René Adalberto Medina Lugo

Expediente 1797/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1797/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • René Adalberto Medina Lugo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el oficio de la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de julio pasado, informa que señaló las diez horas de este día para brindar al Municipio de Seyé, Yucatán, las orientaciones y parámetros a modo de asesoría que fue solicitada por éste, lo cual se hizo de su conocimiento mediante oficio recibido el tres de agosto de este año. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado, con sede en esta ciudad para que, dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale el resultado de la indicada asesoría al Municipio de Seyé, Yucatán. Además, se requiere a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, tomando en consideración la asesoría que le brindó el Congreso del Estado, señale los actos que ha realizado con el fin de obtener los recursos correspondientes para hacer pago a la parte quejosa del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 360/2022-I-A, promovido por CARMELA ADELINA CRUZ HERNÁNDEZ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el nueve de febrero de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el mismo día; y turnado el diez siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció CARMELA ADELINA CRUZ HERNÁNDEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Director General de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 360/2022-I-A; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de la autoridad responsable: La resolución contenida en el oficio AAFY/DG/0051/2022, de fecha seis de enero de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable, Director General de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó su Director Jurídico al rendir su informe con justificación. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Resulta esencialmente fundado uno de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en el que manifiesta que el oficio reclamado viola los artículos 14 y 16 Constitucionales porque la autoridad fundó su actuar en una regla miscelánea que no resultaba aplicable al caso concreto. Como cuestión previa, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las copias certificadas de los expedientes administrativos 2021/0143 y 2021/0144 del que deriva la determinación contenida en el oficio AAFY/DG/0051/2022 (anexos de este juicio de amparo), que se allegaron al sumario por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprenden, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: Mediante resolución 1510175DD200075 de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Dirección de Servicios al Contribuyente le impuso un crédito fiscal a Carmela Adelina Cruz Hernández, por la cantidad histórica de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos moneda nacional), por no cumplir el requerimiento número 100506204468380C75157, por la omisión del pago mensual del Impuesto al Valor Agregado, y del Pago Provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta por Actividades Empresariales Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, correspondiente al periodo del mes de abril de dos mil veinte. Mediante resolución 1510175EE200076 de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Dirección de Servicios al Contribuyente le impuso un crédito fiscal a Carmela Adelina Cruz Hernández, por la cantidad histórica de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos moneda nacional), por no cumplir el requerimiento número 100207204773479C75175, por la omisión del pago mensual del Impuesto al Valor Agregado, y del Pago Provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta por Actividades Empresariales Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, correspondiente al periodo del mes de mayo de dos mil veinte. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, la quejosa presentó su solicitud de condonación de las multas impuestas en las resoluciones con número de control 1510175DD200075 y 1510175EE200076, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, emitidas por la Dirección de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, por la cantidad de dos mil ochocientos pesos, respectivamente. La autoridad responsable mediante oficio AAFY/DG/0051/2022, de seis de enero de dos mil veintidós, dictó una resolución la cual se inserta la imagen digitalizada: Dicha determinación constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Por otra parte, en sus conceptos de violación la parte quejosa aduce, en síntesis, que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, porque considera que la autoridad responsable, al resolver sobre la solicitud de reducción de multas que planteó, realizó una indebida valoración de las normas aplicables al caso concreto y de valorar de forma exhaustiva y congruente la situación real de hecho en relación con las pruebas que aportó para solicitar la condonación de las multas. Asimismo, agregó que la autoridad realizó una indebida interpretación y aplicación del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.16.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, así como de las reglas 2.14.6, 2.14.7 y 2.14.