René Antonio Crespo Díaz

Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • René Antonio Crespo Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese...."

  2. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el ocurso de cuenta signado por el quejoso --------------------------, téngasele desahogando la prevención ordenada en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Consideración previa. Previo a proveer lo conducente, cabe precisar que de la lectura integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, se desprende que los actos reclamados el quejoso los hace consistir en: a) Omisión a ser citado y darle acceso en calidad de imputado al quejoso en las carpetas de ------------------------------------------------------------------. b) Inminente solicitud por parte de las autoridades responsables de solicitar al Juez de Control en turno las órdenes de comparecencia o aprehensión en contra del quejoso. De lo anterior, es menester puntualizar por una parte, que el escrito inicial así como los diversos en los que realizó la aclaración, no pueden desvincularse ni analizarse por separado, ya que ambos integran la demanda de amparo, y por otra parte, que al proveer sobre su admisión, el juez de distrito debe interpretar dicha solicitud de amparo en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal, incluyendo los anexos de la misma en virtud que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda. Análisis de la procedencia del juicio de amparo respecto del actos consistente en la omisión a ser citado y darle acceso en calidad de imputado al quejoso en las carpetas de investigación -------------------------------. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.... En el caso, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión a ser citado y darle acceso en calidad de imputado al quejoso en las carpetas de investigación ---------------------------------------. Por tanto, al no existir suplencia de la queja en torno a la precisión del acto reclamado por la parte quejosa, este órgano Asentado lo anterior, la causa de improcedencia del acto reclamado en estudio, se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, que señala que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que así lo establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es, lo establecido en el numeral 20, apartado B, fracción VI, Como se anunció, dicha restricción se encuentra prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Carta Magna, que establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa.". Del texto constitucional en cita, se advierte que es derecho fundamental que al imputado por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, la Carta Magna es específica en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Naturalmente, las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras que los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial. Empero, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en aludir a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, por las circunstancias particulares que del asunto se desprenden, únicamente se abordará el análisis del supuesto señalado en el número 2), pues de la demanda de amparo no se advierte que el directo quejoso se encuentre detenido, lo haya estado o que alguna carpeta de investigación integrada en su contra se encuentre judicializada. En ese sentido, el supuesto 2) hace mención a que el imputado tendrá acceso a los registros de la investigación, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, cuya redacción alude a una posición pasiva de aquél, en la medida que para que pueda tener acceso a tales registros, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo dichas diligencias -recibir declaración o entrevista-, mismas que por antonomasia, son las que -de estimarlas necesarias realiza el Ministerio Público durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, de lo anterior se sigue que por lo que hace en la etapa de investigación inicial, hay restricción de índole constitucional para que el imputado pueda tener acceso a la indagatoria y por ende, que sea citado para comparecer, hasta en tanto la representación social estime necesaria su presencia en la cual pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, con el fin de esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. En el tenor se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 216, que establece: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público". En otras palabras, en la etapa de investigación inicial el Ministerio Público tiene la potestad de darle o no acceso al imputado a los registros que obran en la carpeta de investigación -bajo los términos señalados-, y de ningún otro ordenamiento se prevé que el imputado tenga derecho a lo contrario, es decir, a que sea citado para comparecer a fin de que pueda tener acceso a los registros de investigación sin ninguna limitación o impedimento alguno. Sin que sea óbice a lo expuesto, que la única condición que tiene la autoridad con relación a lo anterior, es que una vez que al imputado se le dé el acceso condigno a los registros de la investigación, ya no se podrán tener bajo reserva los mismos, salvo excepciones que se hallan previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno del imputado, a fin de no afectar su derecho de defensa -hipótesis que no reúne el directo quejoso-. Esto guarda sentido, en virtud