René Covarrubias Martínez

Expediente 1274/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1274/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • René Covarrubias Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con fecha de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: " a) Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, aún no ha emitido la resolución interlocutoria del incidente de previo y especial pronunciamiento de competencia celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen, lo haga de manera inmediata. " APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 505/2023-II, promovido por Fruits-g********************, por conducto de su apoderado, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito ingresado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el Sistema Electrónico de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Rubén Rodríguez Prado, en cuanto apoderado de Fruits-g********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; en los términos siguientes: "III.- ACTO RECLAMADO: Resolución de fecha 27 de Marzo de 2023, dictado dentro del expediente número 1389/2018, en relación al recurso de revocación interpuesto por mi representada, el cual de manera ilegal determina que dicha revocación es improcedente.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de veintisiete de abril del año en curso, este Juzgado Federal radicó y admitió a trámite la demanda bajo el progresivo 505/2023, requirió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo, por auto de diecinueve de mayo del actual, se reconoció el carácter de terceros interesados en este juicio a Jaime Rodolfo, Rocío Adriana y Elizabeth, todos de apellidos López Márquez, así como a Irrigación de Occidente, sociedad anónima de capital variable, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y realizó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el treinta de octubre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto declarativo emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden civil que reside dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la precisión del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia de remate de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se mandó notificar a copropietarios para su debida celebración, dentro del procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil número 1389/2018, sobre acción cambiaria directa, promovido por Sun Belle México, sociedad anónima de capital variable, ahora G********************, en contra de Jaime Rodolfo López Márquez. En la materia del aludido medio de impugnación se determinó improcedente la revocación; substancialmente porque, contra las aseveraciones del inconforme, de acuerdo al certificado de gravámenes exhibido, el bien afecto sí se encuentra en copropiedad, de modo que los condueños deben ser llamados para que ejerzan su derecho del tanto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable en su informe relativo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos del juicio ejecutivo mercantil número 1389/2018 del índice del juzgado responsable, en donde particularmente se observa la interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido emitidas por autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se destacan las siguientes actuaciones que obran en el natural de origen: 1. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, Víctor Adrián Bautista Alejandre, en cuanto endosatario en procuración de Sun Belle México, sociedad anónima de capital variable, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos y otras prestaciones, en contra de Jaime Rodolfo López Márquez. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que mediante auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, lo admitió bajo el expediente número 1389/2018, por lo que con efectos de mandamiento en forma, ordenó al actuario adscrito se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera del pronto y efectivo pago de las cantidades reclamadas. 3. Previo citatorio, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo lugar aquella encomienda, en la que, previo cercioramiento, el fedatario judicial fue atendido por el propio Jaime Rodolfo López Márquez, quien se identificó con documento oficial y reconoció el adeudo, pero señaló no poder pagar la cantidad solicitada ni designar bienes para embargo. Luego, el ministro ejecutor concedió el uso de la voz al asociado, quien, señaló para embargo: "1) Parte proporcional o parte alícuota de la propiedad con domicilio en calle Doctor Miguel Silva esquina con Guerrero número exterior 170 ciento setenta de la localidad de Tangancícuaro del municipio y Distrito de Zamora, Michoacán, el cual se registra bajo el número 89 ochenta y nueve del tomo 760 setecientos sesenta de fecha trece de agosto de 1990 mil novecientos noventa el cual se encuentra registrado a favor del demandado y otras prestaciones, lo cual acredito con el certificado de propiedad que exhibo en este momento.". Acto seguido, el Actuario declaró real y formalmente embargada la parte alícuota precisada y emplazó al demandado, corriéndole traslado con la copia de la demanda y sus anexos, firmando para constancia. A dicha actuación se adjuntó el certificado de propiedad aludido expedido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se asienta que el bien afecto se encuentra registrado con el número 89, tomo 760, de trece de agosto de mil novecientos noventa, a favor de Jaime Rodolfo [demandado], Rocío Adriana y Elizabeth, todos de apellidos López Márquez. 5. Seguido el juicio por todas sus etapas, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia que declaró procedente la acción ejercida, por lo que condenó al demandado a realizar el pago de las cantidades reclamadas y, en su caso, hacer trance y remate del bien embargado en autos. 6. El tres de junio de dos mil diecinueve, se ordenó requerir personalmente al reo para que cumpliera voluntariamente el fallo. 7. Ante la omisión de lo anterior, el doce de agosto de dos mil diecinueve, se mandaron poner los autos en estado de ejecución, para el avalúo y remate del bien afecto. Además, toda vez que del certificado de gravámenes previamente exhibido por la actora, se desprende la existencia de un diverso acreedor, se mandó notificar a éste para que pudiera intervenir en el procedimiento de ejecución. 8. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el juzgado tomó conocimiento del cambio de denominación de la moral actora, de modo que reconoció personería a los apoderados de la actual Fruits-g********************. 9. Por auto de seis de enero de dos mil veintidós, se tuvo exhibido el avalúo propuesto por la parte actora, al cual anexó diverso certificado de gravamen, conforme al cual se advierte la existencia de los copropietarios Rocío Adriana y Elizabeth, ambas de apellidos López Márquez, por lo que mandó requerir a la actora para que proporcionara sus domicilios en los que pudieran ser notificadas. 10. El catorce de enero de dos mil veintidós, se tuvo solventado dicho requerimiento y se ordenó notificar a las citadas en el domicilio proporcionado. 11. Previa ratificación, mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado de la parte actora desistido en su perjuicio del embargo realizado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. No obstante, como lo solicitó el promovente, se ordenó requerir de pago al demandado sobre la condena líquida de la sentencia y la fijada interlocutorialmente. 12. Dicha encomienda se verificó el cinco de septiembre de dos mil veintidós, sin que se cubrieran las cantidades solicitadas, por lo que se procedió al embargo del bien señalado por la parte actora: "la totalidad restante de la casa número 170 ciento setenta, de la calle Doctor Miguel Silva Sur, esquina con calle Guerrero número 32 treinta y dos, de la población de Tangancícuaro, Michoacán, propiedad que se acredita mediante la escritura privada 28,769 de fecha cinco de julio de 1990, otorgada ante la fe del Licenciado Fidel Martínez Acevedo, Notario Público 18 en el Estado, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el registro 89, mediante la cual en su cláusula tercer párrafo tercero, se desprende la fracción alícuota adjudicada en favor de Jaime Rodolfo López Márquez, misma que ya obra dentro de los autos del presente juicio 'fojas 156 a 160'.". 13. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo exhibido el avalúo propuesto por la actora, relacionado con el bien afecto precisado, al cual adjuntó nuevamente un certificado de gravámenes. Así, ante a existencia de un diverso acreedor, se mandó notificar a éste para que pudiera comparecer a deducir sus derechos. 14. Toda vez que ningunas de las partes se inconformó con el avalúo, por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se anunció la audiencia de remate en primera almoneda respecto del bien afecto. 15. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se asentó la imposibilidad de llevarse a cabo la citada diligencia, toralmente porque, de la revisión de las constancias se advierte la existencia de diversos copropietarios que no fueron debidamente notificados para intervenir en el procedimiento de ejecución. 16. Inconforme, el apoderado de la actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de ser improcedente. El juez civil justificó esa decisión en lo infundado de los agravios esgrimidos, toda vez que la audiencia de remate no puede celebrarse si no se ha citado a los condueños del bien afecto. Explicó que si bien en la cláusula tercera del instrumento público número 28,796 de cinco de julio de mil novecientos noventa, se aprecia que el donatario dispuso del bien raíz a favor de los entonces menores de edad respecto de una parte alícuota; cierto es también que la copropiedad subsistió porque se establece como condición: "en caso posterior y para cuando se partan y dividan este inmueble.". Lo cual no se encuentra acreditado en autos. Por el contrario, destacó, del [último] certificado de gravamen se advierte que la propiedad sigue registrándose a favor de tres personas, por tanto, la parte recurrente no ha demostrado que existe acuerdo de voluntades sobre el fin de la indivisión, lo que es imperativo para conocer si tal circunstancia ha cesado. En tales condiciones, el juez reiteró su consideración de llamar a los condueños a deducir sus derechos en el procedimiento de ejecución. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que ninguna de las partes invocó alguna causal de inejercitabilidad ni de oficio se advierte su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En su único concepto de violación la parte quejosa argumenta que el juez responsable realiza una indebida interpretación de la cláusula tercera de la escritura que consigna la parte alícuota del derecho de propiedad sobre el bien afecto. Arguye que en ninguna parte de la escritura se menciona que si no se parten o dividen el inmueble, quedaría sin efectos el contrato de donación que les transmitió la propiedad y la división ya realizada en la citada cláusula tercera. Insiste en que a cada uno de los adquirentes se les asignó una fracción determinada, según la voluntad del donador, dejando de ser copropietarios, pues, en su opinión, en ese momento se realizó la división de la cosa común. Tales planteamientos son infundados. De la interpretación de los artículos 55, 116, 209, 213, 214, 217 y 221 del Código Civil de Michoacán, se infiere que: - La copropiedad es el derecho de propiedad que compete a varias personas sobre una misma cosa, que pertenece a los condueños en una parte proporcional, ideal y abstracta; además, supone un estado de indivisión, en el que cada uno ejerce su derecho de goce respecto de toda la cosa. - Los copropietarios participan en su administración, disfrute y cargas en forma proporcional, usando y disponiendo libremente de su parte alícuota, a condición de respetar su destinación, sin perjudicar el derecho de los otros propietarios. - Si