René Alfonso Rivero Munguía

Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 46 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2023
Año
2023
Actuaciones
46
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalneplanta, Con Residencia En Atizapán de Zaragoza, Estado de México
  • René Alfonso Rivero Munguía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y toda vez que de los mismos se advierte que aún no obra en autos el acuse de recibo del oficio 32056/2023 de treinta y uno de octubre del año en curso, dirigido al JUZGADO SEXTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIICAL DE TLALNEPLANTA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con el que se le comunicó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, requiérase al Jefe de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este acuerdo, envíe a este órgano de control constitucional el acuse de recibo del oficio 32056/2023 de treinta y uno de octubre del año en curso, dirigido al JUZGADO SEXTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIICAL DE TLALNEPLANTA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, al que le correspondió el número de pieza postal RI026140929MX. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 579/2023, promovido por ********************contra actos atribuidos al Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y, (...) TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de ********************dictado en el expediente ********************, relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, en el que decretó la guardia y custodia del menor de iniciales ********************, a favor de Mara Noemí Velásquez López. Certeza que se corrobora con las constancias del juicio natural que remitió la Juez responsable, las cuales conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues se trata de la reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. (...) OCTAVO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa, en sus conceptos de violación aduce que le causa perjuicio el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós ya que el Juez responsable otorgó la guarda y custodia provisional de su menor hijo a la tercera interesada Mara Noemí Velásquez López, sin que se le emplazara a juicio, lo que trae como consecuencia que no pudiera ofrecer los elementos necesarios para desvirtuar lo alegado por la actora -aquí tercera interesada- en el sentido de que el menor se encuentra bajo su cuidado en el estado de Yucatán, asimismo, refiere, que se dictaron dichas medidas sin haber escuchado al menor de iniciales ******************** Los conceptos de violación son fundados pero suplidos en la deficiencia en favor del menor. Antes de abordarse el estudio de los conceptos de violación, debe tomarse cuenta que en el caso concreto, se encuentran involucrados los derechos del menor ********************, por tanto, esta sentencia se dictará atendiendo al interés superior que le asiste, ya que constituye un principio que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a observar conforme al contenido del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, según la cual procede la suplencia de la queja a su favor. Ello, conforme a la tesis jurisprudencial de la Primera Sala del Alto Tribunal 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.". Ahora bien, en el caso se considera esencialmente fundado el concepto de violación que se analiza en suplencia de la deficiencia de la queja, dado que de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado violó en perjuicio del menor también quejoso el derecho a ser escuchado dentro del procedimiento de origen a efecto de expresar su opinión, lo cual es contrario a lo establecido en los artículos 4 de la Constitución Federal y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, dado que el procedimiento versa sobre los derechos de guarda y custodia, así como de sus alimentos. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones de derecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3994/2021, estableció criterio en el sentido de que el derecho de los menores de edad a ser escuchado en los procedimientos que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, debe ejercerse en forma directa ante el juzgador y no estimarse satisfecho de forma indirecta. Del mismo modo consideró, que al satisfacerse esa prerrogativa el juzgador debe atender los parámetros y lineamientos que en aras del respeto de su interés superior ha establecido la Suprema Corte en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, conforme al cual los menores de edad deben a) ser informados sobre su participación, b) externar su voluntad de hacerlo, c) encontrarse asistidos por un especialista en temas de infancia, un representante que no constituya un conflicto de intereses, e incluso por una persona de su confianza. Además, determinó que la opinión del menor debe expresarse en una diligencia desarrollada a manera de entrevista, en la que se utilice material de apoyo que facilite su expresión, tomando en cuenta la existencia de formas verbales y no verbales de comunicación; debiendo registrarse la entrevista por algún medio, a fin de que puedan acceder a ella los tribunales de apelación y de amparo, con el objeto de evitar la revictimización de los infantes. Lo anterior, sin perjuicio de que juzgador deba además ordenar el respeto a ese derecho de la forma indicada, se encuentra en aptitud de desahogar, de oficio, los medios de convicción que estime pertinentes a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan emitir una determinación que procure el menor riesgo para el menor de edad. En ese sentido, con el objeto de evidenciar la calificación de lo expresado por la parte quejosa como concepto de violación, se estima oportuno destacar en qué consiste el interés superior del niño y su trascendencia en los procedimientos seguidos ante una autoridad judicial. Ahora, el interés superior del niño se encuentra previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, el cual responsabiliza al Estado de velar por los derechos de la niñez. El interés superior de los menores tiene como propósito que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esa etapa de la vida humana, tienen que realizarse de tal manera que en primer término se busque el beneficio directo del niño o niña. Ese postulado conlleva supeditar los derechos de las personas adultas al de los infantes, buscando siempre el mayor beneficio posible para éstos, como un imperativo de la comunidad. En ese tenor, una