que tanto para el Constituyente Permanente como para el legislador ordinario la reserva de información es un principio que ciñe a las actuaciones relativas a la investigación del delito, la cual se resguarda al tenor de las premisas que se han argüido (respecto de los momentos en que el imputado puede tener acceso a los antecedentes de la indagatoria), tal como se advierte del artículo 218 de la legislación adjetiva invocada, que dice: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". De manera que, en el caso que el quejoso llegue a tener la calidad de imputado, tal restricción constitucional de ningún modo trunca su derecho al debido proceso y de adecuada defensa, pues si la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, el quejoso aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. En efecto, las prerrogativas que aluden los inconformes deben ser efectivas desde que se señalan a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, así como desde que se ha ordenado una investigación; sin embargo, en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio oral, debe recordarse que la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial, además que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo es el imputado y su defensor, tienen el derecho de acceder a todos los antecedentes que integran a la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y puedan hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente, tal y como lo señala el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 219.... De lo anterior se desprende que existe una restricción directa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado y más aún a quien no tenga reconocida esa calidad, durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee -como lo pretende el quejoso-, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación. Consecuentemente, toda vez que en el caso se reclama la omisión a ser citado y darle acceso en calidad de imputado al quejoso en las carpetas de investigación ---------------------------, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en contexto con la diversa VI, del apartado B, del numeral 20 de la Carta Magna, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto, se desecha la demanda de amparo por cuanto hace a dichos actos. Improcedencia del juicio de amparo respecto a la inminente solicitud por parte de las autoridades responsables de solicitar al Juez de Control en turno las órdenes de comparecencia o aprehensión en contra del quejoso. Ya ha quedado precisado que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito de Amparo en "Artículo 113.... Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. Al respecto, de igual manera en relación con el acto que nos ocupa, este órgano de control constitucional también advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Esto es, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, por lo que hace a: La inminente solicitud por parte de la autoridad responsable de solicitar al Juez de Control en turno las órdenes de -----------------------en contra del quejoso. Del precepto constitucional citado, se desprende que la función de la institución del Ministerio Público es precisamente averiguar los delitos y el artículo 21 constitucional dispone que éste se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los probables hechos que se consideran delictuosos, integrando en su caso la carpeta de investigación respectiva, de ahí que los actos de investigación tendentes a su integración no causan daño o perjuicio a la parte quejosa por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dichos actos de investigación es improcedente. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de recabar material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Ciertamente, el artículo 20, apartado B, constitucional, actualmente reformado, el procedimiento indagatorio se desarrolla dentro de un marco de garantías constitucionales, destacando entre ellas el "derecho de defensa" del inculpado. Se insiste que el precepto constitucional transcrito (artículo 21) con antelación hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase preparatoria a la acción penal; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en el deber que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal previa a la judicialización respectiva, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados". Por esos motivos, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, los actos tendientes a la integración, así como los actos relacionados con la carpeta de investigación no son susceptibles de control constitucional. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado. Ello, en razón a que no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. De ahí que los actos de investigación que se lleven a cabo dentro de la carpeta de investigación no puedan combatirse por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación, pues de conformidad con el artículo 21 constitucional, es facultad del Ministerio Público iniciar las carpetas que den como resultado hechos constitutivos de delitos. En razón de lo expuesto, y una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 21 de la Carta Magna, en términos del ordinal 113 de la legislación citada en primer término, SE DESECHA LA DEMANDA que nos ocupa respecto del acto que pretende combatir. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa...."

