Renato Alfredo Melgarejo Jan

Expediente 869/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
869/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Renato Alfredo Melgarejo Jan

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron copias certificadas del expediente en el que se actúa, así como el correspondiente escrito de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso Renato Alfredo Melgarejo Jan, en contra del auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; asimismo, informa que dicho medio de impugnación quedó radicado en ese tribunal bajo el expediente número 384/2019. Atento a lo anterior, estese en espera de que se reciba en este juzgado la determinación que al respecto emita el referido órgano colegiado, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Renato Alfredo Melgarejo Jan, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese orden de ideas, en términos del precepto 101, de la Ley en comento, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones Por tanto, remítanse copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, al que deberá anexarse el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Renato Alfredo Melgarejo Jan contra el acto reclamado a la autoridad denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad y otras más. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 869/2019-III-B. Al respecto, se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el Juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del escrito de demanda de juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La resolución de Ausencia de Secuelas Valuables, por Riesgo de Trabajo, calificada como tal y aprobada en sesión n° 11 de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciocho, por el subcomité de medicina del trabajo del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE)". Ahora, en el caso, respecto del acto reclamado ,se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, que rige el juicio de amparo. Ahora bien, a efecto de hacer patente el motivo de improcedencia invocado, es necesario citar el contenido del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, mismo que a la letra expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Así, previo a cualquier otra cuestión se estima necesario señalar, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanoss, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional únicamente a actos que tengan el carácter de definitivos. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que tienen el carácter de definitivos por no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos alude a que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan. Lo anterior, siempre y cuando, en los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se prevea la suspensión de los efectos de los actos motivo de los mismos, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, sin que la ley aplicable exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Ello, salvo las excepciones previstas por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia, todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Tiene aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, en el presente juicio, el quejoso reclama la resolución de Ausencia de Secuelas Valuables, por Riesgo de Trabajo, calificada como tal y aprobada en sesión número 11, de treinta de agosto del año dos mil dieciocho, por el subcomité de medicina del trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (ISSSTE) (formato RT-09). Para contextualizar el acto reclamado, es conveniente tener en cuenta el contenido de los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los diversos artículos 18, 23 a 25, 27, 28, 53, 54, 71 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez, los cuales son del contenido siguiente: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "Artículo 56. Para los efectos de esta Ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al Trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa. Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo. Los riesgos del trabajo pueden producir: I.- Incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo; II. Incapacidad parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar; III. Incapacidad total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de la vida, y IV. Muerte." "Artículo 58. Los riesgos del trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto, de conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. En caso de desacuerdo con la calificación el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un especialista en medicina del trabajo. En caso de desacuerdo entre la calificación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto propondrá una terna de médicos especialistas en medicina del trabajo, para que de entre ellos, el afectado elija uno. El dictamen del especialista tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la calificación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente". "Artículo 62. En caso de riesgo del trabajo, el Trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero: I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con goce del cien por ciento del sueldo, cuando el riesgo del trabajo imposibilite al Trabajador para desempeñar sus labores. El pago se hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las Dependencias o Entidades hasta que termine la incapacidad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del Trabajador. Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por riesgo del trabajo, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales a que deberá someterse el Trabajador y en la inteligencia de que si a los tres meses de iniciada dicha incapacidad no está el Trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o la Dependencia o Entidad, podrán solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, que sea declarada la incapacidad permanente. No excederá de un año, contado a partir de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del riesgo, el plazo para que se determine si el Trabajador está apto para volver al servicio o bien procede declarar su incapacidad permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes; II. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una Pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la Pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de valuación mencionada, teniendo en cuenta la edad del Trabajador y la importancia de la incapacidad, según que sea absoluta para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud para su desempeño. Esta Pensión será pagada mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta, en los términos de la fracción siguiente. Cuando el Trabajador pueda dedicarse a otras funciones por que sólo haya disminuido parcialmente su capacidad para el desempeño de su trabajo, las Dependencias y Entidades podrán prever su cambio de actividad temporal, en tanto dure su rehabilitación. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su capacidad. Si el monto de la Pensión anual resulta inferior al veinticinco por ciento del Salario Mínimo elevado al año, se pagará al Trabajador o Pensionado, en substitución de la misma, una indemnización equivalente a cinco anualidades de la Pensión que le hubiere correspondido; III. Al ser declarada una incapacidad total, se concederá al incapacitado una Pensión vigente hasta que cumpla sesenta y cinco años, mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta, igual al Sueldo Básico que venía disfrutando el Trabajador al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en funciones. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo. Los Pensionados por riesgos del trabajo tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, según la cuota diaria de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del Pensionado: a) En una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año, o b) Conjuntamente con cada mensualidad del pago de la Renta, incrementándose cada exhibición con la doceava parte de la gratificación anual". REGLAMENTO PARA LA DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE RIESGOS DEL TRABAJO E INVALIDEZ "Artículo 18. Reunidos los requisitos para la calificación del probable riesgo del trabajo, el médico de medicina del trabajo, procederá al análisis de lo siguiente: I. Correlación de las fechas que se reportan en cada uno de los documentos vinculados con el riesgo que se reclama; II. Coherencia de la hora reportada en que ocurrieron los hechos; III. Congruencia en la relatoría de los hechos que manifiesta el trabajador, los testigos presenciales y autoridades que tomaron conocimiento del caso; IV. Descripción de las actividades del trabajador; V. Relación causal entre el riesgo sufrido y la actividad laboral del trabajador; VI. De estar en presencia de una probable enfermedad profesional, se analizará la relación causal entre la patología y su actividad laboral; atendiendo al lugar, puesto (s) de trabajo, periodos de desempeño y el estudio del medio ambiente de trabajo; VII. Se consideran de igual forma los resultados obtenidos en los estudios de laboratorio y gabinete practicados al trabajador para emitir la calificación procedente, y VIII. En el caso de los riesgos ocurridos en trayecto, se considerarán estos de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley y en los artículos 473 y 474 de la Ley Federal del Trabajo, aquellos que ocurran durante el trayecto directo del domicilio particular al trabajo o viceversa, en el caso de que el domicilio particular forme parte de un edificio de departamentos, condominios o unidades habitacionales el domicilio particular se considerará hasta la puerta de la casa o del departamento. Asimismo, el resultado deberá ser: a) "no de trabajo" (improcedencia de profesionalidad del riesgo), y b) "si de trabajo" (procedencia de profesionalidad del riesgo)." "Artículo 23. Reconocida la profesionalidad del riesgo de trabajo, el Instituto determinará la situación médico-laboral del trabajador, a través de las valoraciones médicas trimestrales a las que deberá someterse, mismas que son responsabilidad del médico tratante, quien con apoyo de los auxiliares de diagnóstico que requiera, estará obligado a realizarlas, a fin de no rebasar, en su caso, el término de un año contado a partir de que el Instituto tenga conocimiento del riesgo o bien, a partir del inicio de la incapacidad para el trabajo; lo anterior de conformidad a lo previsto en los artículos 60, 62 y 65 de la Ley, en correlación con el diverso 491 de la Ley federal del trabajo. Para tal efecto, la subdelegación médica, las dependencias y entidades afiliadas, deberán llevar un control estricto de las licencias médicas presentadas por los trabajadores." "Artículo 24. Durante esta etapa de valoraciones trimestrales, el médico tratante, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a la normatividad sobre la expedición de licencias médicas, podrá o no expedir éstas dependiendo de la patología que presente el trabajador, o emitir el alta médica en caso de no existir secuelas, que permita la reincorporación del trabajador a su centro laboral. Dicho documento deberá remitirse al área de medicina del trabajo delegacional, en donde deberá elaborarse el formato RT-04 (alta médica por riesgo del trabajo)." "Artículo 25. El médico tratante en cualquier etapa de las valoraciones trimestrales, podrá expedir el certificado médico formato RT-09 con el diagnóstico nosológico, etiológico y anatomofuncional, a fin de que el médico de medicina del trabajo, en su caso, dictamine si el trabajador se encuentra en el supuesto de: ausencia de secuelas valuables o incapacidad parcial, situación que en todos los casos deberá ser analizada y avalada por el subcomité de medicina del trabajo. Las incapacidades totales deberán ser examinadas por el subcomité antes citado y remitidas al comité de medicina del trabajo para su aprobación o negativa." "Artículo 27. El médico tratante deberá realizar las valoraciones médicas que estime necesarias, con la finalidad de que en un plazo no mayor a nueve meses, contado a partir de la expedición de la primera licencia médica, emita el o los diagnósticos del caso a través del certificado médico formato RT-09, plazo dentro del cual, la dirección de la unidad médica del Instituto deberá de remitir el expediente clínico, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y el formato RT-09, al área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones correspondiente, a fin de que se dictamine ausencia de secuelas, incapacidad parcial o incapacidad total, según sea el caso. En caso de incapacidad total, se deberá contar invariablemente con el dictamen aprobado por el comité de medicina del trabajo. La subdirección médica de la unidad médica del Instituto deberá contabilizar el número de licencias otorgadas y los días otorgados al trabajador conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley." "Artículo 28. Recibido el diagnóstico del médico tratante, así como las valoraciones trimestrales, el área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones que corresponda procederá, con el aval del subcomité de medicina del trabajo, a dictaminar dentro del plazo de sesenta días naturales en el reverso del formato RT-09 las siguientes resoluciones, según sea el caso: a) Ausencia de secuelas valuables.- en el caso de que el médico tratante emita el alta médica, deberá elaborarse el formato RT-04 alta médica por riesgo del trabajo. En este caso la Subdelegación de Prestaciones que corresponda, deberá notificar en un término de diez días hábiles al trabajador, Dependencia, Unidad Médica y Subdelegación Médica; b) Incapacidad parcial con la aprobación del subcomité de medicina del trabajo delegacional; c) Incapacidad total.- en todos los casos deberá ser sancionada por el comité de medicina del trabajo; d) Cambio de actividad, y e) Muerte." "Artículo 53. Si el comité de medicina del trabajo resuelve aprobar el estado de incapacidad total del trabajador, el área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la resolución de la dictaminación, deberá notificar oficialmente el resultado de la resolución a las siguientes instancias: a) Al trabajador, a efecto de que inicie el trámite para la baja laboral por concepto de incapacidad total de acuerdo al contenido de la copia del certificado médico formato RT-09, el cual tendrá vigencia de dos años calendario, contados a partir de la fecha de su aprobación; b) A la subdelegación médica de la delegación correspondiente, con la finalidad de que tenga conocimiento de la resolución y dé por concluido el proceso de dictaminación, enviándole para tal efecto, copia del certificado médico formato RT-09; c) A la dirección de la unidad médica del Instituto responsable de emitir licencias médicas, a la cual se deberá enviar la copia del certificado médico formato RT-09, que se contempla para tal efecto, con el propósito de no volver a expedir licencias médicas por concepto alguno, toda vez que, la atención médica que se le brinde en lo sucesivo, será en calidad de pensionado, y d) A las (sic) dependencia o entidad de adscripción del trabajador, según sea el caso, con el objeto de que se expida la hoja única de servicios y la baja correspondiente, consignándose el concepto de incapacidad total como causa de la baja del trabajador. En la notificación se deberá anexar la hoja correspondiente de certificado de referencia. Asimismo, se le informará que la fecha de baja de trabajador deberá ser al vencimiento de la quincena en que se reciba la notificación". "Artículo 54. En el oficio de notificación que se dé a conocer al trabajador el resultado de la dictaminación del comité de medicina del trabajo, deberá contener además, el apercibimiento del contenido del artículo 248 de la Ley, el cual establece que el pago de las pensiones que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes en que hubieran sido exigibles prescribirán a favor del Instituto." "Artículo 71. El trámite de los recursos de inconformidad, para casos de riesgos del trabajo e invalidez, deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, con objeto de homologar criterios para la adecuada y oportuna substanciación de los mismos." "Artículo 72. Al notificar a la subdelegación de prestaciones correspondiente al trabajador sobre la improcedencia del