René Arturo Rivera Guzmán

Expediente 496/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
496/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
21/10/2016

Partes del expediente

  • René Arturo Rivera Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso **, mediante el cual, solicita la devolución de la documentales que adjuntó a su escrito de demanda; por tanto, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional pone a disposición de la parte quejosa las constancias referidas, a fin de que acuda personalmente o bien por conducto de sus autorizados, con el objeto de que se haga la devolución de los mismos. Notifiquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgador Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En el presente caso, el quejoso señala como acto reclamado, procedimiento de escrituración que se está llevando a cabo ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Ahora bien, la parte quejosa aduce que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como mencionan en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al considerar violado los artículos 8°, 14 y 16 constitucionales. Debe desecharse la demanda, bajo el marco legal de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En principio, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México, a través del cual, remite copia certificada del acuerdo de cinco de abril del presente año del que se advierte que comisionó al actuario de su adscripción a efecto de que realice el emplazamiento solicitado por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En consecuencia, y toda vez que, la autoridad responsable vinculada acredita estar en vías de cumplimiento, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, otórguese un plazo de diez días, a efecto de que cumpla con el fallo protector. Lo anterior, a efecto de que este Juzgador, se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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