Rene Aguilar Vazquéz
Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2021
Partes del expediente
- Rene Aguilar Vazquéz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se desechó la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios urgentes y en línea. Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional; cuya reanudación de plazos operará, hasta que se notifique el presente auto. Ahora, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, por medio del cual, remite el juicio de amparo 275/2020-II-A; por tanto, acúsese el recibo solicitado. De igual manera, informa que la versión pública de la sentencia de mérito, se envió al correo electrónico 3jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx. En tales condiciones, notifíquese la resolución emitida y continúese con los trámites respectivos hasta el archivo definitivo del presente asunto. Asimismo, intégrese a los autos el expedientillo formado y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno e ingrésense los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficio recibido en este juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el Titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto informó el contenido del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el siete de diciembre de dos mil veinte, la cual fue la única en desahogar dicha vista mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida, atendiendo a las constancias que obran en autos, así como a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa. Al respecto debe decirse que por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: ". a. Deje insubsistente el auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y b. En su lugar emita un nuevo acuerdo en el que -con libertad de jurisdicción- decida si, en atención al interés superior de la menor de edad involucrada, resulta procedente el cambio de guarda y custodia provisional solicitado por el quejoso Dennis Pérez Núñez u alguna otra medida cautelar que permita que la infante conviva con su progenitor. c. Asimismo, al concurrir un posible riesgo para los menores al convivir con su progenitora, deberá valorar la evidencia de las constancias que obran en el expediente y dictar las providencias precautorias necesarias para salvaguardar su integridad tanto física como emocional, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de origen". Por lo anterior, del examen de las documentales exhibidas por la responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: El Titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante oficio recibido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, informó que dio cumplimiento a cada una de las precisiones que le fueron indicadas en la ejecutoria de amparo, y para corroborar tal situación, informó el contenido del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, del cual se deprende: I.- Dejó insubsistente el auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. II.- Precisó que el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento a la diversa ejecutoria pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en el cuaderno principal decretó provisionalmente un régimen de visitas y convivencias entre los menores T.P.G y A.P.G., con el progenitor no custodio Dennis Pérez Núñez -aquí parte quejosa-. II.- Valoró el material probatorio ofrecido dentro del incidente de modificación de guardia y custodia promovido por el aquí quejoso y que obran en el juicio de origen 133/2016 y determinó que la convivencia con la progenitora no conlleva un riesgo para la menor T.P.G, y dictó las medidas precautorias necesarias para salvaguardar su integridad tanto física como emocional, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de origen. Por lo anterior, la parte quejosa señaló, esencialmente, que el Juez responsable se limitó a indicar que no concedía al quejoso la guardia y custodia provisional solicitada en virtud de que de no fueron valoradas las documentales ofrecidas dentro del incidente de modificación de guardia y custodia promovido por el aquí quejoso sin que expresara razonamiento valido para ello, así como para la determinación de convivencia de la menor T.P.G. con la tercera interesada Gloria García Vázquez. Así como tampoco toma las medidas pertinentes para la convivencia entre el quejoso y la menor T.P.G., por lo que no debería tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, como se advierte del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Juez responsable valoró el material probatorio ofrecido dentro del incidente de modificación de guardia y custodia promovido por el aquí quejoso y que obran en el juicio de origen 133/2016, así como dictó las medidas precautorias necesarias para establecer un régimen de visitas y convivencias para salvaguardar su integridad tanto física como emocional, hasta en tanto se resolviera en lo principal el juicio de origen. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente juicio constitucional se tramitó sin incidente de suspensión. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió el amparo. Por otra parte, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Adrián Polanco Polanco, autorizado de la tercera interesada Gloria García Vásquez, por medio del cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; de lo que este juzgado toma conocimiento. Ahora, respecto a la solicitud de tener como autorizada a la persona que menciona para recibir notificaciones, así como de imponerse de autos y utilizar medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio constitucional, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en virtud de que conforme a lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, dicha facultad únicamente la pueden delegar las partes, es decir, el quejoso y el tercero interesado, no así los autorizados. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación 155/2018, del índice de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla que confirmó la sentencia interlocutoria de treinta de octubre de dos mil doce, dictada en el incidente de liquidación de sentencia, promovido en el expediente 995/2001, así como su ejecución que atribuyó al Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Por resolución dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Héctor Rafael Ramiro Posadas, contra los actos de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente la referida resolución; y, En su lugar, emita otra en el que, con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto de todas las objeciones que hizo valer el quejoso en relación con el contenido del certificado contable de treinta y uno de agosto de dos mil doce, lo cual deberá hacer fundando y motivando debidamente su determinación." La citada resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la ejecutoria pronunciada el ocho de octubre de dos mil veinte, por consiguiente, se requirió el cumplimiento respetivo a la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Posteriormente, mediante oficio 122 del Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el toca 155/2018, de su índice. Por lo anterior, el nueve de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que se dejó insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 155/2018 y el cinco de noviembre de dos mil veinte, emitió otra en la que se pronunció respecto de las objeciones que hizo valer el quejoso en relación con el contenido del certificado contable de treinta y uno de agosto de dos mil doce; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el ocurso recibido en este juzgado de Distrito el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que manifiesta que el cumplimiento fue incompleto en virtud de que la Sala responsable en el considerando quinto de la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca 155/2018, precisó lo siguiente: "QUINTO.- Y tomando en consideración, que la sentencia dictada por esta alzada, en este toca el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se ha declarado insubsistente, (.)" Atento a lo anterior; dígasele a la parte quejosa que deberá estarse a lo resuelto en el presente proveído. Ello, toda vez que los efectos de la concesión del amparo dentro del presente juicio, fueron para que la responsable dejará insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y en su lugar, emitiera otra en la que, con libertar de jurisdicción, se pronunciara respecto de las objeciones que hizo valer en relación con el contenido del certificado contable de treinta y uno de agosto de dos mil doce, lo cual ya aconteció, pues como se dijo en los párrafos anteriores la Sala responsable se pronunció lo correspondiente en la ejecutoria de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el toca 155/2018, de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el artículo18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General invocado, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser susceptible de DESTRUCCIÓN en los términos que ordena el propio dispositivo. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al duplicado del cuaderno incidental, dentro de los siguientes treinta días a que transcurra el plazo a que aduce el penúltimo párrafo del artículo 20, este juzgado federal deberá destruirlo; y, hecho lo anterior, se remitirá el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese.
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