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Señala que el acto reclamado carece de debida fundamentación y motivación en razón que la autoridad responsable debió resolver la solicitud de condonación con base en las disposiciones legales vigentes en el momento de su presentación y no conforme a las reglas vigentes en dos mil veintidós. Sostiene que en el oficio reclamado la autoridad responsable aplicó en su perjuicio las Reglas 2.14.6, 2.14.7 y 2.14.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil veintidós; sin embargo, resultaba aplicable lo dispuesto en la Regla 2.16.12, primer párrafo, fracción IV de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil veintiuno, pues el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno formuló la solicitud de condonación respectiva. Es esencialmente fundado lo anterior. Para demostrar tal aserto, conviene destacar que el artículo 14, primer párrafo, constitucional dispone que: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (.)" Respecto a la citada proscripción establecida en la Carta Magna, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 78/2010, visible en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, correspondiente al mes de abril de dos mil once, con número de registro 162299, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS." En el caso concreto, el acto reclamado, oficio AAFY/DG/0051/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, se emitió en respuesta a la solicitud de condonación de las multas impuestas en las resoluciones 1510175DD200075 y 1510175EE200076, ambos de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en términos del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, que presentó la quejosa ante la autoridad responsable el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En el oficio combatido se determinó por una parte, respecto de la resolución 1510175DD200075, otorgar la reducción parcial solicitada por la quejosa, con base, en el artículo 74 del Código Tributario Federal, y en el procedimiento y los porcentajes previstos en las Reglas 2.14.5, 2.14.7 y 2.14.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y por otra parte, respecto la resolución 1510175EE200076, que no procedía su reducción, al considerar que el infractor se encuentra en el supuesto de reincidente, de conformidad con la fracción IX, de la Regla 2.16.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil veintiuno. Para una mejor comprensión, resulta necesario transcribir los citados preceptos legales, respecto de la Resolución Miscelánea para dos mil veintidós, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, los cuales son de la literalidad siguiente: "Reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF 2.14.5. Para los efectos del artículo 74 del CFF, los contribuyentes podrán solicitar la reducción de multas derivadas de los siguientes supuestos: I. Por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, determinadas e impuestas por las autoridades competentes. II. Impuestas o determinadas con motivo de la omisión de contribuciones de comercio exterior. III. Autodeterminadas por el contribuyente. IV. Por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas que al ser disminuidas en las declaraciones del ISR de ejercicios posteriores al revisado por la autoridad, den como consecuencia la presentación de declaraciones complementarias respectivas con pago del ISR omitido actualizado y sus accesorios. V. Impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, colonos, nacionaleros; o tratándose de ejidos, cooperativas con actividades empresariales de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, unión, mutualidad, organización de trabajadores o de empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, constituidas en los términos de las leyes mexicanas. VI. Por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan en los Títulos II, III y IV de la Ley del ISR. VII. Por incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago en materia de Comercio Exterior. CFF 74" "Requisitos para que proceda la reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago 2.14.7. Para los efectos del artículo 74 del CFF, procederá la reducción de las multas a que se refieren las reglas 2.14.5., fracción VI, 2.14.13. y 2.14.14., cuando los contribuyentes cumplan con los siguientes requisitos: I. Presentar, cuando se esté obligado, la declaración anual del ISR correspondiente al último ejercicio fiscal o, en su caso, las declaraciones complementarias dentro de un plazo de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado el requerimiento respectivo, a fin de resolver la solicitud de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF. II. La resolución de reducción de multas fiscales por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, surtirá efectos cuando el contribuyente cumpla con el pago del importe no reducido, actualizado en los términos del artículo 70 del CFF, dentro del plazo otorgado para ello, el cual no excederá de diez días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF y haya cumplido con la obligación que dio origen a la sanción. Asimismo, cuando la resolución de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF se encuentre relacionada con una autorización de pago a plazos, esta surtirá sus efectos, cuando se hayan pagado todas y cada una de las parcialidades autorizadas. CFF 70, 74, RMF 2022 2.14.5., 2.14.13., 2.14.14." "Procedimiento para determinar el porcentaje de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan en los Títulos II, III y IV de la Ley del ISR 2.14.13. Para los efectos del artículo 74 del CFF y de la regla 2.14.5., fracción VI, las ADR o, en su caso, las entidades federativas, resolverán las solicitudes de reducción por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, de los contribuyentes que tributan en los Títulos II, III y IV de la Ley del ISR. Para determinar el porcentaje de reducción, la autoridad fiscal tendrá en cuenta lo siguiente: I. La antigüedad de la infracción se computará a partir de la fecha en que se tenía que haber cumplido la obligación fiscal que dio origen a la sanción o de la fecha en que la autoridad fiscal descubrió la infracción y hasta la fecha de presentación de la solicitud de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF. II. Las ADR o, en su caso, las entidades federativas resolverán las solicitudes de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF aplicando a la multa, el porcentaje que le corresponda, considerando los porcentajes siguientes: Antigüedad Porcentaje a reducir Hasta 1 año 70% Más de 1 y hasta 2 años 60% Más de 2 y hasta 3 años 50% Más de 3 y hasta 4 años 40% Más de 4 y hasta 5 años 30% Más de 5 años 20% La resolución de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF, surtirá efectos cuando el contribuyente cumpla con el pago del remanente correspondiente al importe del porcentaje no reducido, el cual deberá pagarse actualizado en términos de los artículos 17-A y 70 del CFF, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución de reducción de multas conforme al artículo 74 del CFF. CFF 74, RMF 2022 2.14.5." Ahora bien, el artículo primero transitorio dispone que la citada Resolución Miscelánea Fiscal entró en vigor el primero de enero de dos mil veintidós y estaría vigente hasta el treinta y uno de diciembre de los citados mes y año. Lo anterior, pone de manifiesto que, si la solicitud de condonación de la quejosa fue presentada ante la autoridad fiscalizadora el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que para su resolución la autoridad responsable no podía atender a lo dispuesto en la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, al haber entrado en vigor con posterioridad a la presentación de la solicitud de la gobernada. Por lo tanto, a fin de respetar lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, la autoridad responsable debe resolver la solicitud de condonación de multa, con base en los ordenamientos vigentes al momento de la presentación de la citada instancia, esto es, al diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, lo cual es trascendente, ya que en esta se permite la reducción de las multas hasta en un ciento por ciento. Lo anterior, como se advierte de lo dispuesto en la regla 2.16.12, en su fracción IV de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, que se transcribe a continuación. "Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de multas determinadas 2.16.12. Para los efectos del artículo 74 del CFF las multas determinadas por las autoridades fiscales se condonarán conforme al siguiente procedimiento: (.) IV. Tratándose de multas impuestas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, a cargo de contribuyentes que no estén obligados por ley, a presentar declaración anual, se considerará para ello la antigüedad de la multa a partir de que haya surtido efectos su notificación, conforme a la siguiente tabla: Antigüedad Porcentaje a condonar Hasta 1 año 100 % Más de 1 y hasta 2 años 90 % Más de 2 y hasta 3 años 80 % Más de 3y hasta 4 años 70 % Más de 4 y hasta 5 años 60 % Más de 5 años 50 % (..:)" Por su parte, respecto de la resolución 1510175EE200076, en la que no procedió su reducción, al considerar la autoridad responsable que el infractor se encuentra en el supuesto de reincidente, de conformidad con la fracción IX, de la Regla 2.16.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil veintiuno, como lo señala la quejosa en sus conceptos de violación, se advierte que la responsable no analizó de manera particularizada las consideraciones ni las pruebas que aportó en su escrito de condonación de multas. En tal sentido, al ser evidente que el oficio AAFY/DG/0051/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, vulneró en perjuicio de la parte quejosa el principio de no retroactividad en la aplicación de la ley, previsto en el artículo 14, párrafo primero, de la Carta Magna, en relación con el derecho de fundamentación y motivación, contenido en el precepto 16 constitucional; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. QUINTO. Efectos de la conceción de amparo. En mérito de lo anterior, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad; deberá: a) Dejar sin efectos el oficio AAFY/DG/0051/2022, de fecha seis de enero de dos mil veintidós. b) Emita otro en el que, atendiendo a los razonamientos plasmados en este fallo, resuelva la solicitud de condonación de multa de la parte quejosa, con fundamento en los ordenamientos vigentes al momento de su presentación, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, asimismo, haga la valoración de las pruebas aportadas por la parte quejosa; y de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho corresponda. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CARMELA ADELINA CRUZ HERNÁNDEZ, en contra de los actos que reclamó al Director General de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.|

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano