igualdad procesal entre las partes, ya que en el supuesto de que se demuestre que las argumentaciones del informe justificado afirmen una falsedad o nieguen la verdad, la autoridad responsable incurrirá en responsabilidad, toda vez que dada su investidura y la naturaleza propia de su función se encuentra obligada, sin el requisito formal de la protesta de decir verdad, a conducirse con veracidad ante la autoridad que conoce del juicio de garantías, pues de no hacerlo, queda sujeta a las sanciones que señala el Código Penal Federal, en relación con el artículo 204 de la Ley de Amparo." La Ley de Amparo faculta ampliamente a los órganos jurisdiccionales de amparo para efecto de hacer del conocimiento del Ministerio Público la noticia criminis, esto es, la posible comisión de un delito durante la tramitación de un juicio de amparo, la suspensión, el cumplimiento del fallo ejecutor o de la declaratoria general de inconstitucionalidad, por conductas cometidas por las partes, por los órganos jurisdiccionales auxiliares de la Justicia Federal, por los propios juzgadores constitucionales o por cualquier otra autoridad o particular que tenga injerencia en el debido acatamiento de la multiplicidad de resoluciones que sean emitidas en dicho juicio. En esa línea, es importante destacar que conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales , quien en ejercicio de funciones públicas -como es el caso de los juzgadores de amparo- tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Mientras que, por su parte, el Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia, conforme lo establece el artículo 221 del código en mención . De lo que se puede concluir que, por una parte, la Ley de Amparo faculta a los órganos jurisdiccionales de amparo para hacer del conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos que podrían ser constitutivos de delitos, entre ellos, los especiales que regula el artículo 262 de la Ley de Amparo y, por otra, el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece como una obligación ineludible de las autoridades, en ejercicio de sus funciones públicas, denunciar y hacer del conocimiento de la representación social sobre la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. Así como la corresponsabilidad del Ministerio Público y de la policía de proceder a la inmediata investigación de esos delitos, sin exigir mayores requisitos. Ante lo que se colige que los juzgadores de amparo, no sólo están en aptitud si no que se encuentran obligados a hacer del conocimiento del ministerio público, en cuanto se percaten de hechos presumiblemente comisivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 262 de la Ley de Amparo, cualquiera que sea el trámite, la incidencia o el estado procesal del mismo, a fin de que la representación social, de manera inmediata, proceda a la realización de la investigación respectiva. No representa obstáculo a lo antes precisado, el hecho de que por la sola circunstancia de que el ministerio público, al ser parte en los juicios de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso e), y fracción IV , ambas de la Ley de Amparo, y tenga conocimiento de lo que acontezca en los mismos, resulte innecesario hacer de su conocimiento hechos que probablemente impliquen la comisión de algún delito; pues lo relevante es que también es obligación de los juzgadores de amparo -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- el dar noticia de esos hechos a la representación social, cuando se tome conocimiento de ellos. En ese sentido, es importante destacar que el Ministerio Público, como parte en el juicio de amparo, no tiene de suyo el carácter de prosecutor de los delitos, pues su principal función es velar por el orden constitucional ; sin que con ello se deba considerar soslayado el principio de indivisibilidad que rige esa institución. En efecto, como fue precisado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 411/2014 , el Ministerio Público cuenta con diversas atribuciones que le confieren el numeral 21 constitucional, que establece que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde a dicha representación social. En tanto que, el precepto 102, apartado A, de la Carta Magna dispone que el Ministerio Público Federal tendrá la encomienda de la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, lo que comprende solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad, para que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. Y que, en alcance de tales facultades constitucionales, la fracción XV del artículo 107 de la Ley Fundamental, dotó al Ministerio Público Federal con el carácter de parte en todos los juicios de amparo; sin embargo, dejó a su potestad la decisión de intervenir en éstos, teniendo como referente el interés público. En apoyo a lo anterior, se estima oportuno citar la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Tomo I, Libro 45, Agosto de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Además, de las constancias remitidas por la parte quejosa se advierte que el uno de octubre de dos mil dieciocho, la Fiscal de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Tuxtla Gutiérrez, solicitó al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, librara orden de aprehensión en contra de *****, por el hecho de fraude específico (fojas 1 a 16 de la causa penal de origen). La cual en la misma data (uno de octubre de dos mil dieciocho), el juez de control ordenó su registro bajo la causa *****, y libró la orden solicitada (fojas 19, 21 a 26 de la causa penal en comento). ****, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, promovió el juicio de amparo en que se actúa, señalando como autoridades responsables, las siguientes: 1) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas; 2) Director Jurídico de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; y 3) Comandante Regional Zona Centro de la Fiscalía General del Estado. Quienes rindieron su informe con justificación negando la totalidad de los actos reclamados (orden de aprehensión, detención, localización y presentación), como se desprende de las comunicaciones oficiales que obran a fojas 11, 13, 14 y 16 de autos. El Juez señalado como responsable, sustentó su informe con la certificación de *******, signada por la Jefa de Control y Seguimiento de Causa, así como por la Responsable de la Búsqueda, en el cuadernillo de amparo 142/2018, del índice de ese juzgado, pues como lo manifestó el Juez responsable, la base de datos existente en ese juzgado es única; esto es, que la información de la actividad jurisdiccional se concentra en un archivo común y genérico a cargo de la Jefatura de Control y Seguimiento de Causas, como lo dispone el artículo 151, Ter, fracción V, incisos a), b) y c) del Código de Organización del Poder Judicial del Estado (foja 12 de autos). En consecuencia y, en atención a los informes justificados rendidos por las responsables, éste juzgador el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, sobreseyó el presente juicio por inexistencia de los actos reclamados; causando ejecutoria el once de diciembre siguiente, ordenando el archivo del expediente como asunto concluido (fojas 27 a 30, 36 y 37). Cabe mencionar, que de las constancias antes detalladas solo se advierte el informe del juez y la certificación realizada por personal de su adscripción, pero no se advierte que las otras autoridades tuvieran conocimiento de la orden librada. Por tanto, sin prejuzgar se da vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el contenido del escrito de la quejosa, así como de las copias certificadas de la causa penal y juicio de amparo *****, exhibidas por la parte quejosa, a efecto de que actúe conforme a sus facultades.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano