Renata Gutiérrez Ricardez

Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
709/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Renata Gutiérrez Ricardez
  • Renata Gutiérrez Ricardez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el once de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar defintiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la autoridad responsable Presidenta Local de la Academia de Preparación de Alimentos y Bebidas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 709/2023, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación del incidente. Por oficio presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 123 - 133), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la autoridad responsable Presidenta Local de la Academia de Preparación de Alimentos y Bebidas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, promovió incidente de nulidad de notificaciones, contra la notificación realizada mediante oficio, del proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente incidente de suspensión. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente y se corrió traslado a las partes para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación, manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, mediante auto de veintinueve de agosto del actual, se tuvo a ********************, actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, informando que no realizó la notificación materia de la litis; por ello se ordenó correr traslado al actuario que realizó la notificación reclamada, ********************, con los escritos correspondientes, quien no realizó manifestación al respecto. Luego, integrado el incidente en comento y notificadas las partes, en proveído de ocho de septiembre del actual, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos; la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer del presente incidente de nulidad de notificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los diversos numerales 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo; dado que se interpuso dentro de un incidente de suspensión que se tramita en este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, resulta necesario analizar la procedencia del presente incidente. El incidente de nulidad de notificaciones tiene como objeto examinar la legalidad de las notificaciones realizadas en el juicio de amparo, a través de un incidente de especial pronunciamiento, el cual se resuelve en forma autónoma al fondo del juicio de amparo; es decir, aquéllas que, a decir del promovente, se realizaron en contravención a lo dispuesto por la Ley de Amparo y la legislación que resulta aplicable de manera supletoria. Para efectos de la procedencia del incidente, es importante indicar que en el artículo 68 de la Ley de Amparo se establece que, antes del dictado de la sentencia definitiva o bien con posterioridad a su dictado, las partes pueden pedir, en la siguiente actuación en que comparezcan, la nulidad de notificaciones cuando estimen que no se realizaron en las formas y términos que se establecen las disposiciones que rigen el juicio de amparo. Por su parte, el diverso 69 de la citada ley, dispone que declarada la nulidad se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. Ahora, de lo anterior se advierte que la citada Ley de Amparo, establece dos momentos procesales para la presentación de la nulidad aducida: a) Antes del dictado de la sentencia se puede pedir la nulidad en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. b) Una vez que se dictó la sentencia, se puede pedir la nulidad de actuaciones efectuadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. Así, por regla general, la nulidad de notificaciones se puede presentar contra actos emitidos en el juicio de amparo antes de pronunciarse la sentencia, debiéndose, por lo tanto, resolver antes de dictarse dicha resolución, a efecto de que el juzgador resuelva la cuestión efectivamente planteada. Y, también se puede presentar después de dictada la sentencia, pero respecto a notificaciones que se aduzcan incorrectas, que se verifiquen en forma posterior a aquélla. Por tanto, es procedente el incidente interpuesto, dado que la notificación que se analiza, es la ordenada en auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informaran la forma en que dieron cumplimiento a la suspensión definitiva concedida, debiendo agregar copia certificada de las constancias que lo acreditaran; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo indicado, en el plazo legal establecido, se les sancionaría en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. TERCERO. Oportunidad. La presente incidencia es oportuna, toda vez que ésta se promovió en la siguiente actuación en que compareció la autoridad responsable promovente, luego de haberse realizado la notificación impugnada, como lo señala el artículo 68 de la Ley de Amparo; y a su vez fue promovida dentro del plazo de tres días a partir de que tuvo conocimiento de dicha comunicación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 23/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 30, materia común, con registro digital: 2012797, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE TILDA DE IRREGULAR. Para efectos del artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la expresión "en la siguiente actuación en que comparezcan", debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Ahora, si bien la Ley de Amparo no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, el legislador estableció en su artículo 2o. que, a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de 3 días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal." CUARTO. Síntesis de argumentos expuestos en el oficio incidental. La autoridad responsable aduce, esencialmente: 1. Que señaló como forma de recibir notificaciones el usuario electrónico "********************" o el ubicado en calle ********************, Centro, Oaxaca. 2. Que no fue notificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, a través de los medios antes mencionados. 3. Que tuvo conocimiento de dicho auto el quince de agosto del año en curso, por medio de la Dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, donde le manifestaron que había un acuerdo de nueve de agosto del año en curso. Pruebas de la autoridad incidentista. La parte incidentista ofreció las siguientes pruebas: 1.- La instrumental de actuaciones. 2. Presuncional legal y humana. QUINTO.- Manifestaciones y pruebas del actuario judicial adscrito. El Actuario Judicial ********************, responsable de realizar la notificación impugnada, no realizó manifestación y tampoco ofreció pruebas al respecto SEXTO. Litis incidental. Se centra en determinar si la notificación del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, realizada mediante oficio por ********************, Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, se realizó en apego a lo dispuesto por el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Pronunciamiento de fondo. Resulta infundado el incidente planteado, por las siguientes razones. Como ya quedó precisado en el considerando cuarto, en sus motivos de nulidad, la autoridad responsable aduce en esencia lo siguiente: 1. Que señaló como forma de recibir notificaciones el usuario electrónico "********************" o el ubicado en calle ********************, Centro, Oaxaca. 