René Arturo Piedrabuena Villasana

Expediente 546/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
546/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • René Arturo Piedrabuena Villasana

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.- Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte que recibió el diverso por el que este órgano jurisdiccional le remitió los autos originales del juicio de amparo 546/2019-III-B; asimismo, comunica que mediante acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que trascurran seis meses, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 6, 14, 16 y 20, de la Constitución, se provee: RADICACIÓN... fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 546/2019-III-B. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.:." Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece:... De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU..." En este sentido, se destaca que en el caso el acto reclamado por la parte quejosa es el consiste en: 1. El oficio ***, de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el cual la autoridad responsable se negó a proporcionar la información solicitada sobre la existencia de alerta migratoria a nombre del quejoso. Atribuidos a autoridades administrativas. En ese contexto, se advierte que respecto del citado acto reclamado por ***, no se ubica en alguna de las hipótesis que se aluden en párrafos que anteceden, ya que no se trata de resoluciones judiciales del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107, Constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Por tanto, respecto del citado acto reclamado que no actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes trascrito, dan competencia a este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal para conocer de la demanda. En tales condiciones, este juzgado carece de competencia legal para conocer del acto reclamado que nos ocupa, ya que se trata de un acto eminentemente administrativo, atribuido a autoridades de carácter administrativa. En ese sentido, el oficio que reclama no afecta la libertad personal, no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda presentada en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada con número de registro 2018047, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época, aplicada a contrario sensu, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IMPUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE ESTUDIARLA EN SU TOTALIDAD.", que el juzgador está obligado a estudiar la acción constitucional que le es planteada, de manera integral, toda vez que dividir la continencia de la causa es tanto como contravenir los principios básicos que estructuran el proceso y, por ende, la Ley de Amparo misma. Bajo ese contexto, si el acto reclamado afecta la libertad personal en materia migratoria -emisión y ejecución de una orden de deportación- que es del conocimiento de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conjuntamente, se impugna la constitucionalidad de disposiciones de naturaleza administrativa, como pueden ser la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como su reglamento y diversos actos en los que se aplicaron, por ejemplo, la resolución emitida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración que niega al quejoso la condición de refugiado o el incumplimiento de las autoridades migratorias de notificar de oficio a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados a éstos, no es posible escindir el estudio de los actos que correspondan a la materia penal, toda vez que, atento a la naturaleza de la litis constitucional planteada, debe ponderarse en su integridad el libelo, pues de acuerdo con las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, constituye la base del juicio como una verdadera unidad, y si bien no existe disposición legal que imponga al Juez como obligación estudiar conjuntamente los diversos actos reclamados, así debe hacerlo, so pena de dividir la continencia de la causa en perjuicio del quejoso y de su seguridad jurídica, y contravenir los principios básicos de la acción constitucional. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal conocer del juicio promovido contra las disposiciones y actos señalados. Así como, en la tesis aislada con número de registro 205684, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la página 20 de abril de 1992, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA DE CANCELACION DE UNA FICHA SIGNALETICA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO A UNO EN MATERIA PENAL..." Bajo esta perspectiva, el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en cambio, sí actualiza el supuesto previsto en el artículo 52, fracción IV, de dicho ordenamiento, que establece:... Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo 546/2019-III-B, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, a fin de que por su conducto lo remita al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitando atentamente el acuse de estilo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de la demanda y la respectiva boleta de turno; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth, Enrique Moreno Escalona, Juan Carlos Zuarth Interiano, Luis Fernando Bravo Senderos, Jaime Israel Romero Rojas y Jehová Gilberto Mayen Paredes, en virtud que cuentan con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos de conformidad con lo dispuesto con el artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a las demás personas señaladas en el proemio del escrito de demanda, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS... se permite a la parte quejosa para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtenga la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA"...

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