RENATO HERNANDEZ CRISTOBAL y Otros.

Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
351/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • RENATO HERNANDEZ CRISTOBAL y Otros.
  • Renato Hernandez Cristobal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI-B....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de noventa días naturales otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, para que compareciera por los documentos que adjuntó a su demanda, transcurrió del dieciséis de mayo al catorce de agosto siguiente; sin que compareciera por dichos documentos. ********************Por tanto, las referidas documentales seguirán el destino del presente expediente, en términos del proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Notifíquese y cúmplase......

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el proveído que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es DESTRUIBLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. En otro contexto, vista la certificación de cuenta, se aprecia que en el presente expediente obran diversos documentos originales a que alude el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el referido precepto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado en días y horas hábiles, con identificación oficial vigente, a recibir los documentos originales que exhibió con la demanda de amparo; apercibido que de no hacerlo, las documentales en cuestión seguirán el destino del presente expediente. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO. MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el proveído que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es DESTRUIBLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. En otro contexto, vista la certificación de cuenta, se aprecia que en el presente expediente obran diversos documentos originales a que alude el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el referido precepto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado en días y horas hábiles, con identificación oficial vigente, a recibir los documentos originales que exhibió con la demanda de amparo; apercibido que de no hacerlo, las documentales en cuestión seguirán el destino del presente expediente. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Mesa VI .. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio y anexo procedente de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual cumple oportunamente con el requerimiento formulado en auto inicial (once de abril de dos mil veintitrés). ESTADO DE AUTOS Por tanto, toda vez que en auto de catorce de abril actual, se reservó acordar el escrito de la parte promovente, hasta en tanto la responsable desahogara el requerimiento de mérito, lo cual ya aconteció, procede proveer sobre la admisibilidad de la demanda origen de este expediente. Al respecto, se provee: PARTE QUEJOSA **** y ****, parte actora en el juicio de origen. AUTORIDAD RESPONSABLE Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez. ACTOS RECLAMADOS. La omisión de proveer el escrito de nueve de marzo de este año, a través del cual solicitó se declarara firme la resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno en el expediente **** y se realizara la certificación y cómputo del plazo de cuatro meses para el cumplimiento de esa resolución. La omisión de dictar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno en el expediente ****. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 apartado 1, de la Convención Americana sobre derechos humanos y 14, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tales condiciones, visto el escrito de demanda, el contenido del escrito aclaratorio de la parte promovente, y el oficio de cuenta, se provee: DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, ya que en el caso, respecto del acto reclamado consistente en: La omisión de proveer el escrito de nueve de marzo de este año, a través del cual solicitó se declarara firme la resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno en el expediente ***** y se realizara la certificación y cómputo del plazo de cuatro meses para el cumplimiento de esa resolución. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en autos y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos del numeral 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a lo establecido en su ordinal 2, se advierte que en proveído de once de abril de este año se atendió el escrito de la promovente, mediante el cual solicitó se declarara la firmeza de la sentencia dictada en el juicio de origen el dos de agosto de dos mil veintiuno, y fuera tomada como base para el cómputo de los cuatro meses para el cumplimiento de la sentencia. En atención a esa solicitud, por auto de diez de abril de este año la Sala responsable tuvo por recibidos los comunicados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, a través del cual declaró infundado el recurso de revisión fiscal **** y se negó el amparo y protección de justicia federal respecto al amparo directo ***/2021, razón por la cual, fue declarada firme la resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno. Por otro lado, en proveído de once de abril de dos mli veintitrés, se informó que el plazo con el que cuenta la demanda para dar cumplimiento a la resolución en mención, comenzaría a partir de que surtiera sus efectos la notificación del auto de diez de abril de este año. Asimismo señaló que la demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para dar cumplimiento a la resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno. De lo anterior, se advierte que la omisión reclamada a la Sala responsable, consistente en acordar su escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, cesó en sus efectos, ya que por acuerdo de once de abril del actual, la referida autoridad proveyó lo conducente en relación a la solicitud de la parte quejosa, con lo que se destruyeron los efectos de la mencionada omisión, volviendo las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y por lo que hace al diverso acto consistente en: La omisión de dictar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno en el expediente **** la cual también se traduce en una dilación. Se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a que, por el momento, los actos que se le atribuyen NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; dicho numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo.107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.].". De los preceptos transcritos se infiere que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son en el caso, el derecho a una impartición de justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, pues tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora, en el caso, las dilaciones reclamadas a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentran subordinadas al procedimiento de ejecución del juicio de nulidad, el cual iniciará de forma oficiosa una vez transcurrido el plazo de cuatro meses concedido en auto de once de abril de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción I, inciso a), punto 3°, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.". Por lo que los plazos para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad, se encuentran sujetos a dicho procedimiento, de ahí que la dilación que en su caso realice la autoridad demandada, se encuentra sujeta precisamente al incumplimiento de los plazos establecidos en ese procedimiento. De modo que aún no se contraviene un derecho fundamental de la quejosa pues no existe una dilación en el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que no constituye un acto de imposible reparación. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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