2. Que no fue notificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, a través de los medios antes mencionados. 3. Que tuvo conocimiento de dicho auto el quince de agosto del año en curso, por medio de la Dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, donde le manifestaron que había un acuerdo de nueve de agosto del año en curso. Son inoperantes los argumentos expuestos, en contra de la notificación del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, realizada mediante oficio el once siguiente, pues en el auto de la citada fecha, se requirió a las responsables para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, informaran la forma en que dieron cumplimiento a la suspensión definitiva concedida, debiendo agregar copia certificada de las constancias que así lo acreditaran, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, serían sancionadas en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. El once de agosto siguiente, el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, notificó dicho auto mediante oficio, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, en que aparece el sello de recepción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca (foja 123). Lo anterior, no obstante que en la interlocutoria de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta Local de la Academia de Preparación de Alimentos y Bebidas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, proporcionando como usuario electrónico "********************", para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas. Por otra parte, de autos se advierte que mediante oficio que fue presentado el diecisiete de agosto del año en curso (foja 124), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede San Bartolo Coyotepec, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, la autoridad responsable, Presidenta Local de la Academia de Preparación de Alimentos y Bebidas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, dio contestación al requerimiento formulado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, informando que no tenía facultades y que tampoco era de su competencia o atribuciones, realizar el cumplimiento de la suspensión definitiva; lo que informó en los siguientes términos: "[.] De la prevención y requerimiento que se me hizo en el acuerdo en (sic) de fecha nueve de agosto de la presente anualidad y que de manera extrajudicial me enteré que me solicita "que informe el cumplimiento de la suspensión definitiva", manifiesto lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no está en mi alcance dar cumplimiento lo requerido por su señoría. Lo anterior porque la suscrita no tengo las facultades, así como tampoco es de mi competencia y/o atribuciones, para realizar el cumplimiento de la suspensión definitiva, tampoco puedo anexar copias certificadas por lo anteriormente expuesto. Toda vez que las que pudieran gestionar para dar cumplimiento a la suspensión definitiva son: la Directora y Jefa de Oficina de Control Escolar turno matutino, del Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número Veintiséis de Oaxaca de Juárez. [.]" También se aprecia de las actuaciones que obran en el presente incidente de suspensión, que el oficio por el que la responsable promovió el incidente de nulidad de notificación, fue presentado el diecisiete de agosto del año que transcurre, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede San Bartolo Coyotepec, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente; misma fecha en que dio cumplimiento al requerimiento formulado el nueve de los referidos mes y año. En consecuencia, con independencia de que la notificación que se tilda de ilegal, se encuentre o no apegada a las formalidades previstas en la ley, la misma se encuentra convalidada; ello, con las manifestaciones formuladas en el oficio presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en que la responsable dio cumplimiento al requerimiento formulado el nueve de agosto del año que transcurre. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis III.1o.A.84 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1370 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, con número de registro digital 189035, que dice: "NOTIFICACIÓN. SUS IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL SE CONVALIDAN SI EL PARTICULAR COMPARECE ANTE LA AUTORIDAD A OBSEQUIAR LO SOLICITADO. El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente dice: "... En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. ...". El artículo 238 del citado código señala: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. ...". De lo anterior se deduce que cuando exista una violación durante el procedimiento realizado para que el particular cumpla con lo exigido por la autoridad hacendaria, la violación debe ser de tal índole que lo deje en estado de indefensión, al grado de que no pueda cumplir con lo que se le exige ni pueda hacer valer los medios de defensa que para tal efecto señala la ley, pues de otro modo la violación no tendría afectación a las defensas del quejoso ni trascendería al sentido de la resolución impugnada." Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Octava Época, visible en la página 277 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, con número de registro digital 216678, que dice: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL AMPARO. LAS CONVALIDAN LAS MANIFESTACIONES EN EL JUICIO QUE REVELEN EL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS. El artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que: "... si la persona mal notificada o no notificada se manifestare ante el tribunal sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviera hecha con arreglo a la ley"; así que, si la parte notificada indebidamente en el juicio de amparo, se ostenta sabedora del acuerdo, asunto o proveído objeto de la notificación, cuando ejercita algún acto procesal con posterioridad a la diligencia ilegítima, realizado dicho acto, se convalida la notificación ilegal, pero siempre que dicho acto revele el conocimiento de la actuación materia de la notificación. Con lo anterior, queda en evidencia con el auto dictado el dieciocho de agosto del año en curso, en el que se tuvo informando la imposibilidad para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en este asunto, y no le fue aplicado el apercibimiento contenido en acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés; por lo que no existe afectación alguna a las defensas de la autoridad responsable. De ahí que el incidente de nulidad de notificaciones, resulte infundado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. Es INFUNDADO