Rene Carrillo Reyes
Expediente 1100/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2019
Partes del expediente
- Rene Carrillo Reyes
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. DEVUELVEN EXHORTO DILIGENCIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 284/2019, derivado del presente juicio de amparo, por el que se encomendó la notificación al quejoso René Carrillo Reyes, del proveído de veintisiete de agosto pasado (f. 16-20), dictado en el presente juicio de amparo; atento a lo anterior, téngase por notificado del acuerdo de referencia para los efectos legales a que haya lugar. ESTADO DE AUTOS. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintisiete de agosto pasado (f. 16-20), por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Ahora, del estado procesal de este asunto, se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. DOMICILIO PROCESAL. Finalmente, del estado procesal de autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México; por tanto, practíquenseles las presentes notificaciones y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por René Carrillo Reyes, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Lerma, Estado de México y otras; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1100/2019-V. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es la resolución interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 1606/2018, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Lerma, Estado de México, por medio de la cual confirmó el auto de diez de julio del año en curso, en el que se declaró por desierta la prueba pericial en materia de mecánica automotriz e inspección vehicular (Dentro de juicio). Ahora bien de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 1606/2018, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Lerma, Estado de México, por medio de la cual confirmó el auto de diez de julio del año en curso, en el que se declaró por desierta la prueba pericial en materia de mecánica automotriz e inspección vehicular, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, esto es aún y cuando se desahogue dicha pericial, la sentencia que se emita puede ser favorable al quejoso. Además, dichas violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues en caso de que la sentencia no le sea favorable, podrá hacer valer tal situación como una violación procesal en amparo directo en términos del artículo 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.". Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por René Carrillo Reyes, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Lerma, Estado de México y otras, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Domicilio. Dado que el ocursante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Cerrada Capulín, número dos, colonia Manzanastitla, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05270, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano; en consecuencia, con arreglo en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la normatividad de la materia, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con apoyo en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; remítase exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda la notificación del presente proveído al quejoso por sí o a través de sus autorizados en el domicilio referido. Asimismo, en términos del numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en la misma diligencia, lo requiera por el plazo de tres días previsto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que señale domicilio donde oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad de Toluca, Estado de México. Con el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional, en conformidad con lo establecido en el ordinal 27, fracción II, de la Ley de la Materia. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se solicita al juzgado exhortado la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación de este proveído. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Autorizados. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas designadas por el quejoso, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones por así señalarlo de manera expresa. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Rene Alberto Quiroz Tadeo709/2014
- Rene Bernal Rosales1645/2022
- Rene Bernal Rosales860/2016
- Rene Bernal Rosales485/2019
- Rene Bernal Rosales1276/2018
- Rene Bernal Rosales1744/2018
- Rene Cristian Hernandez Jimenez y Otros.669/2017
- Rene Cutberto Santin Quiroz1359/2016
- Rene Cutberto Santin Quiroz1592/2016
- Rene Eduardo Gonzalez Sánchez586/2017
- Rene Eduardo Gónzalez Sánchez6/2019
- Rene Flores Martinez1508/2018