Rene Candelrio Román Salazar

Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
112/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Rene Candelrio Román Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por René Candelario Román Salazar, por propio derecho, quien promueve contra actos del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 112/2022 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto los preceptos legales en comento prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Es ilustrativa la tesis LXXI/2002, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de dos mil dos, página cuatrocientos cuarenta y ocho, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Así, del análisis del libelo constitucional de cuenta, este Juzgado de Distrito estima que por lo que toca a los actos relativos a la designación de Jose Luis Navarro Jaimes, como encargado de la Dirección del Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri", por parte del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer término, se estima oportuno invocar el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]" El precepto citado establece una causa de improcedencia específica para los casos donde se reclaman resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones locales correspondientes confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Ahora, al resolver el amparo en revisión 471/2006, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País estableció: "[...] para que se surta la causa de improcedencia es preciso que, de alguna manera, la Constitución le confiera al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores o a la de Diputados (con inclusión de sus respectivas comisiones permanentes) 'la facultad de resolver soberana o discrecionalmente'. [.] Sin embargo, para que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo se actualice, opuestamente a lo afirmado por los recurrentes en sus agravios, aquel dispositivo no exige que los actos emitidos, entre otros órganos, por la Cámara de Senadores, en uso de facultades conferidas por la Constitución Federal, la Norma Constitucional relativa deba establecer, de manera expresa y 'sacramental', que la facultad que otorga al órgano legislativo sea de naturaleza 'soberana' o 'discrecional'. De ahí que deba analizarse la facultad correspondiente, en cada caso, con el propósito de concluir si, en atención a sus características propias, se le puede atribuir la calidad de 'soberana' o de 'discrecional', pues tales características dependen de que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla de esa manera y no de que la Norma Constitucional haga mención explícita de alguno de dichos adjetivos [...]" (Énfasis añadido). Ejecutoria de la cual derivó la tesis 2a. LXXXIX/2006, misma que no se contrapone al texto vigente de la Ley de Amparo y se cita de forma ilustrativa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, página 230, registro 173819, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo". En el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia en cuestión, respecto de la designación del Encargado de la Dirección del Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri". En esas condiciones, como la elección y designación del Encargado de la Dirección del Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri", es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, el que aquí juzga advierte que con respecto al acto reclamado relativo a la omisión de pagarle sus salarios correspondientes a la segunda quincena de enero de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. En principio, debe indicarse que los artículos 61, fracción XXIII y 62 de la Ley de Amparo, establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el diverso 1º, del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El ordinal 5°, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo expuesto, se advierte entre otras cosas, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos; además, que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y por último, que el estudio de las causas de improcedencia es oficioso. Por tanto, es necesario precisar el concepto de "autoridad responsable", para efectos del juicio de amparo. Conforme a lo dispuesto por el numeral 5, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, para efectos del juicio de amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades; de manera que, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b). Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c). Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d). Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así las cosas, debe tenerse como concepto de "autoridad responsable", para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Entonces, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto impugnado tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia de los actos que se le reclamen, esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Ahora, de la lectura de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama, el acto consistente en: ". d) Se reclama la omisión de dar la orden por parte del Presidente de la Junta de Coordinación Política, de realizar el pago del salario del suscrito correspondiente a la Segunda Quincena de enero del presente año. e) Se reclama la ejecución por parte del encargado de la unidad de transparencia y anticorrupción del congreso del estado, de la omisión de dar la orden por parte del Presidente de la Junta de Coordinación Política de realizar el pago del salario del suscrito correspondiente a la Segunda Quincena de enero del presente año." Sentado lo anterior, se estima que el acto reclamado deriva de una relación laboral que existe entre el quejoso y quien designa como responsable, porque esencialmente el aquí quejoso trata de defender en esta instancia constitucional el derecho del trabajo dado que su acto reclamado deriva de la retención de salarios. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa en lo que interesa adujo lo siguiente: ". 4. El quejoso continuó laborando de manera normal, y para mi sorpresa me encontré con el hecho de que al finalizar la quincena, ya no se me había hecho el depósito de mi salario como de manera normal se había venido realizando, por lo que llame al Encargado de la unidad de transparencia y anticorrupción del congreso del estado, a quien pregunté acerca de la omisión que habían hecho respecto de mi pago, quien me contestó que el solo había obedecido órdenes del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero; y que por ello mi pagó no había salido." De lo antes expuesto, está demostrado que el acto que señala como reclamado el aquí quejoso, sólo pueden suscitarse entre un patrón o patrones y un trabajador, de lo que se sigue que las autoridades responsables se encuentran actuando con ese carácter de patronal ante el peticionario. Luego, resulta inconcuso que subyace un vínculo empleado-patrón, y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; motivo por el que al emanar los actos reclamados a unas dependencias oficiales actuando como patrón, resulta inconcuso que la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes, lo cual no puede ser objeto de examen constitucional, pues ello no es propio del juicio de amparo, dado que, como se dijo, es una relación trabajador-patrón que debe dirimirse en una vía distinta a la constitucional. Entonces, por todo lo antes expuesto se advierte que el acto impugnado a las dependencias responsables, no pueden ser objeto de estudio en el amparo, en virtud de que el juicio de amparo tiene, entre otros propósitos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, que violen derechos humanos y garantías de los gobernados, sin que pueda considerarse acto de autoridad el señalado por el amparista. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir a trámite el juicio de amparo en que se actúa, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde este momento, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Motivo por el cual, se actualiza las causales de improcedencia contempladas en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción VII, XXIII y 5, fracción II , y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto y téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Celis Juárez, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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