René Domínguez Badillo

Expediente 749/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
749/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • René Domínguez Badillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva, es susceptible de destrucción. Por tanto, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdense el original y duplicado del incidente de suspensión, por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyanse dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal, por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias Finalmente, del estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, remitió copia auténtica de la carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, de su índice; por tanto, devuélvase a la autoridad de referencia las constancias de mérito, las cuales obran en un tomo por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Se autoriza devolución de documentos Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso René Domínguez Badillo, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, como lo solicita devuélvanse los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda, previa razón de su recibo se agregue en autos; teniéndose por autorizados para recibirlos a las personas que señala para tal efecto. A fin de llevar a cabo la práctica de la referida diligencia y dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición del quejoso, los datos de contacto de los funcionarios judiciales que podrán intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo los siguientes: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo del quejoso el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, a las trece horas con cuatro minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 749/2020-IV, promovido por René Domínguez Badillo, por su propio derecho; enseguida, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado Tlaxcala, la declaró abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la secretaria Olga Viviana López González; sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de garantías y anexos (fojas 1 a 39) Auto en el que se previno la demanda de amparo de once de diciembre de dos mil veinte (fojas 41 a 45), auto admisorio de veintidós de diciembre de dos mil veinte y en el que se ordena la separación de juicio, por lo que el presente juicio de amparo, versa sobre los actos reclamados al Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, Región Sur, de Zacatelco, Tlaxcala, consistentes en ".la completa integración de la Carpeta de Investigación número C.I.U.I.ZAC/108/2017, en todo su contenido." La legal vinculación del agente del Ministerio Público de la Federación (fojas 69 a 74). El informe con justificación que rindió la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Por otro lado, la Secretaria, CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, la Secretaria da cuenta con los siguientes medios de convicción: Las documentales públicas que ofreció el quejoso tanto en su escrito inicial de demanda, como en su escrito aclaratorio. La documental pública que ofreció la autoridad responsable, como justificación de sus actos, consistente en copia auténtica de la carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, de su índice. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales, ofrecidas por el quejoso, como la autoridad responsable, dada su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria da cuenta con los formulados únicamente por el quejoso René Domínguez Badillo, mediante escrito presentado ante este juzgado el dieciséis de febrero del presente año (fojas 79 a 81). En consecuencia, el Juez acuerda: téngase por relacionados los alegatos formulados por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al no haber más alegatos se cierra el presente periodo. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 749/2020-IV, promovido por René Domínguez Badillo, por su propio derecho y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veinte (fojas 1 a 39), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, René Domínguez Badillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Control y de Juicio Oral en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades, que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14, 16 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mismo que mediante auto de once de diciembre de dos mil veinte (fojas 41 a 45), la radicó registrándola con el número de amparo 749/2020-IV, y se previno a la parte quejosa, para que manifestara bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "1) Manifestar cuál es el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades que señaló como responsables. 2) El estado procesal que guarda cada uno de los expedientes que indicó en su escrito inicial de demanda; esto es, de la causa judicial 201/2019, del índice del Juzgado Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito al Departamento de Investigación del Delito Región Sur de Zacatelco, Tlaxcala; y del expediente 480/2019, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatelco, Tlaxcala, a la fecha de presentación de la demanda de amparo. 3) Además, deberá señalar la fecha en que tuvo conocimiento o le fueron notificados los actos que reclama de cada una de las autoridades responsables; pues es un requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda." Así, mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa, dando cumplimiento al requerimiento de prevención que se le formuló; por ende, previo a la admisión del juicio de amparo, se ordenó la separación de juicios, lo anterior dado que tanto del escrito inicial de demanda, como del escrito aclaratorio, se desprendía la existencia de las siguientes autoridades responsables y actos reclamados: 1. Del Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer: "se reclaman todas las actuaciones del juzgado y/o juez tercero en turno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de la Causa Judicial número 201/2019 desde la primera audiencia celebrada en fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, en donde se me vinculó a proceso por el delito de despojo, pasando en el audiencia en fecha seis de marzo del año dos mil veinte, en donde se desecha mi petición de sobreseimiento por el delito de despojo." 2.- Del Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, Región Sur, de Zacatelco, Tlaxcala: ".la completa integración de la Carpeta de Investigación numero C.I.U.I.ZAC/108/2017, en todo su contenido." 3.- Del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala: "todo lo actuado dentro del expediente 480/2019, ya que con las constancias que obran en autos del expediente citado en este párrafo, puedo denotar que el Juzgado radicó una controversia en Juicio Plenario de Posesión, sobre un bien inmueble perteneciente al ejido, el cual se hizo constar a partir de mi contestación de demanda de fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve, en donde expuse que dicho bien inmueble pertenece en primer lugar al Ejido de Zacatelco, además de que yo soy dueño de mi bien comunal ejidal denominado "ACOMULCO".". En consecuencia, aun cuando tales actos guardaban relación entre sí, -por tratarse, según el dicho del quejoso, lo relativo a la propiedad del bien comunal ejidal denominado "Acomulco"-, resultaban ser diferentes, pues correspondían a diferentes tiempos, con tramitación diversa, y reclamados a distintas autoridades; por tanto, con consecuencias evidentemente distintas, motivo por el que se determinó que dichos actos debían analizarse mediante resoluciones que se emitieran por separado por encontrarse desvinculados entre sí; por ende, se ordenó la separación de juicios. Por tanto, se determinó que el presente