Rene Castillo Torres
Expediente 1273/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Castillo Torres
Actuaciones
- Principal
Oficio 38150/2022 emitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Acusa recibo del juicio de amparo 1273/2022 de este juzgado, e informa que mediante proveído de ocho de diciembre del año en curso, emitido en el juicio de amparo 2040/2022, de su índice, se avocó al conocimiento de la demanda promovida por el quejoso En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurrido el plazo de tres años a partir del dictado del presente acuerdo- al no haberse aceptado la competencia para conocer del asunto y carecer de relevancia documental.
- Principal
Oficio 35803/2022 remitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1273/2022. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Ahora, del acuerdo de veintidós de noviembre pasado, se advierte que la autoridad oficiante declinó competencia por razón de materia para seguir conociendo del asunto, al considerar que los actos reclamados están relacionados con actos de naturaleza penal. Previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, debe estudiarse la competencia, toda vez que es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el juez de Distrito, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese entendido, de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: DELEGADA (O) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA. SUBDIRECTOR DE LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN PUEBLA. JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS. ACTO RECLAMADO "SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: De la autoridad marcada con el número 1, le reclamo la orden de alojamiento con calidad de víctimas, que mantiene a los quejosos privados de su libertad personal en las instalaciones de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla. De la autoridad marcada con el número 2, le reclamo, la orden de privación de la libertad personal que sufren los quejosos, con la denominación de alojamiento y/o aseguramiento y/o detención en la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla. SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: De la autoridad ejecutora señalada con el número 3, le reclamo, la incomunicación que ejecuta sobre la persona de los quejosos a partir de su fecha de detención y/o alojamiento. De la autoridad ejecutora señalada con el número 3 le reclamo las violaciones al debido proceso en la sustanciación del procedimiento administrativo migratorio, por medio del cual, se determinó el alojo, detención y/o retención de los quejosos como privación administrativa de la libertad. De la autoridad ejecutora señalada con el número 4 le reclamo la violación al derecho humano a solicitar refugio, ante la falta de asistencia institucional para facilitar mecanismos a los quejosos para que puedan acceder a su derecho a ser reconocidos como refugiados en este país..." Este órgano jurisdiccional considera que la competencia para conocer y resolver el asunto se surte a favor del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, de conformidad con los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013, relativo a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante diverso acuerdo plenario 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, inherente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, en razón de que el acto aquí combatido atañe a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, como a continuación se evidenciara. De la revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que los actos aquí reclamados se relacionan con un procedimiento administrativo tramitado ante el Instituto Nacional de Migración, relativo al alojamiento temporal de los quejosos hasta que se resuelva su situación. Actos que se estiman ajenos a la competencia de este juzgador en términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que si bien la detención reclamada afectó la libertad personal los directos quejosos y fue realizada por agentes federales de la Fiscalía General de la República; lo cierto es que los aquí inconformes fueron trasladados a la Estación Provisional Migratoria del Estado de Puebla, sin que estén puestos a disposición de una autoridad de carácter penal. No se desconoce la existencia de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL70003210/2022, sin embargo los directos quejosos no son investigados en ella, sino que fue iniciada contra la persona que conducía el vehículo en que eran transportados, y por el contrario, la responsable informó que tienen el carácter de víctimas, por lo que se advierte que la detención de los ahora quejosos no fue por la probable comisión de algún hecho señalado como delito, sino que están a la espera de que se resuelva su situación migratoria, por lo que los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo, cuyo conocimiento corresponde a un juez en dicha materia. Pues los actos reclamados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, son de naturaleza jurídica administrativa al restringir la libertad deambulatoria de la persona extranjera en territorio mexicano, que constituyen una serie de medidas que persiguen una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual consiste en el control, regulación del ingreso y permanencia de las personas migrantes dentro del territorio nacional. De tal manera que los actos que se destacaron en líneas precedentes no constituyen actos restrictivos de libertad personal de naturaleza penal, al no ser una sanción de carácter punitivo, por lo que de acuerdo con el artículos 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima que corresponde conocer y resolver el asunto a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgador no acepta la competencia declinada para resolver el juicio de amparo promovido por Laura Janet Morales Polo, en favor de los directos quejosos xxxx; en consecuencia, formando cuaderno de antecedentes, con copia de la demanda, y actuaciones, devuélvase el original del juicio de amparo 2040/2022, al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica mediante los usuarios "-Jesus_Corona- y castelly840403". Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. Por otro lado, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E., para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a "los usuarios "Jesus_Corona- y castelly840403", para la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones. Respecto al correo electrónico y dígito telefónico que menciona en el libelo que se atiende, dígasele que servirán únicamente para entablar comunicación no procesal. Por otra parte, se tienen por autorizados en amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel de Jesús Corona Guerrero y Claudia Ibeth Espinoza Oropeza, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de los profesionistas que menciona en el libelo de la demanda. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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