riesgo de trabajo se le dará a conocer su derecho a inconformarse. El recurso de inconformidad sobre riesgos de trabajo, procede únicamente en contra de: La calificación del riesgo del trabajo; al momento en que el trabajador esté en desacuerdo con la determinación de la no profesionalidad del accidente o enfermedad reclamada. No procede recurso alguno en contra de: I. Ausencia de secuelas valuables: el dictamen emitido por el médico de medicina del trabajo y aprobado por el subcomité de medicina del trabajo delegacional en el cual se resuelve que no existe disminución órgano-funcional del riesgo ocurrido al trabajador; II. Valuación de secuelas: el dictamen emitido por primera vez por el médico de medicina del trabajo y aprobado por el subcomité de medicina del trabajo delegacional proveniente de un riesgo profesional que ocasiono secuelas valuables de acuerdo a la tabla prevista en el artículo 514 de la Ley federal del trabajo; III. Revaloración de secuelas por incremento: al determinar el médico de medicina del trabajo y aprobar el subcomité de medicina del trabajo delegacional el aumento de secuelas producto del riesgo y en consecuencia se incremente el porcentaje de la incapacidad parcial previamente otorgada; IV. Revaloración de secuelas por disminución: al diagnosticar el médico de medicina del trabajo y aprobar el subcomité de medicina del trabajo delegacional la disminución de secuelas producto del riesgo y en consecuencia se reduzca el porcentaje de la incapacidad parcial previamente otorgada; V. Revaloración de secuelas por ratificación: al establecer el médico de medicina del trabajo y aprobar el subcomité de medicina del trabajo delegacional que el daño órganofuncional que presenta el trabajador, no se ha incrementado y en consecuencia, se confirma el mismo porcentaje de la disminución órgano funcional, que dio origen a la incapacidad parcial previamente otorgada; VI. Aprobada la incapacidad total emitida por el comité de medicina del trabajo: al resolver este órgano colegiado la procedencia del otorgamiento de la incapacidad total; VII. Negativa de incapacidad total emitida por el comité de medicina del trabajo: al resolver este órgano colegiado la improcedencia de la incapacidad total, y VIII. Cuando la solicitud de calificación de riesgo del trabajo sea extemporánea; salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme se determina en el artículo 3, 4 y 13 del presente reglamento". De la interpretación integral de los artículos transcritos, se advierte que el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, consignado en el formato RT-09, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una resolución definitiva, en virtud de que constituye la expresión de la voluntad final del ente administrativo respecto de las consecuencias derivadas del accidente o enfermedad calificados previamente como riesgo laboral, ya que implica el reconocimiento de que no existen lesiones a consecuencia del incidente y, por tanto, que procede la reincorporación del elemento a sus actividades, aspecto que conlleva, implícitamente, la negativa de acceder a una pensión por incapacidad, pues la concesión de ésta, se encuentra supeditada a la calificación de la disminución o pérdida de las facultades del trabajador de modo permanente a consecuencia del evento, es decir, de la existencia de secuelas valuables, derivadas del padecimiento calificado como riesgo profesional. Al caso, resultan aplicables las tesis aisladas, emitidas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 34, del tomo IV, en septiembre de dos mil dieciséis, en las páginas 2998 y 2999, respectivamente, cuyo rubros y textos son los siguientes: "RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. De acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o una pensión, de resultar una incapacidad permanente parcial o total. Por su parte, de los diversos numerales 17, 18, 23 a 28, 71 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, se advierte que, una vez actualizado un riesgo profesional, los afectados deberán someterse a exámenes médicos trimestrales, de los cuales podrá derivar el alta del trabajador o la expedición del certificado médico formato RT-09, en el que se determine, previo dictamen del área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones correspondiente, con el aval del comité o subcomité de medicina del trabajo, si el trabajador se encuentra en el supuesto de ausencia de secuelas valuables o de incapacidad permanente parcial o total; además de que el recurso de inconformidad no procede respecto de la determinación de ausencia de secuelas derivadas de un riesgo de trabajo. En consecuencia, el dictamen relativo a este último aspecto, consignado al reverso del formato RT-09, emitido por dicho organismo, constituye la expresión de la voluntad final de éste en cuanto a que, derivado del siniestro no se actualizó la pérdida o disminución de las facultades o aptitudes del trabajador, lo que constituye la última palabra del órgano de seguridad social en relación con la valoración del padecimiento del trabajador, tan es así que origina en automático la reincorporación a sus funciones, aunado a que, respecto de esa conclusión no existe instancia de revisión posterior a través de la cual pueda ser revalorada y, en su caso, revocada". "RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, IMPLICA LA NEGATIVA IMPLÍCITA A OBTENER UNA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. De acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o a una pensión, cuando resulte una incapacidad permanente parcial o total; es decir, la obtención de una pensión por incapacidad, sea parcial o total, está supeditada a la calificación de la disminución o pérdida de facultades que en modo permanente impidan a los trabajadores prestar los servicios que tenían encomendados. Consecuentemente, el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, consignado al reverso del formato RT-09 conlleva, implícitamente, la negativa a obtener una pensión derivada del padecimiento relacionado con éste, pues ese veredicto implica que no existen lesiones a consecuencia del riesgo que provoquen la incapacidad del trabajador para desarrollar su función y, por tanto, que no se genere el supuesto de la procedencia de la pensión, conclusión que se respalda con los artículos 36, 37, 53 y 54 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, los cuales establecen que el resultado de encontrar secuelas evaluables derivadas del riesgo de trabajo dará lugar al otorgamiento de ese derecho, lo que implica, en sentido inverso que, de no existir aquéllas, no se generará beneficio económico alguno". En ese orden de ideas, al ser el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, consignado en el formato RT-09, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una resolución definitiva, que implícitamente, conlleva el cese de las licencias médicas y la reincorporación a su puesto de trabajo, así como la negativa a otorgar una pensión por incapacidad parcial o total, temporal o permanente, procede en su contra el juicio contencioso administrativo conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su capítulo II, correspondiente a la competencia del Tribunal y los conflictos de intereses, señala lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)". De lo anterior, se puede desprender que el tribunal administrativo es competente para conocer de toda resolución que verse en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siempre y cuando, como refiere el primer párrafo del precepto examinado, tenga el carácter de definitiva. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, en la página 2015, con número de registro 2019442, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación jurídica entre los servidores públicos citados y el Estado es de naturaleza administrativa. En ese sentido, el derecho de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales federales, de solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la calificativa de un riesgo de trabajo tiene esa misma naturaleza y, en consecuencia, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a este Tribunal conocer de los conflictos en los que se demande al Instituto mencionado el reconocimiento de un riesgo de trabajo." Esa afirmación atiende al régimen constitucional del cual deriva el vínculo en que se sustentan las prestaciones reclamadas (pensiones), el cual no es laboral, sino administrativo, ya que la relación entre el instituto y los derechohabientes no es de naturaleza del trabajo, en tanto que los últimos no son empleados del organismo de seguridad social. El contexto jurídico referido es apto para establecer que las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuentan con competencia para conocer de las controversias derivadas entre actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus derechohabientes, siempre que: 1) Se trate de resoluciones definitivas, y 2) Versen en materia de concesión, negativa, suspensión, modificación o revocación de pensiones. Así, de la lectura integral del escrito de demanda, se expresan diversos planteamientos tendentes a evidenciar que la calificación de los padecimientos y secuelas derivados del accidente de trabajo del quejoso, a su juicio, es indebida, lo que dio origen a la calificación de ausencia de secuelas valuables y, como consecuencia inmediata, implícitamente se determinó la negativa de otorgar la pensión correspondiente, por no cumplirse las condiciones previstas por el artículo 62, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la consecuente obligación de reincorporarse a sus actividades normales de trabajo. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o una pensión, de resultar una incapacidad permanente parcial o total. Por su parte, de los diversos numerales 17, 18, 23 a 28, 71 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, se advierte que, una vez actualizado un riesgo profesional, los afectados deberán someterse a exámenes médicos trimestrales, de los cuales podrá derivar el alta del trabajador o la expedición del certificado médico formato RT-09, en el que se determine, previo dictamen del área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones correspondiente, con el aval del comité o subcomité de medicina del trabajo, si el trabajador se encuentra en el supuesto de ausencia de secuelas valuables o de incapacidad permanente parcial o total. En el entendido que, respecto de la determinación de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo no procede el recurso de inconformidad consagrado en el artículo 58 de la ley del citado instituto. Expuesto de la anterior, se revela que la resolución establecida al reverso del formato RT-09, corresponde al dictamen de ausencia de secuelas valuables, el cual es la expresión de la voluntad final del instituto en cuanto a las consecuencias derivadas del accidente laboral. Cabe aclarar que no es el diagnóstico del médico tratante, contenido en el apartado 5.6 del formato, la resolución definitiva del órgano de seguridad social, sino la decisión asumida por el médico del trabajo de la subdelegación, con el aval del comité o subcomité, de que de dicho diagnóstico no se pueden desprender secuelas valuables que conduzcan a decretar una incapacidad parcial (artículo 62, fracción II) y, por tanto, una pensión. Esa decisión se encuentra expresada, como indica el artículo 28 del reglamento, en el reverso del formato bajo el numeral 6, en el cual se marca con una equis "x" que el riesgo ocasionó "ausencia de secuelas valuables", respaldada con la firma del responsable de la elaboración y el sello del departamento de pensiones, seguridad e higiene de la Subdelegación de Prestaciones en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Esto es, la determinación de que del riesgo de trabajo no derivaron secuelas valuables implica el reconocimiento por parte del área de medicina del trabajo de la subdelegación correspondiente en la Institución de Seguridad Social de que no existen lesiones a consecuencia del incidente, o bien, dicho de otro modo, la resolución de que, derivado del siniestro, no se actualizó la pérdida o disminución de las facultades o aptitudes del trabajador, que le impidan desempeñar la función que habitualmente desarrollaba como servidor público. Esa expresión de la voluntad de la autoridad es definitiva, ya que si se atiende a la exposición del contexto normativo a que se ha hecho referencia, se puede advertir que se trata la resolución que concluye, en sentido negativo, la valoración del padecimiento y sus eventuales consecuencias para el trabajador afectado, tan es así que la calificación de la "ausencia de secuelas valuables" origina en automático la reincorporación del elemento a su centro de trabajo, según dispone el artículo 24 de la reglamentación analizada. Asimismo, porque respecto de tal conclusión no existe instancia de revisión posterior a través de la cual pueda ser revalorada y, en su caso, revocada. Se afirma de ese modo pues, por un lado, la determinación que recaiga al respecto, de origen es revisada y respaldada por el aval del comité o subcomité de medicina del trabajo y expresada materialmente por el área de la subdelegación de prestaciones al reverso del formato RT-09; es decir, no está sujeta a una posterior ponderación. De ahí que, la determinación de que del riesgo de trabajo no derivaron secuelas valuables respecto del aquí quejoso, emitida por el área de medicina del trabajo de la citada subdelegación, implica una resolución definitiva en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su fracción VII, y por tanto impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otro lado, en relación con el segundo requisito para estimar competente a la autoridad, consistente en que se trate de una resolución en materia de pensiones, si bien en el formato impugnado no se niega de manera expresa la pensión por incapacidad pretendida por la parte actora, lo objetivamente cierto es que el dictamen de la ausencia de secuelas valuables derivadas del siniestro conlleva implícitamente tal determinación. Lo anterior es así, pues si el médico del trabajo con el aval del comité o subcomité respectivo, expresan su veredicto final con relación al siniestro en el sentido de que no existen lesiones a consecuencia del riesgo que provoquen la incapacitación del trabajador para desarrollar su función, sino por el contrario que debe ser reincorporado a su centro de trabajo, ello conlleva tácitamente la negativa de acceder a una pensión derivada del padecimiento causado por el riesgo previamente identificado como de trabajo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la resolución administrativa cuestionada reúne las condiciones necesarias para estimar competente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver sobre su legalidad, pues se trata de la determinación final de la autoridad respecto la calificación de los padecimientos derivados del riesgo de trabajo del aquí quejoso y, con ello, la imposibilidad de acceder al derecho pensionario pretendido por la inconforme. En suma, el suscrito concluye que el acto que se pretende reclamar a través de la demanda de amparo que se provee, debe ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto y el ordenamiento legal con base en el cual se tramita tal juicio, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado ni establece mayor término para proveer respecto de la misma que el que prevé la Ley de Amparo para resolver acerca de la suspensión provisional, por lo que resulta inconcuso que el impetrante de amparo, antes de promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 17, Abril de 2015, Tomo I, en la página 783, con número de registro 2008807, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". Además, tampoco se reclaman únicamente violaciones directas a la constitución, pues entre otras cosas, se aduce que la autoridad señalada como responsable, realiza una inexacta valoración del diagnóstico médico del hospital tratante llevado a cabo en veintiséis de abril del año en curso, así como que pasó por alto diversos estudios que se le realizaron desde el momento en que sufrió el accidente en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho. Y el acto que se reclama no carece de fundamentación, pues en el formato que contiene la determinación reclamada se asentaron los artículos 55, 56, 58, 59 inciso V, 61, 62 y 65 de la Ley del ISSSTE, así como el diverso artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que a juicio del suscrito juzgador no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción de observancia del principio de definitividad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como su autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio González González, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 187862. