Rene Cruz Hernandez

Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
949/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Rene Cruz Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo 949/2022-1; para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por Rene Cruz Hernández, contra actos del Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 949/2022-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- DESECHAMIENTO. A fin de acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito de cuenta a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: Tomo VII, Mayo de 1998 "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, en esencia, consisten en: la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y su ejecución. Sin perjuicio de que no se tenga como acto reclamado la resolución diecinueve de julio de dos mil veintiuno dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, toda vez, que quedo substituida por la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, aunado a que solo señala como autoridad responsable a dicha Sala y los notificadores adscritos a ésta. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo, dado que se promueve de forma extemporánea, por los motivos que a continuación se exponen. Por ello, es necesario precisar lo que al efecto disponen los numerales citados: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, el término genérico para presentar la demanda, con sus excepciones, y la forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 transcrito. Los actos consentidos tácitamente son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El término genérico para presentar la demanda es de quince días, salvo sus excepciones que en el caso no se actualizan porque el quejoso no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del primer numeral invocado, pues no reclama una ley general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); no está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; no existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; por tanto, debió promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. La forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 citado, se realiza de las siguientes formas: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla oportunamente promovida, todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma referida, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que el inconforme se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifieste que conoció del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Ahora, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer punto, consistente en que el término para promover el juicio de amparo se debe de computar a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso fue notificado del contenido de la resolución que se reclame. Entonces, el plazo de quince días que tenía Rene Cruz Hernández, para interponer juicio de amparo, comenzó a partir del día siguiente a aquél en que le notificaron la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que se confirma la sentencia interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil veintiuno dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, esto es el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, toda vez que dicha notificación se realizó el veinte de mayo del presente año, tal y como lo manifestó el quejoso. De ahí que su manifestación es considerada como prueba plena, en su perjuicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." Entonces, conforme a lo expuesto, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintidós. Sin que pase desapercibido para este juzgador que René Cruz Hernández, el diez de junio de dos mil veintidós, presentó ante la autoridad responsable Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior del Justicia del Estado de Hidalgo, escrito en el que promovió juicio de garantías en la vía indirecta dirigido al Juez de Distrito en turno con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el mismo día; sin embargo, la demanda de amparo de mérito fue depositada en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el catorce de junio de dos mil veintidós, tal y como se advierte del sello de recepción. Ahora bien, el hecho de haber presentado su ocurso de demanda ante la autoridad responsable dentro del término que debió hacerlo ante los juzgados de Distrito, éste no interrumpe el término de quince días que a la fecha ha fenecido, máxime que se encuentra dirigido a un Juez de Distrito, motivo por el cual resulta indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida. Al caso se invoca la jurisprudencia 757, visible a foja 511, tomo VI, Parte TCC, apéndice de 1995, octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TERMINO PARA SU INTERPOSICION. Si del escrito de demanda de amparo se viene al conocimiento que la quejosa siempre tuvo la convicción de promover un juicio de amparo indirecto, en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque la propia quejosa aludió a que su demanda satisfacía los requisitos del artículo 116 de dicha Ley reglamentaria, que se refiere a los requisitos que toda demanda de amparo bi-instancial debe reunir para ser eficaz, señalando como acto reclamado una sentencia interlocutoria, la cual no es de los actos que puedan reclamarse en amparo directo, por no ser una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio; debe concluirse, que la recepción de la demanda por la autoridad responsable, en la especie, no produce efecto legal alguno en relación con el término para la interposición del juicio de garantías indirecto, porque la intención de la peticionaria fue la de promover el juicio de amparo indirecto previsto en el título correspondiente a su tramitación en la ley de la materia, y no pretender seguir el procedimiento relativo al juicio de amparo directo, en el que sí se permite presentar la demanda relativa a través de la autoridad responsable, como lo prevé el numeral 163 del ordenamiento citado, único caso en el que esa autoridad está facultada para recibir la demanda de amparo, con lo cual se interrumpe el término respectivo." Así como la diversa tesis Aislada VII.1o.C.2 K, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, visible a foja 1004, Tomo VII (Mayo 1998), Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO LEGAL CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se desprende que la demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que haya emitido el acto reclamado. En razón de ello, si del escrito de demanda correspondiente se advierte que el quejoso intenta la vía de amparo indirecto y no la de amparo directo, en los términos del artículo 114 de la ley de la materia, y tal escrito lo presenta ante la autoridad responsable, es de estimarse que la recepción de la demanda, aun dentro del plazo que señala el artículo 21 de la propia ley, no produce ningún efecto, en relación con la oportunidad de su presentación, por lo que si llegó al Juez de Distrito en forma extemporánea, así debe ser calificado." Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la todos de la ley reglamentaria de los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA presentada por René Cruz Hernández, por ser notoriamente improcedente. Al caso se invoca, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI (Junio de 1993), visible en la página 235, que la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Conviene precisar que los criterios citados en esta determinación fueron emitidos durante la vigencia la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables por no oponerse con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, a Mario Manuel Vera Trejo, al acreditar contar con el registro de cédula correspondiente en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos restringidos a las demás personas, por no encontrar cédula registrada a su nombre, sin que sea obstáculo que lo hagan posteriormente. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado César David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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