René Alfonso Durazo Valenzuela

Expediente 32/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • René Alfonso Durazo Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 9181 signado electrónicamente con evidencia criptográfica por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, recibido a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual acusa recibo del diverso 5361, con el que este tribunal le remitió tanto la copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto, como los autos originales y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por último, se da por recibido el escrito signado electrónicamente con evidencia criptográfica por ----, autorizado legal de los terceros interesados ---- y ----, recibido a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, vista su petición, expídasele la copia que solicita.

  2. Amparo en revisión

    CONFIRMA Y SOBRESEE.

  3. Amparo en revisión

    Del estado que guarda este expediente se advierte que el quejoso ---, no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le otorgó en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dentro del plazo a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, considérese este asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B" a cargo del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.

  4. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que formula el titular de la ponencia "B" de este órgano jurisdiccional, magistrado Arturo Castañeda Bonfil, al que acompaña el amparo en revisión 32/2020, en el que expuso lo siguiente: Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, Sonora, ----, demandó el amparo y la protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Cuentan con este carácter las siguientes autoridades:" "(i).- El JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANANEA, SONORA." "(ii).- C. ACTUARIO EJECUTOR DEL H. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANANEA, SONORA." "(iii).- EL C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE CANANEA, SONORA, en calidad de autoridad ejecutora, con domicilio bien conocido en esta ciudad." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables reclamamos los siguientes actos:" "1.- Del H. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANANEA, SONORA, reclamo en los más amplios términos del artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, cualquier acuerdo o resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio, pues no obstante de que no soy parte del mismo, esta autoridad está llevando a cabo actos tendientes a menoscabar mi caudal patrimonial en mi carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble ubicado en ----; es decir, no he sido oído ni vencido en juicio y a pesar de ello la referida responsable está llevando a cabo actos tendientes a disminuir notablemente mi caudal patrimonial en mí carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble antes citado, lo anterior significa sin lugar a duda que se está vulnerando en perjuicio del suscrito quejoso el contenido de los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, al pretender las responsables hacer efectivo un auto de ejecución en contra del suscrito sin que previamente me hubiesen llamado al juicio de donde emana el acto reclamado o de molestia, y en atención a ello se me debe conceder el amparo con el fin de que se obligue a las responsables, dentro de su esfera competencial, a dejar sin efecto todo acto de molestia emitido en contra de los intereses patrimoniales del quejoso." "2.- Por otro lado, del C. Actuario ejecutor adscrito al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANANEA, SONORA, reclamo en los más amplios términos del artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo, que pretenda hacer efectivo el auto de ejecución, y cualquier otra resolución, que hubiese dictado el JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANANEA, SONORA, dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, conforme al cual pretende menoscabar bienes que se encuentran dentro de mi caudal patrimonial (posesión de bien inmueble en mi carácter de Arrendatario), no obstante que no soy parte dentro del referido juicio ordinario civil; es decir, no he sido ni oído ni vencido en dicho juicio y a pesar de ello las referidas responsables, están llevando a cabo actos tendientes a disminuir mi patrimonio, lo que significa sin lugar a duda que se está vulnerando en perjuicio del suscrito quejoso el contenido de los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, al pretender las responsables hacer efectivo un auto de ejecución en contra del suscrito sin que previamente me hubiesen llamado al juicio de donde emana el acto reclamado o de molestia, y en atención a ello se me debe conceder el amparo con el fin de que se obligue a las responsables, dentro de su esfera competencial, a dejar sin efecto todo acto de molestia emitido en contra de los intereses patrimoniales del quejoso." "3.- Del C. Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cananea, Sonora, reclamo en los más amplios términos del artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo, la ejecución material de la resolución y cualquier otro auto, que hubiese dictado el Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, dentro del juicio Ordinario Civil 83/2016, conforme al cual pretende menoscabar bienes que se encuentran dentro de mi caudal patrimonial (posesión de bien inmueble en mi carácter de Arrendatario), no obstante que no soy parte dentro del referido juicio ordinario civil; es decir, no he sido ni oído ni vencido en dicho juicio y a pesar de ello las referidas responsables, están llevando a cabo actos tendientes a disminuir mi patrimonio, lo que significa sin lugar a duda que se está vulnerando en perjuicio del suscrito quejoso el contenido de los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, al pretender las responsables hacer efectivo un auto de ejecución en contra del suscrito sin que previamente me hubiesen llamado al juicio de donde emana el acto reclamado o de molestia, y en atención a ello se me debe conceder el amparo con el fin de que se obligue a las responsables, dentro de su esfera competencial, a dejar sin efecto todo acto de molestia emitido en contra de los intereses patrimoniales del quejoso." "Reclamo de igual modo todas aquellas consecuencias de hecho o de derecho que se deriven o se pudiesen derivar de los actos que reclamo conforme a la presente demanda de amparo." Por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Agua Prieta, admitió la demanda y la registró con el número 205/2019, seguido el juicio por sus demás trámites, el tres de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional, dictándose sentencia, misma que fue autorizada el tres de enero de dos mil veinte, la que concluyó con el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto promovido por ----, contra los actos reclamados a las autoridades mencionadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución, por las razones y motivos ahí expuestos." "Notifíquese personalmente." Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión el veinte de enero de dos mil veinte, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, mismo que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito el diecisiete de febrero de dos mil veinte, remitido a este órgano jurisdiccional el día siguiente, donde se admitió por auto de presidencia de diecinueve de los citados mes y año, registrándose con el número 32/2020. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, notificado en términos de ley, no formuló pedimento. Posteriormente, mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se turnó el expediente al magistrado Arturo Castañeda Bonfil para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Luego, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se fijó lista en los estrados, donde se señaló para audiencia de este asunto el veinticuatro de los citados mes y año, en la que se discutió la propuesta de sobreseimiento y se retiró para dar vista a la parte quejosa. En efecto, en la parte conducente del proyecto respectivo, se propuso, confirmar el sobreseimiento en el juicio de amparo, aunque por razones diversas a las consideradas por el juzgador federal, al estimar que podría actualizarse la causal de improcedencia contenida en el 61, fracción XII, en relacion con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso carece de interés jurídico para instar el juicio de amparo, respecto los actos que el señaló como la "resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio", atribuido al Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, así como los "actos tendientes a menoscabar mi caudal patrimonial en mi carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble ubicado en ------", y/o los "actos tendientes a disminuir notablemente mi caudal patrimonial en mí carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble antes citado", atribuidas al actuario ejecutor adscrito a dicho juzgado y al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cananea, Sonora, por las razones siguientes: "Por otra parte, en el primer agravio aducido contra el considerando tercero de la sentencia, en el que se decretó el sobreseimiento del juicio por inexistencia de los actos que el quejoso señaló como la orden de lanzamiento y desposesión del bien inmueble, atribuido al Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, y su ejecución, atribuidas al actuario ejecutor adscrito a dicho juzgado y al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cananea, Sonora, el recurrente afirma que el a quo federal efectuó un análisis contradictorio de las constancias relativas al juicio de origen, pues por un lado señaló que no existen las órdenes de desocupación y lanzamiento y, en otro apartado, precisó que a la fecha de la emisión de la sentencia de amparo, se había dictado resolución en el juicio ordinario civil (terminación de contrato) 83/2016, en la que se ordenó que se dejara sin efectos un contrato de compraventa y, en vía de consecuencia "que se desocupara el bien inmueble de referencia". Aduce que al resultar inminente la orden de lanzamiento reclamada, basada precisamente en la preexistencia de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 453/2017, en la que se condenó a los demandados a restituir a la parte actora, aquí tercera interesada, sí existe la aducida orden de lanzamiento y desocupación del bien inmueble de referencia. El agravio es parcialmente fundado pero inoperante. Es menester precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, modificó el criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 17/94 de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TRATANDOSE DE ACTUACIONES QUE REQUIERAN EJECUCION PARA QUE EL AGRAVIO SE ACTUALICE, EL TERMINO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DEBERA EMPEZARSE A COMPUTAR A PARTIR DE QUE PRETENDAN EJECUTARSE EN SU PERJUICIO", en el que, por una parte, reiteró las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó dicha jurisprudencia, esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, el