uno de los condueños asume la administración de los bienes, los restantes están legalmente facultados para exigir se les rindan cuentas de los frutos civiles (o de cualquier otra índole) que aquéllos produzcan, respecto de la porción que les corresponde. Consecuentemente, si uno o alguno de los propietarios asume la administración de los bienes, tiene la obligación de informar de los frutos civiles, en caso de que éstos se generen, al resto; pues a favor de éstos se surte el derecho a ser informados de los mismos, en la porción o proporción que le corresponde a cada uno y, en su caso, a recibir las ganancias; esto es, la carga de rendir cuentas emerge precisamente de la existencia de la copropiedad. Ello, porque -como lo establece la legislación adjetiva civil- los beneficios y cargas deben ser proporcionales a las respectivas porciones de la parte alícuota que le corresponda a cada propietario, resultando por tanto inadmisible que la otra parte alícuota pueda considerarse cosa común para que pueda disponerse de ella en favor de un solo condueño. En el caso, se tiene presente que el bien afecto que pretende embargarse fue adquirido mediante contrato de donación de cinco de julio de mil novecientos noventa, celebrado entre Rodolfo López Fernández, como donante, y los entonces menores Jaime Rodolfo, Rocío Adriana y Elizabeth, todos de apellidos López Márquez. Dicho acto jurídico quedó plasmado en la escritura pública número 28,796 pasada ante la fe del Notario Público número 18 en el Estado, la que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los últimos citados, en el número 89 del tomo 760 del Libro de Propiedad del Distrito de Zamora, Michoacán. Concretamente, en la cláusula tercera se estipuló lo siguiente: "TERCERA. LOS DONATARIOS EN CASO POSTERIOR Y PARA CUANDO SE PARTAN Y DIVIDAN ESTE INMUEBLE, ACUERDAN PARA EL CASO DESDE AHORA QUE A LA MENOR ROCÍO ADRIANA LÓPEZ MÁRQUEZ, LE CORRESPONDA EN EXCLUSIVA UNA FRACCIÓN QUE MIDA Y LINDA: [.] SU EXTENSIÓN SUPERFICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS TREINTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. A LA MENOR ELIZABETH LÓPEZ MÁRQUEZ, SE LE ADJUDICARÁ EN EXCLUSIVA PROPIEDAD UNA FRACCIÓN QUE MIDA Y LINDA: [.]. SU EXTENSIÓN SUPERFICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CINCUENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. AL MENOR JAIME RODOLFO LÓPEZ MÁRQUEZ, SE LE ADJUDICARÁ EN EXCLUSIVA PROPIEDAD LA TOTALIDAD RESTANTE QUE MIDA Y LINDA: [.] SU EXTENSIÓN SUPERFICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS TREINTA Y CUATRO DECÍMETROS.". De lo anterior se obtiene que los entonces menores de edad adquirieron, en su conjunto, el derecho de propiedad sobre el bien afecto, bajo las precisiones de la parte que correspondería a cada uno de ellos. Por ello, contra la apreciación del quejoso, se converge con el juez responsable en su apreciación de que el inmueble en realidad se encuentra en indivisión, debido a que la citada clausula habla del acontecimiento de la condición resolutora de la partición. Es decir, se adquirió la propiedad común sobre el bien raíz y los donatarios aceptaron, desde ese momento, una posterior asignación de partes determinadas. Sin embargo, esta última circunstancia no hace que cada uno de ellos haya adquirido ya en lo personal dicha fracción, pues, como lo señaló el juez responsable, se encuentra sujeta a que se actuzlice la condición de que se efectúe su partición. Así las cosas, aun cuando en la escritura pública no se especifique la calidad de copropietarios de los donatarios, se insiste, estos adquirieron en su conjunto con la condición de futura partición anunciada, lo que invariablemente lleva a considerar la existencia actual del estado de indivisión. Tanto es así que ante la autoridad registral el bien raíz se encuentra inscrito a favor de los aquí terceros interesados, sin hacer mención al delimitación de las fracciones especificadas en la escritura en comento. No estimarlo de esta manera sería como desconocer los efectos de aquella anotación en la que no se asienta la existencia de un derecho de propiedad determinado a favor de cada uno de los terceros interesados que adquirieron en su conjunto. Además, debe mencionarse que la interpretación de la citada cláusula tercera no se traduce en la invalidez del acto jurídico que transmitió la propiedad o los futuros efectos de la partición ya acordada; sin embargo, hasta esto último no ocurra debe considerarse que subsiste la copropiedad. Bajo esta tesitura, debe concluirse que los condueños deben ser llamados al procedimiento de ejecución para que estén en posibilidad de deducir su derecho del tanto que actualmente ostentan sobre el bien afecto. Finalmente, no se ignora que en un primer momento el bien raíz se embargó en su parte alícuota y que la actora desistió de dicho gravamen en su perjuicio, para inmediatamente volver a practicarse el embargo sobre el mismo inmueble, con la precisión de que se trata únicamente de la fracción adjudicada a favor del deudor. Sin embargo, tal precisión no da lugar a variar los términos en que se adquirió la propiedad, ni su propia inscripción, máxime que, como lo mencionó el juez responsable, en autos no se encuentra desvirtuado el estado de indivisión. De ahí lo infundado de los planteamientos relativos. Consecuentemente, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fruits-g********************, en contra del acto y la autoridad que quedó precisada, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó el reenvió del oficio 13943, dirigido al Titular del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, con sede en la ciudad; a fin de que la autoridad en cita, diera cumplimiento al requerimiento formulado en autos, por lo que a la fecha se está a la espera de su cumplimiento. Por otra parte, de autos se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre del presente año, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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