juicio de amparo versaría únicamente por el acto reclamado consistente en: ".la completa integración de la Carpeta de Investigación numero C.I.U.I.ZAC/108/2017, en todo su contenido."; y como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, Región Sur, de Zacatelco, Tlaxcala. Hecho lo anterior, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO I COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto en reclamo tiene ejecución en el lugar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. II FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La integración de la Carpeta de Investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. III EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado (foja 75), toda vez que refirió que dicha representación social, conforme al artículo 21 Constitucional, le corresponde la investigación y persecución de los delitos del orden común, conocer y dar seguimiento a las carpetas de investigación que se hayan iniciado, practicar las diligencias que considere necesarias, para que con plenitud de jurisdicción y autonomía, emita sus determinaciones. Luego, tales actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Afirmación que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en copia auténtica de la carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, de su índice; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA No se estudiará el fondo del asunto porque se actualiza una causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto este Juzgado de Distrito advierte que respecto de la integración de la carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a consideración de este juzgador, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 21 de la Constitución Federal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley...". "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." En efecto, es improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado en cita, toda vez que esa actuación -integración de una indagatoria-, no irroga ningún perjuicio al quejoso, en razón que las autoridades ministeriales cumplen con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables; máxime que dicho perjuicio se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar, en su caso, una orden de aprehensión, o bien, se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, al quejoso, al de la sociedad. En otras palabras, el acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en la integración de la carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no implica un perjuicio, porque aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación, lo que significa que, al menos en este momento, no existe afectación alguna contra el demandante del amparo, habida cuenta que la transgresión a los derechos de éste quedará condicionada, en su caso, a la determinación de la autoridad judicial cuando valore los datos de prueba que se expongan ante él derivados de la carpeta de investigación y determine lo que considere procedente y que como consecuencia de ello alguna autoridad judicial dicte auto de vinculación a proceso, o en su caso, libre algún mandato de captura contra del quejoso. De ahí que, en esta fase procedimental de la carpeta de investigación los actos reclamados deben considerarse como un acto para su integración, lo que revela la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Penal, visible en la página 351, bajo rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De igual manera es aplicable la tesis VI.3o.8 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Penal, página 264, que a la letra dice: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." En tales condiciones, al encontrase demostrada la causal de improcedencia precisada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, se estima actualizada la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 5 de la propia ley establece lo siguiente: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." (.)". Se afirma lo anterior, en virtud de que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de quien el quejoso reclama en esencia, la completa integración de la carpeta de investigación numero C.I.U.I.ZAC/108/2017, en todo su contenido, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues su intervención dentro de una carpeta de investigación ya judicializada, es como parte y no como autoridad. Circunstancia que se advierte de las copias auténticas que remitió el citado representante social, del que se aprecia que la carpeta de investigación aludida, se encuentra judicializada; pues como lo manifestó la autoridad responsable la causa judicial a la fecha en que rindió su respectivo informe, se encuentra notificada para audiencia intermedia. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Al respecto, resulta pertinente señalar lo que establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala quiénes son los sujetos del procedimiento penal, indicando además cuáles de dichos sujetos tendrán la calidad de parte, entre los que figura el Ministerio Público. Dicho numeral dispone: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: La víctima u ofendido; El Asesor jurídico; El imputado; El Defensor; El Ministerio Público; La Policía; El Órgano jurisdiccional, y La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Por tal razón, si una vez judicializada la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público se vuelve sujeto procesal, es claro que cualquier acto que realice dentro del procedimiento acusatorio, lo hace con esa calidad; por ende, dichos actos carecen de la unilateralidad y coercitividad que debe caracterizar a un acto de autoridad, pues es indudable que quien tiene ese carácter es el juez rector del proceso, no así las partes procesales. Es decir, aun cuando durante la integración de la investigación inicial o desformalizada, el Ministerio Público puede tener el carácter de autoridad para los efectos del amparo, lo cierto es que una vez que dicha investigación se judicialice pierde ese carácter, quedando sujeto a lo que el juez rector decida o determine. Ahora, no obstante que aun dentro de la etapa de investigación judicializada o complementaria el Ministerio Público pueda llevar acabo la realización de diversos actos, lo cierto es que éstos los realiza sin la unilateralidad y obligatoriedad que exige la Ley de Amparo, para ser considerado autoridad, pues queda sujeto al control del juez rector del proceso. De ahí, que se estime que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Pues como se señaló, al haberse judicializado la carpeta de investigación C.I.U.I.ZAC/108/2017, ante el Juez de Control, es claro que el actuar del citado ministerio público, ahora está sujeto a la decisión del Juez de control; y por tanto dejó de tener el carácter de autoridad y actualmente se encuentra en un plano de igualdad con el promovente. Apoya lo anterior, la tesis I.8o.P.23 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, visible en la página 5285; de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 749/2020-IV, promovido por René Domínguez Badillo, respecto del acto precisado en el considerando II, por los motivos indicados en el diverso IV, de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Quejoso formula alegatos Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso René Domínguez Badillo, en el que realiza diversas manifestaciones en torno al informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Unidad Zacatelco, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; por ende, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula a manera de alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno.

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