Pleno se apartó del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. De dicha contradicción, surgió la jurisprudencia P./J. 6/98, con registro digital: 196930, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia trescientos cincuenta y nueve (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución. Lo anterior se considera relevante, en la medida de que en dicha ejecutoria, se establecieron los parámetros para determinar cómo empieza a computar el plazo para que un tercero extraño promueva juicio de amparo, destacándose precisamente que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Esto es, puede suceder que lo que ocasione el agravio sea el contenido de la sentencia, por agraviar a su interés jurídico por afectación en los derechos de que el quejoso es titular. Así, en el supuesto de que se esté litigando sobre la titularidad de un bien que la persona extraña reclama para sí, el sólo procedimiento seguido a sus espaldas ya le afecta. Por el contrario, si pese a no ser titular del bien debatido, el Juez, en vez de disponer o mandar en su sentencia sobre ese bien en litigio, lo hace sobre un bien del que es titular la persona extraña, ésta no se verá afectada por el procedimiento, sino por la resolución. Por tal motivo, en dicha ejecutoria se determinó que debía analizarse caso por caso a fin de determinar cuál es el acto que perjudica al quejoso, porque el amparo no siempre se computa a partir de que se ejecución de la sentencia, sino a partir de que tiene conocimiento del procedimiento, sentencia o acto que afecte su interés. Como ya se indicó en el apartado de antecedentes, en sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el recurso de apelación interpuesto (32/2017), derivado del expediente 83/2016, se condenó a los demandados ---- y ----, a la desocupación y entrega a la parte actora del inmueble materia del contrato básico de la acción, "consistente en: inmueble conformado por los lotes números ocho, diez, doce, catorce, dieciséis y dieciocho de la manzana veinticinco del fundo legal de Cananea, Sonora, con superficie de dos mil cuatrocientos metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias, Al norte sesenta metros y linda con ----; al sur sesenta metros y linda con ----; al este en cuarenta metros y linda con ----; y al oeste en cuarenta metros y linda con ----; donde se encuentran edificadas tres construcciones y cuya nomenclatura oficial es el número ----." En ese tenor, contrario a lo determinado por el juzgador federal, se considera que la sentencia dictada en el treinta de agosto de dos mil dieciocho, que ordena a la parte demandada la entrega del bien inmueble descrito, es aquella que el quejoso indicó en su demanda de amparo, como la "resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio", esto es, dicha sentencia constituye, de manera abstracta, lo que el peticionario denominó como: "actos tendientes a menoscabar mi caudal patrimonial en mi carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble ubicado en -----", y/o los "actos tendientes a disminuir notablemente mi caudal patrimonial en mí carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble antes citado"; por lo que fue respecto dichos actos que solicitó se concediera "el amparo con el fin de que se obligue a las responsables, dentro de su esfera competencial, a dejar sin efecto todo acto de molestia emitido en contra de los intereses patrimoniales del quejoso." Es así, porque con independencia de la actuación material que pueda tener la parte demandada frente a esa sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, lo cierto es que tal resolución en sí misma le podría ocasionar agravio al quejoso, en razón de que se condenó a la demandada a la entrega del indicado bien inmueble, siendo que dicha parte, a su vez, figura como arrendador en el contrato de arrendamiento de mérito, que celebró con el peticionario de amparo. Esto es, lo determinado en dicha resolución definitiva, al condenar a la parte demandada ---- y ----, a la desocupación y entrega a la parte actora del inmueble materia del contrato básico de la acción, constituye una determinación que en sí misma le podría causar perjuicio al ahora quejoso, ello con independencia de que con posterioridad, a petición de parte, se dé inicio a la ejecución forzosa de la sentencia para lograr su materialización a fin de consolidar el derecho sustantivo consignado a favor de la parte actora, pues la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el demandado. En ese tenor, si bien es dable considerar la existencia de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la "resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio", esto es, dicha sentencia constituye, de manera abstracta, "actos tendientes a menoscabar mi caudal patrimonial en mi carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble ubicado en ----", "actos tendientes a disminuir notablemente mi caudal patrimonial en mí carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble antes citado"; atribuida al Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, y su ejecución como una actuación inminente dada la existencia de esa resolución, atribuidas al actuario ejecutor adscrito a dicho juzgado y al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cananea, Sonora, dictado en el aludido expediente civil; este Tribunal aprecia oficiosamente la verificación de una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo promovido en su contra, con fundamento en la fracción III, del artículo 93 de la Ley de Amparo. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2019, determinó que el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. De ahí que, para demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a dicha orden, pues esa característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico necesario para instar el juicio e derechos biinstancial. En ese sentido, determinó la Primera Sala del máximo Tribunal, la exhibición de un contrato privado de arrendamiento de fecha cierta, es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso cuando se ostente como tercero extraño al juicio, ya que permite establecer con certeza que el contrato de arrendamiento es anterior al reclamo de desposeimiento de que se duele; pues la fecha cierta garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones, siendo dicho documento oponible a terceros ajenos a los que en él intervinieron. Además indicó que, demostrada la fecha cierta del contrato de arrendamiento en que el quejoso funda su derecho de posesión, anterior a la orden de desposesión que reclame, lo procedente será considerar acreditado su interés jurídico, y de no existir algún obstáculo para el efecto, la concesión del amparo que en su momento le sea otorgada, será para el efecto de que se le respete tal derecho de posesión, hasta en tanto fenezca la vigencia del contrato respectivo. Esas consideraciones dieron lugar a la emisión de la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." Recapitulando algunos antecedentes del asunto, se tiene que: a) El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ----- y ----, los actores en el juicio de origen 83/2016, demandaron en la vía ordinaria civil, la acción de resolución y/o terminación del contrato de promesa de compraventa a plazos con reserva de dominio, celebrado con los demandados ---- y ----, respecto del bien inmueble descrito previamente; cuyo procedimiento culminó el treinta de agosto de dos mil dieciocho, con la sentencia definitiva. b) El quejoso -----, celebró con ---- y ---- (demandados) un contrato de arrendamiento, de fecha uno de enero de dos mil diecinueve, que adquirió fecha cierta con la certificación ante notario público el ocho de mayo siguiente, mediante el cual le transmitieron el uso o goce temporal, es decir, la posesión del bien inmueble materia de aquella controversial. De ahí que si a la fecha en que adquirió certeza el contrato de arrendamiento celebrado por el recurrente con ----- y -----, quienes figuraron como demandados en el juicio de origen, es de fecha posterior al acto que efectivamente perjudica el derecho de posesión del quejoso; carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, lo inoperante del agravio que se analiza, estriba en que el quejoso exhibió un contrato de arrendamiento ratificado ante notario público el ocho de mayo de dos mil diecinueve, pese a que la "resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio", constituye la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho; es decir, el citado contrato es de fecha cierta posterior a la mencionada orden de entrega del bien inmueble, por lo que resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo, porque dicha sentencia, es precisamente la que podría causarle un perjuicio en su derecho de posesión. De ahí que, en el caso, se actualice la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relacion con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. En conclusión, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en la "resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio", los "actos tendientes a menoscabar mi caudal patrimonial en mi carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble ubicado en -----", y/o los "actos tendientes a disminuir notablemente mi caudal patrimonial en mí carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble antes citado". Sobreseimiento que se hace extensivo en vía de consecuencia a los actos que, se reclamaron como la eventual ejecución respecto de tal determinación, atribuidos al actuario ejecutor adscrito al juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, y al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cananea, Sonora. Cobra aplicación al efecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la República, publicada en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."" En consecuencia, procedería confirmar la sentencia recurrida por las razones expuestas y, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo indirecto respecto de los actos que el quejoso señaló como la "resolución que se hubiese dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 83/2016, y que vaya en desdoro de mi patrimonio", atribuido al Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, así como los "actos tendientes a menoscabar mi caudal patrimonial en mi carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble ubicado en ----", y/o los "actos tendientes a disminuir notablemente mi caudal patrimonial en mí carácter de arrendatario y poseedor del bien inmueble antes citado", atribuidas al actuario ejecutor adscrito a dicho juzgado y al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cananea, Sonora. Entonces, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de resolver el presente juicio de derechos, corresponde se dé vista a la quejosa; para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación a la posible actualización de la causal de improcedencia invocada En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a la parte quejosa con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.

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