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Renato Alfredo Melgarejo Jan contra el acto reclamado a la autoridad denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad y otras más. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 869/2019-III-B. Al respecto, se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el Juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del escrito de demanda de juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La resolución de Ausencia de Secuelas Valuables, por Riesgo de Trabajo, calificada como tal y aprobada en sesión n° 11 de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciocho, por el subcomité de medicina del trabajo del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE)". Ahora, en el caso, respecto del acto reclamado ,se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, que rige el juicio de amparo. Ahora bien, a efecto de hacer patente el motivo de improcedencia invocado, es necesario citar el contenido del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, mismo que a la letra expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Así, previo a cualquier otra cuestión se estima necesario señalar, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanoss, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional únicamente a actos que tengan el carácter de definitivos. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que tienen el carácter de definitivos por no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos alude a que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan. Lo anterior, siempre y cuando, en los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se prevea la suspensión de los efectos de los actos motivo de los mismos, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, sin que la ley aplicable exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Ello, salvo las excepciones previstas por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia, todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Tiene aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, en el presente juicio, el quejoso reclama la resolución de Ausencia de Secuelas Valuables, por Riesgo de Trabajo, calificada como tal y aprobada en sesión número 11, de treinta de agosto del año dos mil dieciocho, por el subcomité de medicina del trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (ISSSTE) (formato RT-09). Para contextualizar el acto reclamado, es conveniente tener en cuenta el contenido de los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los diversos artículos 18, 23 a 25, 27, 28, 53, 54, 71 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez, los cuales son del contenido siguiente: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "Artículo 56. Para los efectos de esta Ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al Trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa. Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo. Los riesgos del trabajo pueden producir: I.- Incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo; II. Incapacidad parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar; III. Incapacidad total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de la vida, y IV. Muerte." "Artículo 58. Los riesgos del trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto, de conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. En caso de desacuerdo con la calificación el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un especialista en medicina del trabajo. En caso de desacuerdo entre la calificación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto propondrá una terna de médicos especialistas en medicina del trabajo, para que de entre ellos, el afectado elija uno. El dictamen del especialista tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la calificación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente". "Artículo 62. En caso de riesgo del trabajo, el Trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero: I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con goce del cien por ciento del sueldo, cuando el riesgo del trabajo imposibilite al Trabajador para desempeñar sus labores. El pago se hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las Dependencias o Entidades hasta que termine la incapacidad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del Trabajador. Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por riesgo del trabajo, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales a que deberá someterse el Trabajador y en la inteligencia de que si a los tres meses de iniciada dicha incapacidad no está el Trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o la Dependencia o Entidad, podrán solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, que sea declarada la incapacidad permanente. No excederá de un año, contado a partir de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del riesgo, el plazo para que se determine si el Trabajador está apto para volver al servicio o bien procede declarar su incapacidad permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes; II. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una Pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la Pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de valuación mencionada, teniendo en cuenta la edad del Trabajador y la importancia de la incapacidad, según que sea absoluta para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud para su desempeño. Esta Pensión será pagada mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta, en los términos de la fracción siguiente. Cuando el Trabajador pueda dedicarse a otras funciones por que sólo haya disminuido parcialmente su capacidad para el desempeño de su trabajo, las Dependencias y Entidades podrán prever su cambio de actividad temporal, en tanto dure su rehabilitación. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su capacidad. Si el monto de la Pensión anual resulta inferior al veinticinco por ciento del Salario Mínimo elevado al año, se pagará al Trabajador o Pensionado, en substitución de la misma, una indemnización equivalente a cinco anualidades de la Pensión que le hubiere correspondido; III. Al ser declarada una incapacidad total, se concederá al incapacitado una Pensión vigente hasta que cumpla sesenta y cinco años, mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta, igual al Sueldo Básico que venía disfrutando el Trabajador al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en funciones. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo. Los Pensionados por riesgos del trabajo tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, según la cuota diaria de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del Pensionado: a) En una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año, o b) Conjuntamente con cada mensualidad del pago de la Renta, incrementándose cada exhibición con la doceava parte de la gratificación anual". REGLAMENTO PARA LA DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE RIESGOS DEL TRABAJO E INVALIDEZ "Artículo 18. Reunidos los requisitos para la calificación del probable riesgo del trabajo, el médico de medicina del trabajo, procederá al análisis de lo siguiente: I. Correlación de las fechas que se reportan en cada uno de los documentos vinculados con el riesgo que se reclama; II. Coherencia de la hora reportada en que ocurrieron los hechos; III. Congruencia en la relatoría de los hechos que manifiesta el trabajador, los testigos presenciales y autoridades que tomaron conocimiento del caso; IV. Descripción de las actividades del trabajador; V. Relación causal entre el riesgo sufrido y la actividad laboral del trabajador; VI. De estar en presencia de una probable enfermedad profesional, se analizará la relación causal entre la patología y su actividad laboral; atendiendo al lugar, puesto (s) de trabajo, periodos de desempeño y el estudio del medio ambiente de trabajo; VII. Se consideran de igual forma los resultados obtenidos en los estudios de laboratorio y gabinete practicados al trabajador para emitir la calificación procedente, y VIII. En el caso de los riesgos ocurridos en trayecto, se considerarán estos de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley y en los artículos 473 y 474 de la Ley Federal del Trabajo, aquellos que ocurran durante el trayecto directo del domicilio particular al trabajo o viceversa, en el caso de que el domicilio particular forme parte de un edificio de departamentos, condominios o unidades habitacionales el domicilio particular se considerará hasta la puerta de la casa o del departamento. Asimismo, el resultado deberá ser: a) "no de trabajo" (improcedencia de profesionalidad del riesgo), y b) "si de trabajo" (procedencia de profesionalidad del riesgo)." "Artículo 23. Reconocida la profesionalidad del riesgo de trabajo, el Instituto determinará la situación médico-laboral del trabajador, a través de las valoraciones médicas trimestrales a las que deberá someterse, mismas que son responsabilidad del médico tratante, quien con apoyo de los auxiliares de diagnóstico que requiera, estará obligado a realizarlas, a fin de no rebasar, en su caso, el término de un año contado a partir de que el Instituto tenga conocimiento del riesgo o bien, a partir del inicio de la incapacidad para el trabajo; lo anterior de conformidad a lo previsto en los artículos 60, 62 y 65 de la Ley, en correlación con el diverso 491 de la Ley federal del trabajo. Para tal efecto, la subdelegación médica, las dependencias y entidades afiliadas, deberán llevar un control estricto de las licencias médicas presentadas por los trabajadores." "Artículo 24. Durante esta etapa de valoraciones trimestrales, el médico tratante, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a la normatividad sobre la expedición de licencias médicas, podrá o no expedir éstas dependiendo de la patología que presente el trabajador, o emitir el alta médica en caso de no existir secuelas, que permita la reincorporación del trabajador a su centro laboral. Dicho documento deberá remitirse al área de medicina del trabajo delegacional, en donde deberá elaborarse el formato RT-04 (alta médica por riesgo del trabajo)." "Artículo 25. El médico tratante en cualquier etapa de las valoraciones trimestrales, podrá expedir el certificado médico formato RT-09 con el diagnóstico nosológico, etiológico y anatomofuncional, a fin de que el médico de medicina del trabajo, en su caso, dictamine si el trabajador se encuentra en el supuesto de: ausencia de secuelas valuables o incapacidad parcial, situación que en todos los casos deberá ser analizada y avalada por el subcomité de medicina del trabajo. Las incapacidades totales deberán ser examinadas por el subcomité antes citado y remitidas al comité de medicina del trabajo para su aprobación o negativa." "Artículo 27. El médico tratante deberá realizar las valoraciones médicas que estime necesarias, con la finalidad de que en un plazo no mayor a nueve meses, contado a partir de la expedición de la primera licencia médica, emita el o los diagnósticos del caso a través del certificado médico formato RT-09, plazo dentro del cual, la dirección de la unidad médica del Instituto deberá de remitir el expediente clínico, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y el formato RT-09, al área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones correspondiente, a fin de que se dictamine ausencia de secuelas, incapacidad parcial o incapacidad total, según sea el caso. En caso de incapacidad total, se deberá contar invariablemente con el dictamen aprobado por el comité de medicina del trabajo. La subdirección médica de la unidad médica del Instituto deberá contabilizar el número de licencias otorgadas y los días otorgados al trabajador conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley." "Artículo 28. Recibido el diagnóstico del médico tratante, así como las valoraciones trimestrales, el área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones que corresponda procederá, con el aval del subcomité de medicina del trabajo, a dictaminar dentro del plazo de sesenta días naturales en el reverso del formato RT-09 las siguientes resoluciones, según sea el caso: a) Ausencia de secuelas valuables.- en el caso de que el médico tratante emita el alta médica, deberá elaborarse el formato RT-04 alta médica por riesgo del trabajo. En este caso la Subdelegación de Prestaciones que corresponda, deberá notificar en un término de diez días hábiles al trabajador, Dependencia, Unidad Médica y Subdelegación Médica; b) Incapacidad parcial con la aprobación del subcomité de medicina del trabajo delegacional; c) Incapacidad total.- en todos los casos deberá ser sancionada por el comité de medicina del trabajo; d) Cambio de actividad, y e) Muerte." "Artículo 53. Si el comité de medicina del trabajo resuelve aprobar el estado de incapacidad total del trabajador, el área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la resolución de la dictaminación, deberá notificar oficialmente el resultado de la resolución a las siguientes instancias: a) Al trabajador, a efecto de que inicie el trámite para la baja laboral por concepto de incapacidad total de acuerdo al contenido de la copia del certificado médico formato RT-09, el cual tendrá vigencia de dos años calendario, contados a partir de la fecha de su aprobación; b) A la subdelegación médica de la delegación correspondiente, con la finalidad de que tenga conocimiento de la resolución y dé por concluido el proceso de dictaminación, enviándole para tal efecto, copia del certificado médico formato RT-09; c) A la dirección de la unidad médica del Instituto responsable de emitir licencias médicas, a la cual se deberá enviar la copia del certificado médico formato RT-09, que se contempla para tal efecto, con el propósito de no volver a expedir licencias médicas por concepto alguno, toda vez que, la atención médica que se le brinde en lo sucesivo, será en calidad de pensionado, y d) A las (sic) dependencia o entidad de adscripción del trabajador, según sea el caso, con el objeto de que se expida la hoja única de servicios y la baja correspondiente, consignándose el concepto de incapacidad total como causa de la baja del trabajador. En la notificación se deberá anexar la hoja correspondiente de certificado de referencia. Asimismo, se le informará que la fecha de baja de trabajador deberá ser al vencimiento de la quincena en que se reciba la notificación". "Artículo 54. En el oficio de notificación que se dé a conocer al trabajador el resultado de la dictaminación del comité de medicina del trabajo, deberá contener además, el apercibimiento del contenido del artículo 248 de la Ley, el cual establece que el pago de las pensiones que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes en que hubieran sido exigibles prescribirán a favor del Instituto." "Artículo 71. El trámite de los recursos de inconformidad, para casos de riesgos del trabajo e invalidez, deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, con objeto de homologar criterios para la adecuada y oportuna substanciación de los mismos." "Artículo 72. Al notificar a la subdelegación de prestaciones correspondiente al trabajador sobre la improcedencia del riesgo de trabajo se le dará a conocer su derecho a inconformarse. El recurso de inconformidad sobre riesgos de trabajo, procede únicamente en contra de: La calificación del riesgo del trabajo; al momento en que el trabajador esté en desacuerdo con la determinación de la no profesionalidad del accidente o enfermedad reclamada. No procede recurso alguno en contra de: I. Ausencia de secuelas valuables: el dictamen emitido por el médico de medicina del trabajo y aprobado por el subcomité de medicina del trabajo delegacional en el cual se resuelve que no existe disminución órgano-funcional del riesgo ocurrido al trabajador; II. Valuación de secuelas: el dictamen emitido por primera vez por el médico de medicina del trabajo y aprobado por el subcomité de medicina del trabajo delegacional proveniente de un riesgo profesional que ocasiono secuelas valuables de acuerdo a la tabla prevista en el artículo 514 de la Ley federal del trabajo; III. Revaloración de secuelas por incremento: al determinar el médico de medicina del trabajo y aprobar el subcomité de medicina del trabajo delegacional el aumento de secuelas producto del riesgo y en consecuencia se incremente el porcentaje de la incapacidad parcial previamente otorgada; IV. Revaloración de secuelas por disminución: al diagnosticar el médico de medicina del trabajo y aprobar el subcomité de medicina del trabajo delegacional la disminución de secuelas producto del riesgo y en consecuencia se reduzca el porcentaje de la incapacidad parcial previamente otorgada; V. Revaloración de secuelas por ratificación: al establecer el médico de medicina del trabajo y aprobar el subcomité de medicina del trabajo delegacional que el daño órganofuncional que presenta el trabajador, no se ha incrementado y en consecuencia, se confirma el mismo porcentaje de la disminución órgano funcional, que dio origen a la incapacidad parcial previamente otorgada; VI. Aprobada la incapacidad total emitida por el comité de medicina del trabajo: al resolver este órgano colegiado la procedencia del otorgamiento de la incapacidad total; VII. Negativa de incapacidad total emitida por el comité de medicina del trabajo: al resolver este órgano colegiado la improcedencia de la incapacidad total, y VIII. Cuando la solicitud de calificación de riesgo del trabajo sea extemporánea; salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme se determina en el artículo 3, 4 y 13 del presente reglamento". De la interpretación integral de los artículos transcritos, se advierte que el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, consignado en el formato RT-09, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una resolución definitiva, en virtud de que constituye la expresión de la voluntad final del ente administrativo respecto de las consecuencias derivadas del accidente o enfermedad calificados previamente como riesgo laboral, ya que implica el reconocimiento de que no existen lesiones a consecuencia del incidente y, por tanto, que procede la reincorporación del elemento a sus actividades, aspecto que conlleva, implícitamente, la negativa de acceder a una pensión por incapacidad, pues la concesión de ésta, se encuentra supeditada a la calificación de la disminución o pérdida de las facultades del trabajador de modo permanente a consecuencia del evento, es decir, de la existencia de secuelas valuables, derivadas del padecimiento calificado como riesgo profesional. Al caso, resultan aplicables las tesis aisladas, emitidas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 34, del tomo IV, en septiembre de dos mil dieciséis, en las páginas 2998 y 2999, respectivamente, cuyo rubros y textos son los siguientes: "RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. De acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o una pensión, de resultar una incapacidad permanente parcial o total. Por su parte, de los diversos numerales 17, 18, 23 a 28, 71 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, se advierte que, una vez actualizado un riesgo profesional, los afectados deberán someterse a exámenes médicos trimestrales, de los cuales podrá derivar el alta del trabajador o la expedición del certificado médico formato RT-09, en el que se determine, previo dictamen del área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones correspondiente, con el aval del comité o subcomité de medicina del trabajo, si el trabajador se encuentra en el supuesto de ausencia de secuelas valuables o de incapacidad permanente parcial o total; además de que el recurso de inconformidad no procede respecto de la determinación de ausencia de secuelas derivadas de un riesgo de trabajo. En consecuencia, el dictamen relativo a este último aspecto, consignado al reverso del formato RT-09, emitido por dicho organismo, constituye la expresión de la voluntad final de éste en cuanto a que, derivado del siniestro no se actualizó la pérdida o disminución de las facultades o aptitudes del trabajador, lo que constituye la última palabra del órgano de seguridad social en relación con la valoración del padecimiento del trabajador, tan es así que origina en automático la reincorporación a sus funciones, aunado a que, respecto de esa conclusión no existe instancia de revisión posterior a través de la cual pueda ser revalorada y, en su caso, revocada". "RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, IMPLICA LA NEGATIVA IMPLÍCITA A OBTENER UNA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. De acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o a una pensión, cuando resulte una incapacidad permanente parcial o total; es decir, la obtención de una pensión por incapacidad, sea parcial o total, está supeditada a la calificación de la disminución o pérdida de facultades que en modo permanente impidan a los trabajadores prestar los servicios que tenían encomendados. Consecuentemente, el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, consignado al reverso del formato RT-09 conlleva, implícitamente, la negativa a obtener una pensión derivada del padecimiento relacionado con éste, pues ese veredicto implica que no existen lesiones a consecuencia del riesgo que provoquen la incapacidad del trabajador para desarrollar su función y, por tanto, que no se genere el supuesto de la procedencia de la pensión, conclusión que se respalda con los artículos 36, 37, 53 y 54 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, los cuales establecen que el resultado de encontrar secuelas evaluables derivadas del riesgo de trabajo dará lugar al otorgamiento de ese derecho, lo que implica, en sentido inverso que, de no existir aquéllas, no se generará beneficio económico alguno". En ese orden de ideas, al ser el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, consignado en el formato RT-09, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una resolución definitiva, que implícitamente, conlleva el cese de las licencias médicas y la reincorporación a su puesto de trabajo, así como la negativa a otorgar una pensión por incapacidad parcial o total, temporal o permanente, procede en su contra el juicio contencioso administrativo conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su capítulo II, correspondiente a la competencia del Tribunal y los conflictos de intereses, señala lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)". De lo anterior, se puede desprender que el tribunal administrativo es competente para conocer de toda resolución que verse en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siempre y cuando, como refiere el primer párrafo del precepto examinado, tenga el carácter de definitiva. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, en la página 2015, con número de registro 2019442, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación jurídica entre los servidores públicos citados y el Estado es de naturaleza administrativa. En ese sentido, el derecho de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales federales, de solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la calificativa de un riesgo de trabajo tiene esa misma naturaleza y, en consecuencia, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a este Tribunal conocer de los conflictos en los que se demande al Instituto mencionado el reconocimiento de un riesgo de trabajo." Esa afirmación atiende al régimen constitucional del cual deriva el vínculo en que se sustentan las prestaciones reclamadas (pensiones), el cual no es laboral, sino administrativo, ya que la relación entre el instituto y los derechohabientes no es de naturaleza del trabajo, en tanto que los últimos no son empleados del organismo de seguridad social. El contexto jurídico referido es apto para establecer que las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuentan con competencia para conocer de las controversias derivadas entre actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus derechohabientes, siempre que: 1) Se trate de resoluciones definitivas, y 2) Versen en materia de concesión, negativa, suspensión, modificación o revocación de pensiones. Así, de la lectura integral del escrito de demanda, se expresan diversos planteamientos tendentes a evidenciar que la calificación de los padecimientos y secuelas derivados del accidente de trabajo del quejoso, a su juicio, es indebida, lo que dio origen a la calificación de ausencia de secuelas valuables y, como consecuencia inmediata, implícitamente se determinó la negativa de otorgar la pensión correspondiente, por no cumplirse las condiciones previstas por el artículo 62, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la consecuente obligación de reincorporarse a sus actividades normales de trabajo. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o una pensión, de resultar una incapacidad permanente parcial o total. Por su parte, de los diversos numerales 17, 18, 23 a 28, 71 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, se advierte que, una vez actualizado un riesgo profesional, los afectados deberán someterse a exámenes médicos trimestrales, de los cuales podrá derivar el alta del trabajador o la expedición del certificado médico formato RT-09, en el que se determine, previo dictamen del área de medicina del trabajo de la subdelegación de prestaciones correspondiente, con el aval del comité o subcomité de medicina del trabajo, si el trabajador se encuentra en el supuesto de ausencia de secuelas valuables o de incapacidad permanente parcial o total. En el entendido que, respecto de la determinación de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo no procede el recurso de inconformidad consagrado en el artículo 58 de la ley del citado instituto. Expuesto de la anterior, se revela que la resolución establecida al reverso del formato RT-09, corresponde al dictamen de ausencia de secuelas valuables, el cual es la expresión de la voluntad final del instituto en cuanto a las consecuencias derivadas del accidente laboral. Cabe aclarar que no es el diagnóstico del médico tratante, contenido en el apartado 5.6 del formato, la resolución definitiva del órgano de seguridad social, sino la decisión asumida por el médico del trabajo de la subdelegación, con el aval del comité o subcomité, de que de dicho diagnóstico no se pueden desprender secuelas valuables que conduzcan a decretar una incapacidad parcial (artículo 62, fracción II) y, por tanto, una pensión. Esa decisión se encuentra expresada, como indica el artículo 28 del reglamento, en el reverso del formato bajo el numeral 6, en el cual se marca con una equis "x" que el riesgo ocasionó "ausencia de secuelas valuables", respaldada con la firma del responsable de la elaboración y el sello del departamento de pensiones, seguridad e higiene de la Subdelegación de Prestaciones en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Esto es, la determinación de que del riesgo de trabajo no derivaron secuelas valuables implica el reconocimiento por parte del área de medicina del trabajo de la subdelegación correspondiente en la Institución de Seguridad Social de que no existen lesiones a consecuencia del incidente, o bien, dicho de otro modo, la resolución de que, derivado del siniestro, no se actualizó la pérdida o disminución de las facultades o aptitudes del trabajador, que le impidan desempeñar la función que habitualmente desarrollaba como servidor público. Esa expresión de la voluntad de la autoridad es definitiva, ya que si se atiende a la exposición del contexto normativo a que se ha hecho referencia, se puede advertir que se trata la resolución que concluye, en sentido negativo, la valoración del padecimiento y sus eventuales consecuencias para el trabajador afectado, tan es así que la calificación de la "ausencia de secuelas valuables" origina en automático la reincorporación del elemento a su centro de trabajo, según dispone el artículo 24 de la reglamentación analizada. Asimismo, porque respecto de tal conclusión no existe instancia de revisión posterior a través de la cual pueda ser revalorada y, en su caso, revocada. Se afirma de ese modo pues, por un lado, la determinación que recaiga al respecto, de origen es revisada y respaldada por el aval del comité o subcomité de medicina del trabajo y expresada materialmente por el área de la subdelegación de prestaciones al reverso del formato RT-09; es decir, no está sujeta a una posterior ponderación. De ahí que, la determinación de que del riesgo de trabajo no derivaron secuelas valuables respecto del aquí quejoso, emitida por el área de medicina del trabajo de la citada subdelegación, implica una resolución definitiva en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su fracción VII, y por tanto impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otro lado, en relación con el segundo requisito para estimar competente a la autoridad, consistente en que se trate de una resolución en materia de pensiones, si bien en el formato impugnado no se niega de manera expresa la pensión por incapacidad pretendida por la parte actora, lo objetivamente cierto es que el dictamen de la ausencia de secuelas valuables derivadas del siniestro conlleva implícitamente tal determinación. Lo anterior es así, pues si el médico del trabajo con el aval del comité o subcomité respectivo, expresan su veredicto final con relación al siniestro en el sentido de que no existen lesiones a consecuencia del riesgo que provoquen la incapacitación del trabajador para desarrollar su función, sino por el contrario que debe ser reincorporado a su centro de trabajo, ello conlleva tácitamente la negativa de acceder a una pensión derivada del padecimiento causado por el riesgo previamente identificado como de trabajo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la resolución administrativa cuestionada reúne las condiciones necesarias para estimar competente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver sobre su legalidad, pues se trata de la determinación final de la autoridad respecto la calificación de los padecimientos derivados del riesgo de trabajo del aquí quejoso y, con ello, la imposibilidad de acceder al derecho pensionario pretendido por la inconforme. En suma, el suscrito concluye que el acto que se pretende reclamar a través de la demanda de amparo que se provee, debe ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto y el ordenamiento legal con base en el cual se tramita tal juicio, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado ni establece mayor término para proveer respecto de la misma que el que prevé la Ley de Amparo para resolver acerca de la suspensión provisional, por lo que resulta inconcuso que el impetrante de amparo, antes de promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 17, Abril de 2015, Tomo I, en la página 783, con número de registro 2008807, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". Además, tampoco se reclaman únicamente violaciones directas a la constitución, pues entre otras cosas, se aduce que la autoridad señalada como responsable, realiza una inexacta valoración del diagnóstico médico del hospital tratante llevado a cabo en veintiséis de abril del año en curso, así como que pasó por alto diversos estudios que se le realizaron desde el momento en que sufrió el accidente en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho. Y el acto que se reclama no carece de fundamentación, pues en el formato que contiene la determinación reclamada se asentaron los artículos 55, 56, 58, 59 inciso V, 61, 62 y 65 de la Ley del ISSSTE, así como el diverso artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que a juicio del suscrito juzgador no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción de observancia del principio de definitividad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como su autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio González González, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 187862. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario que autoriza y da fe.

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