de las medidas que debe adoptar el juez familiar con el objeto de garantizar el interés superior del niño, es escucharlo en todos los procedimientos en que sea parte, dado que la voluntad de los padres es insuficiente para determinar la situación que deben guardar sus hijos, toda vez que, por encima de sus intereses personales, debe prevalecer el objetivo primordial, que es tutelar el interés de los menores de edad. Por su parte, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantiza a todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, para lo cual se debe tener en consideración su edad y su madurez. En el ámbito interno se puede destacar que el legislador ordinario en el artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, prevé que cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, su otorgamiento se realizará atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por la integridad física y mental de los hijos, atendiendo las circunstancias específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y a salvaguardar el sano desarrollo de la niñez. En todo caso, deberá practicarse la pericial en psicología familiar a las parejas de los padres, con el fin de verificar las habilidades personales de cuidado de los mismos y la seguridad de la niña, niño o adolescentes de la guarda, custodia y aún de la convivencia Asimismo, en el artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México dispone, en lo que aquí interesa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho, asimismo, que el derecho a las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. De igual modo, en el diverso numeral 5.35 del citado ordenamiento legal, precisa que en los asuntos que intervengan niñas, niños o adolescentes, a petición de parte o de oficio, el Juez tomará las providencias necesarias para que sin formalidad alguna, participen, sean escuchados y tomados en cuenta y expresen de manera libre su opinión. Como se observa, los numerales expuestos consagran expresamente la máxima protección de los derechos de la niñez en todo momento cuando los jueces emitan sus determinaciones judiciales, por lo que siempre velarán por el interés superior de los menores. Así, resulta imperioso establecer que la opinión del menor es importante y al ser relevante para la decisión judicial, deberá estar relacionada con las demás probanzas aportadas en autos, de tal modo que el juez del procedimiento no decida considerando solamente lo manifestado, en este caso, por el solicitante de la medida precautoria relativa a la guarda y custodia provisional, sino que, la determinación judicial que se adopte estará sustentada tanto en lo manifestado por el infante como en los distintos medios de prueba existentes en autos del proceso, a efecto de emitir una resolución armónica. Lo anterior, arrojará como resultado la emisión de una resolución judicial apegada al principio de mayor beneficio para el menor, lo que en vía de consecuencia se traduce en el dictado de una resolución que vela preponderantemente por el interés superior que le asististe al infante, en la inteligencia de que la opinión recabada por la autoridad judicial debe estar apegada a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el cual, si bien, no es vinculante, constituye una herramienta. En efecto, en el presente caso el titular del órgano responsable, con el objetivo de proveer en relación a lo solicitado por Mara Noemí Velásquez López madre del menor de iniciales ********************, acorde a lo más benéfico al infante, debió tomar las medidas necesarias para escucharlo, lo cual resulta acorde a la jurisprudencia de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA.", sin que lo haya realizado así. Lo anterior resulta viable si tomamos en consideración que del acta de nacimiento que obra en el juicio de origen, se advierte que el referido menor de edad, a la fecha en que fue emitida la determinación reclamada, contaba con once años de edad; por lo que se considera indispensable que el juez responsable se entrevistara con él, con el objetivo de que su opinión sea tomada en cuenta al momento decidir sobre su guarda y custodia de manera provisional, por tanto, al no haberlo hecho así el Juez responsable, el auto reclamado resulta inconstitucional. Por regla general, en el asunto que nos ocupa, el efecto de la concesión del amparo consistiría en que el Juez responsable dejara sin efectos el auto reclamado y dictara uno diverso en el que repare la violación apuntada, sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte la tramitación de un diverso procedimiento que se ventila en el estado de Yucatán, en el cual, intervienen las mismas partes y versa sobre la guarda y custodia del menor ********************, quien se encuentra bajo los cuidados de su padre y también quejoso en este asunto. Ahora, en el controvertido tramitado ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se decretaron las siguientes medidas provisionales: a) guarda y custodia del menor ********************, a favor de su madre Mara Noemí Velásquez López, y b) pensión alimenticia provisional a cargo de René Alfonso Rivero Munguía en un 20% de los ingresos y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que percibe en su fuente laboral. Por su parte, el Juez residente en esta ciudad, al tener conocimiento de lo anterior, no efectuó pronunciamiento respecto de las medidas provisionales solicitadas, a fin de evitar que éstas fueran contradictorias; sin embargo, la custodia de facto la tiene el padre del menor y éste, incluso, ya ha exteriorizado su voluntad de permanecer con aquél. Al respecto debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que cuando un juzgador advierta la existencia de varios juicios cuyo resultado puede tener trascendencia sobre lo que se va a resolver en la guarda y custodia de un menor, por economía procesal, por seguridad y certeza jurídica, y en atención al interés superior del menor, aun cuando ésta no se haya hecho valer como excepción, está obligado a ordenar la acumulación de los juicios, para que se resuelvan en una misma sentencia y no se emitan decisiones contradictorias que puedan deparar perjuicio al menor. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis aislada 1a. CCLVI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 139, libro 8, julio de 2014, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2006872, de rubro y texto siguientes: "CONEXIDAD DE CAUSAS EN LAS QUE DEBA ATENDERSE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CRITERIO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE IDENTIDAD DE PERSONAS Y ACCIONES. (...).". Ahora, de la copia certificada del Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia, número ******************** (legajo 2) del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, se advierte que ******************** radica y cursa sus estudios en la ciudad de Mérida, Yucatán, al cuidado de su padre ********************al menos desde el mes de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior evidencia que el menor de edad se encuentra residiendo en esta ciudad, motivo por el cual, con base en el interés superior del menor, el juez que deberá de resolver el fondo del asunto de ambas controversias planteadas será el del Estado de Yucatán. Lo que resulta benéfico para el interés del mismo que sea el juez del domicilio donde reside el menor, el que conozca de la controversia planteada. Sobre todo, ante la posibilidad de que deba de comparecer ante la autoridad, por lo que dada su corta edad no resulta conveniente que se traslade a un lugar diferente, lo cual lo podría afectar en su vida cotidiana y estudios. Además, ello armoniza con las disposiciones de competencia que fijan en acciones familiares atendiendo al domicilio familiar y en casos específicos al de los menores o incapaces, pues precisamente se trata de privilegiar el interés de éste, facilitando el ejercicio de sus derechos y su defensa en juicio. Además, como se dijo, el menor de iniciales ******************** ya fue escuchado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en audiencia extraordinaria el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, dicha consideración se robustece tomando en cuenta que la demanda promovida por el aquí quejoso se presentó primero (dos de septiembre de dos mil veintidós) y la diversa de Mara Noemí Velásquez López ocurrió el nueve de septiembre siguiente. Situación que evidencia que el juicio número ********************, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (autoridad responsable), se debe acumular al diverso ********************, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Lo que es conforme con la Tesis: 1a. CCLVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 140 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época, número de registro digital: 2006872, de rubro y texto siguientes: "CONEXIDAD DE CAUSAS. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER EL JUZGADOR FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CONTROVERSIAS QUE INCIDEN EN SU GUARDA Y CUSTODIA. (...).". Del mismo modo, lo anterior encuentra justificación con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias que deparen en perjuicio del interés superior del menor, por lo que, en beneficio del interés superior del menor, la Juez residente en esta ciudad deberá conocer de ambos juicios, decretando su acumulación y así, tener un panorama más amplio de las cuestiones en disputa, salvaguardando el principio de seguridad y certeza jurídica en el dictado de las sentencias, a favor del menor. Por tanto, lo procedente es que el juicio número ********************, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (autoridad responsable), se acumule al diverso ********************, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, debiendo dejar insubsistente las medidas decretadas de guarda y custodia, así como el pago de una pensión alimenticia provisional, ya que está acreditado que el menor a favor de quien se decretó actualmente se encuentra bajo los cuidados de su padre. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación en suplencia de la queja, lo procedente es conceder el amparo solicitado a la parte quejosa para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. NOVENO: Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes; en consecuencia, el amparo que se concede es para el efecto de que la autoridad responsable Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto de ********************dictado en el juicio ******************** de su índice, en el que, entre otras cosas, decretó las medidas provisionales consistentes en: a) guarda y custodia y b) pensión alimenticia. 2) Dicte uno diverso en el que declare no ha lugar a decretar tales medidas y ordene remitir las constancias del juicio número ********************, de su índice al expediente ********************, de la estadística del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando próximo anterior. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, contra el acto reclamado al Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, respecto del proveído de ********************dictado en el juicio ******************** de su índice, por las consideraciones destacadas en el considerando octavo, para los efectos indicados en la última consideración. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual en atención al requerimiento de fecha quince de agosto del presente año, remite copia certificada del expediente número ********************, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del expediente número ********************, de su índice, constante de doscientas sesenta y un fojas, fórmese UN LEGAJO con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que la responsable señala que se remiten copias debidamente certificadas de las constancias conducentes del expediente ********************, no así de la totalidad de las constancias que integran dicho expediente de origen, tal como le fue requerido en proveído de fecha quince de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo en vigor y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase al Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes contados a partir de la legal notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional si con el oficio de cuenta número 2563/2023, de dieciséis de agosto del año en curso, remitió a este órgano jurisdiccional copias certificadas de la TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS que integran los autos del expediente ********************, relativo al juicio ordinario de guarda y custodia, promovido por ********************, en contra de Mara ********************, de su índice, y en caso de no haber sido así, remita copia certificada de las constancias faltantes. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, por desacato a un mandato de autoridad judicial, una multa por la cantidad de ********************que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la misma norma. NOTIFÍQUESE.

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