  3. Principal

    MESA "9" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAS Y/O AUTORIZADOS, EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO. ACUERDO:"Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense los ocursos de cuenta signados por el quejoso ---------------------------------------------, a través de los cuales pretende desahogar la prevención ordenada en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento en razón a que en el citado auto se requirió a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: 1. Precisara de manera concreta el acto o los actos que reclama. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahondara en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretenden combatir, es decir, deberá señalar de manera clara y cronológica los antecedentes de cada uno de los actos que pretende reclamar. Situación que en la especie no aconteció, ello, en razón de que el promovente, por cuanto hace al acto reclamado, indicó:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ahora bien, respecto a los antecedentes del acto reclamado el quejoso manifestó que: ".inicialmente tuve conocimiento de la existencia de diversas carpetas de investigación por la posible comisión de delitos en las que tengo la calidad de imputado a través de los medios de comunicación, pues el suscrito no he sido citado a comparecer ante el ministerio público por tales denuncias presentadas por el órgano interno de control.. Ante el hecho de que el suscrito solo conocí por los medios de comunicación la existencia de carpetas de investigación en las que se me da la calidad de imputado, pero no he sido citado por el ministerio público para conocer los hechos que se me atribuyen en dichas carpetas y por ende desconociendo el número de expediente de las carpetas de investigación, con fecha 11 de enero de 2021 el suscrito presenté un escrito ante la --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en el que solicité fuera formalmente citado para comparecer e imponerme en la o las carpetas de investigación en las que se me señalara como imputado a efecto que se me de acceso a dichas investigaciones, conocer los hechos que se me imputan y poder ejercer mi derecho de defensa pues solo había tenido conocimiento de su existencia por los medios de comunicación. DE ESTE ESCRITO A LA FECHA NO HE RECIBIDO NINGUNA RESPUESTA. .En las condiciones antes descritas, el día 17 de febrero de 2021 abogados del suscrito acudieron a las respectivas unidades de investigación ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de presentar escritos firmados por el quejoso en los cuales solicitaba ya en forma específica se me diera acceso a las carpetas de investigación números ---------------------------------------------------------------------, respectivamente, ello en calidad de imputado y conocer los hechos que se me imputan, ante lo cual los respetivos titulares de las unidades de investigación instruyeron a que no se recibiera escrito alguno, manifestando que no se me podría dar acceso a la carpeta de investigación y que en caso de que fuera necesario mi Comparecencia o entrevista iba a ser citado pero que no me podían dar acceso a la carpeta negándose a recibir escrito alguno." Aspectos que continúan causando incertidumbre respecto del acto o actos que de manera concreta desean combatir, pues en principio se aprecia que el quejoso pretende reclamar una omisión de dar contestación a su petición y posteriormente indica que no le recibieron ningún escrito. Conviene reiterar al quejoso que debe especificar si lo que reclama es a) Una omisión de la autoridad responsable a dar contestación a la petición de cinco de enero de dos mil veintiuno, o bien b) La negativa a recibirle escritos en los que le solicitaba se le diera acceso a las carpetas de referencia de fecha once de febrero de dos mil veintiuno. Al efecto, conviene señalar que para que exista claridad en el desahogo de la prevención formulada por este órgano de control constitucional, la parte quejosa debe ser puntual en cada acto que pretende incorporar a la litis, así como la autoridad que lo emitió y la fecha en que tuvo conocimiento de su existencia; destacando el número de expediente en el que se realizó tal pronunciamiento; lo que en el caso no acontece. En razón de lo anterior, se estima oportuno reiterar a las solicitantes de amparo que para efectos del juicio de amparo indirecto, por acto reclamado debe entenderse una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho Voluntario e Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. En el mismo contexto, acorde a la naturaleza de los actos reclamados, negativa u omisiva; por acto negativo debe entenderse aquel que tiene su origen en una solicitud del gobernado y que en virtud de ello, la autoridad no concede lo solicitado o rehúsa lo pedido; esto decir, de su contenido material, se desprende el rechazo de las pretensiones del promovente o el rehusamiento para acceder a lo que se le pide. Mientras que un acto omisivo es aquel que implica un estado de inacción por parte de las autoridades responsables, no obstante la obligación del deber. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Corolario con lo anterior, resulta oportuno hacer del conocimiento al promovente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ordinariamente la prerrogativa procesal de la suplencia de la queja puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el quejoso o, bien abordar el examen de aquéllas respecto de las cuales sólo señala que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación; esto es, no existe una ausencia de conceptos de violación o agravios, sino una deficiente argumentación jurídica. En ese orden, la institución procesal de trato, en tratándose del juicio de amparo, encuentra su fuente jurídica en el artículo 79 de la ley de la materia, cuya parte conducente, dispone: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado (.) En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. (.) En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo." Como se desprende del dispositivo trascrito, la suplencia de la queja en materia penal, obliga al juzgador a subsanar la deficiencia de los conceptos de violación, así como en las exposiciones, comparecencias, alegatos y los recursos interpuestos en la tramitación del juicio, siempre y cuando, obviamente, implique un beneficio para el inculpado. Esto es, la referida suplencia opera sólo respecto de cuestiones de fondo, dado que no tiene el alcance de enmendar cuestiones de procedencia del juicio de derechos fundamentales..... Luego, por cuanto a las manifestaciones que vierte como antecedentes no cumplen el requerimiento formulado en autos, pues como se ha reiterado, hasta el momento no ha sido especificado el acto que se pretende combatir en esta instancia, por lo que es evidente que existe ausencia de la manifestación de los hechos que originaron el acto del que se duele el quejoso, aunado a que los mismos no guardan relación con los actos y autoridades indicados en los capítulos correspondientes en el ocurso que se provee, así como en la demanda que dio origen al presente asunto. Precisiones que se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En consecuencia, no ha lugar a tener por desahogada la prevención decretada en acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En las relatadas condiciones, dígase al quejoso que subsiste el término y apercibimiento decretados en dicho auto, mismo que se interrumpió por única ocasión; determinación que se adopta en tanto las inconformes no pueden prolongar de forma indeterminada e indiscriminada los términos y plazos que fija la ley para tal efecto....; (énfasis propio).Notifíquese...."

  4. Principal

    MESA 9 En la Ciudad de México, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra los actos y las autoridades que en la misma precisa, regístrese con el número 149/2021-3 y genérese expediente electrónico e impreso. Prevención Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114 y 108, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto o los actos que reclama...2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretenden combatir, es decir, deberá señalar de manera clara y cronológica los antecedentes de casa uno de los actos que pretende reclamar...Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que, de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo...Notifíquese.

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