Rene Eloy Mendoza Franco
Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rene Eloy Mendoza Franco
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de diez de marzo del presente año, en el conflicto competencial 5/2023, en el cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, o al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, con las precisiones indicadas, para conocer de la demanda de amparo promovida por René Eloy Mendoza Franco y la persona moral denominada "Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato", Asociación Civil, en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables indicados en el resultando primero de esta resolución." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído..
- Principal
Visto el oficio suscrito proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. De manera respetuosa, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el juzgado de distrito oficiante, por lo que se insiste en declinar la competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, para que continúe en el conocimiento del presente juicio de amparo, por las consideraciones expuestas en auto de uno de febrero de dos mil veintitrés. Aunado a ello, este juzgado disiente respetuosamente de lo sostenido por el homólogo oficiante, pues parte de la premisa de que la modificación del proyecto de la presa "********************" conlleva una afectación de abastecimiento de agua a León, Guanajuato y concluye, por tanto, que el acto reclamado tiene ejecución material en todo el Estado de Guanajuato. Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Decimosexto Circuito Judicial correspondiente al Estado de Guanajuato, tiene doce juzgados de distrito, dos con residencia en la ciudad del mismo nombre, cinco con sede en León, tres con residencia en Celaya y dos con sede en Irapuato. Por tanto, aun en el supuesto que refiere el juzgado oficiante relativo a que el acto reclamado se materializaría en León, Guanajuato, de acuerdo con lo citado en el párrafo que antecede, es un lugar en donde este órgano no ejerce jurisdicción. Luego, la demanda no se presentó en un sitio donde deba tener, trate de ejecutarse o se esté ejecutando el acto reclamado. En cambio, las notas periodísticas citadas por la propia autoridad oficiante indican que la modificación del proyecto de la presa "********************" tendrá ejecución material en la jurisdicción de Zapopan, Jalisco, pues ahí se encuentra dicha presa. De ahí que se insista en la competencia del Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno. En razón de lo anterior, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, a efecto de que se sirva dirimir la cuestión competencial suscitada. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación Civil denominada Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 90/2023-I. De la lectura integral de la demanda y anexos, se obtiene que el quejoso reclama: a) La determinación de modificar el proyecto de la presa "********************" y, en vía de consecuencia, la afectación del abastecimiento de agua a la ciudad de León, Guanajuato. b) La omisión de impedir la afectación a mantos acuíferos y garantizar el suministro de agua a los pobladores de León, Guanajuato, a virtud de la modificación de aquel proyecto. c) La falta de contestación del escrito de siete de noviembre de dos mil veintidós, presentado ante la Administración de Documentos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, relacionado con la temática de la modificación de la presa "********************". La fijación del acto identificado como (c) obedece a que el justiciable hace manifestaciones como las siguientes: ... Dicho lo anterior, este juzgado considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del asunto, porque aun cuando pudiera considerarse que los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) carecen de ejecución y, por sí solos, activarían la competencia del juzgado que previno en el conocimiento de la demanda, el quejoso también combate actos ejecutables, que es el previamente identificado como a). Por lo cual, el criterio de competencia territorial propio de los actos omisivos deben ceder frente al que rige al otro que es ejecutable -competencia territorial correspondiente al juez residente en el sitio de ejecución-. Como se verá más delante, la permisión para elegir al juez de amparo a fin de reclamar un acto de autoridad omisivo, busca conseguir una mayor realización del derecho humano de acceso al recurso judicial efectivo, pues propicia que el quejoso acuda con el tribunal ante el cual le resulte más fácil presentar su demanda y entender la continuación del resto del trámite del proceso. Sin embargo, cuando en una pluralidad de actos reclamados, también convergen algunos que sí son ejecutables, ese criterio deja de ser el aplicable, pues con él ya no se propicia la accesibilidad al recurso judicial, sino que, por el contrario, se obstaculiza, dada la divergencia entre la circunscripción territorial donde el tribunal que previno ejerce jurisdicción y aquel donde se materialicen los actos ejecutables. Situación que puede disminuir la eficacia de la función jurisdiccional, pues ésta, en buena medida, depende de la cercanía entre el juez constitucional y el sitio de ejecución, dadas las facilidades que ello supone para dotar de eficacia a la instrucción del proceso de amparo [principalmente en la preparación de medios de prueba y su práctica] y al procedimiento encaminado a ejecutar la sentencia protectora. Lo expuesto significa que el principio dispositivo que autoriza la elección del juez de amparo -sin importar su residencia- para reclamar un acto carente de ejecución, encuentra un límite cuando, además de una conducta de esa naturaleza, se combaten otras que son ejecutables, pues, en tal caso, la competencia territorial se torna de observancia taxativa y se rige por las directrices que establece el artículo 37 de la ley de la materia, las cuales, más que la conveniencia procesal del justiciable a partir de su situación específica, busca la optimización del desarrollo del proceso de amparo en función de la naturaleza del acto reclamado que sea susceptible de ejecución. Con base en lo expuesto, para no dividir la continencia de la causa, el juez que debe conocer de los actos de autoridad que se rigen por el criterio competencial preponderante -sitio de materialización de los actos ejecutables-, también debe conocer de los que carezcan de ejecución, aun cuando estos últimos, vistos aisladamente, hubieran sido reclamables ante cualquier juez de distrito, sin importar el lugar de su residencia. Por tanto, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, dicha jurisprudencia se contrapone con lo que la propia legislación vigente establece y, en esa medida, no es aplicable. En cambio, sí es aplicable al caso la tesis XVIII/92 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, a pesar de que interpreta el mismo precepto que aborda la Primera Sala de la propia Corte e, incluso, es de una fecha muy anterior, su sentido sí es acorde con la Ley de Amparo vigente. Idénticos argumentos fueron sostenidos en el juicio de amparo indirecto ******************** de este índice y en el conflicto competencial ******************** de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. Con base en lo expuesto, el juez que debe conocer del asunto es aquel con competencia en Zapopan, Jalisco, por ser el lugar donde el acto de autoridad identificado como (a) debe tener ejecución. Además, como el criterio de competencia territorial propio de esos actos debe prevalecer sobre el que rige a los diversos que carecen de ejecución, a fin de no dividir la continencia de la causa, el juez federal de aquella ciudad también debe conocer del amparo promovido contra los actos omisivos identificados como (b y c), por estar íntimamente relacionados con aquel. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, y declina la competencia para conocer del asunto al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, residente en Zapopan, quien ejerce jurisdicción en esa ciudad, de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. En términos de lo anterior, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el expediente y copias de la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, residente en Zapopan; al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, solicitando comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. Fórmese cuaderno de antecedentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y hágase el presente proveído del conocimiento de las partes. Téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en calle ********************, en esta ciudad. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su demanda, por no contar con cédula profesional de licenciado en derecho inscrita en el sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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