René Antonio Sorcia Galván

Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
718/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • René Antonio Sorcia Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. En atención con su contenido; téngasele informando que recibió la ejecutoria dictada en el expediente 11/2023, la cual calificó fundado el impedimento planteado por este Juzgado en el juicio de amparo 718/2023, promovida por ********************, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Boca del Río, Veracruz y otras autoridades; asimismo, comunica que se avocó al conocimiento de la misma y se radicó en ese Juzgado con el número 819/2023; circunstancia de la cual se hace sabedor el que suscribe. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y ejecutoria remitidos por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele remitiendo testimonio de la resolución dictada en el impedimento ********************2023 de su índice, de la que se advierte que el mencionado tribunal declaró fundado el impedimento administrativo planteado por el que suscribe en el presente expediente, quedando en sus puntos resolutivos como sigue: "PRIMERO. Se declara fundado el motivo de impedimento planteado por Luis Rafael Bautista Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, para conocer del juicio de amparo indirecto número 718/2023, promovido por ********************, contra actos del Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz y otras autoridades. SEGUNDO. Con testimonio de esta resolución, remítanse los autos del indicado juicio de amparo indirecto ********************a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para que a su vez, los envíe a diverso Juzgado de Distrito, en turno, en la ciudad aludida.". En tal razón, acúsese el recibo respectivo, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el cual el que suscribe se declaró impedido para conocer de la demanda de amparo; por lo que se establece como fecha probable el veintitrés de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes; atento a su contenido, téngasele comunicando la admisión del impedimento planteado el veintisiete de julio del año en curso, en este asunto para conocer de la demanda de amparo promovida por René Antonio Sorcia Galván, al considerar que se actualizó la causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo; mismo que se radicó con el número ********************; en ese sentido, estese en espera de la resolución que se emita al respecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por ********************; fórmese expediente; regístrese en el Libro de Control con el juicio 718/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IMPEDIMENTO Ahora, es un hecho notorio que el directamente agraviado ********************, labora en este juzgado desempeñando el puesto de secretario de Juzgado de Distrito. En ese tenor, quien suscribe considera que por tal motivo debe excusarse del conocimiento de la referida demanda, por encontrarse impedido, en términos de lo dispuesto en el precepto 51, fracción VIII de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." Pues, como ya se dijo, el directamente agraviado ********************, labora en este órgano jurisdiccional como secretario de Juzgado, lo que evidencia la relación laboral que existe con dicho solicitante de protección de derechos fundamentales. Ciertamente, el vocablo "impedimento" alude a los factores personales de un juzgador que le obstaculizan o le estorban para el desempeño imparcial de la función jurisdicción en cierto caso concreto. En efecto, los impedimentos consisten en situaciones personales del juez o magistrado que la ley contempla como motivo para que se abstenga de administrar justicia en un caso determinado, por ende, una especie de inhabilidad subjetiva que tiene que ver con la persona en quien recae la obligación de decir el derecho -jurisdicción- luego, cualquier circunstancia que implique un menoscabo de la imparcialidad con que debe conducirse toda persona que encarna la autoridad de un órgano del Estado física y psicológicamente, por mínima que sea imponía la noble función encomendada, pues las decisiones pronunciadas por los funcionarios competentes debe guardar libre de toda revisión o discusión futura, luego su separación del caso es una garantía de su imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes tengan confianza en el juez. Por otro lado, resulta imperativo precisar que, aun cuando la competencia es una cualidad del órgano jurisdiccional para conocer y fallar de un juicio determinado, a su vez, el órgano jurisdiccional, carente de existencia física, requiere de una persona natural o de varias personas naturales, según sea unitario o colegiado, que lo representen. En el juicio de amparo, al igual que en todo proceso jurisdiccional, se requiere que el órgano tenga un titular, en el caso, de una persona que funja como Juez de Distrito. Ahora bien, las personas que fungen como titulares de los órganos judiciales, dada la naturaleza especialísima de la función que se les encomienda, deben estar revestidas de una aptitud personal para conocer y fallar de los juicios de amparo concretos, cuyo conocimiento se someta a jurisdicción y, tal aptitud, consiste precisamente en la imparcialidad que el titular debe guardar frente a las partes en la controversia, entendida tal imparcialidad como una situación de desvinculación personal del juzgador respecto de los intereses concretos en contradicción. Precisamente a fin de garantizar a los justiciables la imparcialidad de las resoluciones que para dirimir sus controversias se dicten, es que la Ley de Amparo, en el mencionado artículo 51, ha enunciado las causas que impiden a un juzgador conocer del trámite y resolución de un asunto determinado, de modo tal que cuando se actualice algún impedimento, en virtud de este surge al juzgado un deber concreto de abstención, un imperativo para que se inhiba del conocimiento del asunto concreto, ya que la configuración de cualquier impedimento priva al individuo que funge como juzgador, de la imparcialidad de que debe estar revestido para poder decir el derecho en el caso concreto que se sometió a su consideración, al ser una cuestión esencial, el que el juzgador mantenga una situación de independencia y de ecuanimidad objetiva frente a las partes, es decir, no se incline o pueda suponerse que se desvía, ya sea para favorecer o perjudicar alguna. Sentado lo anterior, debe decirse que el fundamento jurídico del impedimento radica en que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De la transcripción expuesta se destaca lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado cuatro obligaciones que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la forma de impartir justicia, que son, a saber: a) Justicia pronta; b) Justicia completa; c) Justicia imparcial; y, d) Justicia gratuita. Lo anterior lo ilustra la jurisprudencia 2a./J.16/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 530, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2021744, de rubro: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso.". Por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. La ley ha tratado de garantizar la imparcialidad del fallo mediante una serie de prescripciones tendentes a sustraer al Juez de la influencia de otros poderes o del medio en que deba actuar, pues la eficacia de la administración de justicia reposa, precisamente, en la confianza que los que la ejercen inspira a los litigantes. Pero puede ocurrir que, no obstante esas previsiones, el ejercicio de la función jurisdiccional se vea limitada por una incapacidad propia de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. La imparcialidad no sólo se ha elevado a rango constitucional, como se vio, sino también, en el caso del Poder Judicial de la Federación, se ha considerado como un principio rector de la carrera judicial, pues los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así lo disponen. Así también el capítulo segundo del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación define a la imparcialidad de la siguiente manera: "2. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador: 2.1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes. 2.2. Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros. 2.3. Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad. 2.4. Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función. 2.5. Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto." Desde este punto de vista, es dable establecer que el ejercicio de la función jurisdiccional está condicionado, como ya se dijo, de un lado, por la competencia legalmente establecida para el órgano respectivo; y por otro lado, por lo que hace al juzgador, individualmente considerado. Así las cosas, la finalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al estatuir en el artículo 126 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. Bajo ese orden de ideas, conforme a los razonamientos y numerales antes transcritos, considero que me encuentro legalmente impedido para conocer de la demanda de amparo presentada por ********************, en virtud que como Titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mantengo una relación laboral con él, ya que el ocursante es servidor público es secretario proyectista en este órgano jurisdiccional, y en diversas ocasiones ha sido designado por quien esto suscribe como Encargado del Despacho durante los lapsos en que este juzgador goza de los periodos vacacionales autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal, aunado a que también hemos convivido tanto dentro como fuera de este órgano jurisdiccional, dentro de un marco de respeto y cordialidad. Consecuentemente, con fundamento en los artículo 51, fracción VIII y 58, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien calificar y resolver sobre el impedimento legal de que se trata; en la inteligencia de que se deberán remitir copia certificada de los oficios CCJ/ST/3504/2022 y CCJ/ST/2786/2023, firmados por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial, como medios de prueba, para los efectos legales conducentes; asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, por así solicitarlo expresamente el promovente. Por otra parte, en relación al número telefónico y correo electrónico proporcionados, únicamente se le tienen como medios de contacto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente.

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