el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la responsable Presidenta Local de la Academia de Preparación de Alimentos y Bebidas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, contra la notificación del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 709/2023, por las razones expuestas en el último considerando de esta determinación. NOTIFÍQUESE, Y POR LA VÍA ELECTRÓNICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE INTERPUSO EL PRESENTE INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no le fue posible al Actuario de esta adscripción notificar a la parte quejosa ****************************, en representación de la adolescente de iniciales ****************************, el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, debido a que el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones es impreciso, ya que si bien proporciona número de casa, colonia y ciudad, no así, el nombre de la calle. En las relatadas circunstancias, se ordena que las notificaciones personales que surjan en este asunto, así como la de proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, se realicen por medio de lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; lo anterior hasta en tanto subsanen tal omisión. NOTIFÍQUESE. ----EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - - -San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexos de cuenta que remite la Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26 de San Felipe del Agua, Oaxaca, visto su contenido, se le tiene remitiendo las constancias requeridas en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, para que surtan los efectos legales consiguientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, mediante demanda de amparo presentada por ********************, en representación de su menor hija de iniciales ********************., reclamó del Director del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, Subdirector, Jefa de la Oficina de Control Escolar, turno matutino y Presidente Local de la Academia de Preparación de Alimentos, todos del referido Centro de Bachillerato, lo siguiente: * La negativa de expedir el certificado de estudios de la menor de iniciales ********************., quien cursó el bachillerado en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 26, de San Felipe del Agua, Oaxaca. * La retención del certificado de bachillerato. * La omisión de notificar el inicio del procedimiento sancionador por faltas de asistencia a la estudiante de iniciales ********************., así como a la promovente ******************** (madre de la menor). Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de notificar el inicio del procedimiento sancionador por faltas de asistencia a la estudiante de iniciales ********************., así como a la promovente ******************** (madre de la menor), este órgano jurisdiccional advierte que no existe dicho acto reclamado. Lo anterior es así, pues de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, de San Felipe del Agua, Responsable de la Subdirección Académica, Jefa de la Oficina de Control Escolar, y Presidenta Local de la Academia de Preparación de Alimentos y Bebidas, todos del referido Centro de Bachillerato, así como de las documentales que remitieron, relacionadas con los actos reclamados, no se aprecia que se haya iniciado algún procedimiento sancionador por faltas de asistencia a la estudiante de iniciales ********************. Inclusive, el Responsable de la Subdirección Académica del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, en su informe manifestó que el siete de julio de dos mil veintitrés, al revisar el historial de la estudiante de iniciales ********************., para la liberación como alumna regular, por tratarse de una alumna del sexto semestre, aun cuando no se encuentra dentro de sus funciones revisar el estatus de cada alumno, ya que cuentan con medios electrónicos para ser notificados de sus calificaciones y asistencias a clases; sin embargo, vía telefónica, notificó a ********************, y a su menor hija, que detectó que tenía reprobada una materia por inasistencias, y que estaba en tiempo para checar su situación con el docente. De lo que se sigue, en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 26, de San Felipe del Agua, no se formó o inició algún procedimiento sancionador por faltas de asistencia a la estudiante de iniciales ********************., y por ello, la omisión de notificar el inicio de tal procedimiento, resulta inexistente. En consecuencia, dado que la parte quejosa no demostró en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, y tampoco obra en autos algún medio de prueba con que se acredite su existencia; procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional, por lo que hace al acto reclamado antes referido, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, por lo que respecto a los diversos actos reclamados, consistentes en la negativa de expedir el certificado de estudios de la menor de iniciales ********************., quien cursó el bachillerado en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 26, de San Felipe del Agua, Oaxaca, así como la retención del certificado de bachillerato; este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se afirma que en el caso en estudio se actualiza la referida causa de improcedencia, ya que de las copias certificadas que remitió la Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 26, en San Felipe del Agua, Oaxaca, con el oficio de cuenta, se advierte que el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, le fue entregado a la mejor de edad de iniciales ********************., el certificado de terminación de estudios, expedido a su nombre por la Secretaría de Educación Pública, como se aprecia del libro de control de folios de certificados, en que aparece la firma de la alumna. Además, que el veintinueve de agosto del año que transcurre, ********************, madre de la estudiante, recibió la carta de buena conducta, expedida por la Directora del Centro de Bachillerato antes mencionado, a nombre de la menor de iniciales ********************. Luego, es inconcuso que al haberse hecho entrega del certificado de terminación de estudios y de la carta de buena conducta, a nombre de la estudiante de iniciales ********************., el veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, respectivamente; lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de julio del año que transcurre), han cesado los efectos del acto reclamado; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo; y como consecuencia se restableció a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir los actos reclamados y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que los actos reclamados cesaron en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, con número de registro digital 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre del año en curso, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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