Renata Correa Flores

Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Renata Correa Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en atención al mismo, remite copia de los proveídos de veintitrés y treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictados en el juicio de amparo 1208/2023, por el titular de su adscripción, de los que se advierte que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal por turno para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., quien se ostenta mandatario judicial de ...; y al efecto remite el juicio de amparo en comento y diversas promociones, aduciendo que a este órgano jurisdiccional le corresponde conocer de dicha demanda por haber conocido previamente del juicio de amparo 520/2023, promovido por ..., quien se ostentaba mandatario judicial de la quejosa ..., y en representación de su menor hijo, contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado del juicio familiar 110/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, y dado que efectivamente, este juzgado tuvo conocimiento previo respecto a diverso acto emanado del mismo procedimiento jurisdiccional emitido por la misma autoridad responsable, esta juzgadora estima que el estudio de la demanda referida le compete a este juzgado; en esa virtud, y a efecto de equilibrar las cargas procesales de los juicios de amparo que ingresan en materia civil en esta ciudad, remítase la demanda de referencia y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Materia Civil en la Ciudad de México, para que ésta a su vez les otorgue el trámite correspondiente, y una vez hecho lo anterior la remita a este juzgado como demanda nueva. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XVIII, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción; siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta mandatario judicial de la quejosa ********************y en representación de su menor hijo de nombre de iniciales G.I.M.C., contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 520/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. De la lectura de la demanda, se advierte que respecto de los actos reclamados en la presente demanda de garantías resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. El numeral citado con antelación, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, la fracción invocada en líneas que anteceden, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En el caso a estudio, el promovente señala como acto reclamado el proveído de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia del orden familiar, por medio del cual el juez responsable ordenó llevar a cabo una plática con el menor hijo de las partes para el día dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. De la demanda de garantías se advierte que se trata de un juicio de controversia del orden familiar seguido por ********************, contra ********************en el que el actor demandó un régimen de visitas y convivencias con el infante de nombre de iniciales G.I.M.C., que seguida su secuela procesal, el once de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable ordenó se llevará a cabo una plática con el menor hijo de las partes el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en virtud de que ********************se opuso al régimen de visitas y convivencias que demandó el hoy tercero interesado, lo que constituye el acto reclamado. En ese sentido, como se desprende del análisis integral de la demanda de garantías, al acto reclamado le resultan aplicables las disposiciones del título décimo sexto de las controversias del orden familiar, por tanto, procede el recurso de apelación de conformidad con los artículos 688, 689, 696 y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.)." "Artículo 689. Pueden apelar; el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." Artículo 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. (.)." El numeral 950, del ordenamiento mencionado, dice: "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este Título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en forma y términos previstos por el Título Décimo Segundo del presente Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a afecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." De tal manera, se estima que la parte solicitante de amparo no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al ser parte en el juicio natural, está en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario a que se alude, y con ello obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado; y si no lo agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual se surte la causal de improcedencia aludida. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.833C, con registro digital 163887, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1159, que señala: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." También, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 217325, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, febrero de 1993, página 271, que a la letra dispone: "JUICIO DE AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL, AUN TRATANDOSE DE ACCIONES DEL ESTADO CIVIL O QUE AFECTEN EL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA. Es inexacto que tratándose de un juicio de divorcio pueda promoverse amparo directo contra la sentencia de primera instancia sin necesidad de agotar el recurso de apelación contra ese fallo. Porque lo contrario se desprende de la simple lectura del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General. En efecto, dicho precepto previene que procede amparo directo tanto contra violaciones de fondo como contra violaciones de procedimiento, estando constituidas las primeras por aquellas que se cometen en las propias sentencias, y las segundas surgen en el curso del procedimiento. Y es precisamente al hablar de éstas últimas cuando el dispositivo exime de agotar los recursos ordinarios en juicios sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia. Lo que significa que no hay necesidad de preparar el amparo únicamente respecto de las violaciones de procedimiento, pero si existe obligación de apelar el fallo de primer grado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin que sea óbice a lo anterior, la existencia del criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), con registro digital 2004677, que al rubro dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", dado que el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al realizar una interpretación del aludido criterio determinó que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en el presente caso no se actualiza lo determinado en el criterio que se alude, debiéndose estar a la jurisprudencia PC.I.C. J/2 C (11a.), con registro 2023538, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2557, libro 5, septiembre 2021, tomo II, que dice: "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala." Sentado lo anterior, se colige que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al ser parte demandada en el juicio natural, está en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario que se alude, y con él obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados; y si no lo agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso numeral 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. En otro orden de ideas, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales, y por autorizados en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a las demás personas que indica, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados al quejoso a representante legal con facultades expresas para ello. Por otra parte, y como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario ******************** por tanto, realícense las gestiones necesarias, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, en cuanto al correo electrónico y número telefónico que indica para recibir notificaciones, no ha lugar a tener por señalado el mismo, en virtud de que el artículo 26, de la Ley de Amparo, establece la forma en la que se van a realizar las notificaciones y en el inciso IV, refiere que se realizan por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hubiesen obtenido la firma electrónica. Ahora bien, y toda vez que no señala domicilio físico ni electrónico con forme al artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa antes citada por medio de lista, el presente proveído y todas las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal hasta que señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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