Renans Emiliano O'reilly Fernández

Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
243/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Renans Emiliano O'reilly Fernández
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveído a los autos el oficio 30877, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con firma electrónica y evidencia criptográfica, a través del cual transcribe el auto de tres de junio del año en curso, del que se advierte que ordenó remitir los autos del 495/2022-II, promovido por Renans Emiliano O´reilly Fernández; al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado entre el juzgado oficiante y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. Lo anterior, ya que por proveído de veintisiete de mayo del presente año, se ordenó el archivó del presente asunto, ya que Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, aceptó la competencia declinada por este órgano constitucional. Cúmplase

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio 30802, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, vía electrónica en el "Sistema Interconexión OJ", a través del cual acusa recibo del diverso 5508/2022, por el que se remitió por incompetencia por razón de territorio el juicio de amparo 243/2022, promovido por Renans Emiliano O´reilly Fernández; asimismo, se advierte que admitió a trámite dicha demanda. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. De igual forma, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós Agréguese a sus autos el oficio 27855/2022 signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con firma electrónica y evidencia criptográfica, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 253/2022 (orden 432/2022), derivado de este cuaderno de antecedentes, remitido a fin de notificar al quejoso Renans Emiliano O'reilly Fernández, el proveído de once de abril del año en curso. Dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea necesario acusar el recibo toda vez que el mismo fue enviado a través de la Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por lo que se generó al momento del envío. Ahora bien, respecto a la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrito a dicho órgano jurisdiccional, esto es, de notificar el proveído de once de abril de abril del año en curso, dado que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Nuevo León, fue informada que al quejoso ***, se le dio la salida el primero de abril del presente año, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, estando presente la actuario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, de lo cual se toma nota. Por otra parte, glósese a los autos el diverso 18801//2022, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a través del cual en cumplimiento al auto de seis de abril del año en curso, remite el juicio de amparo indirecto 572/2022, de su índice, por los motivos ahí expuesto. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que en su momento se declinó la competencia en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno; sin embargo, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, no acepto la competencia declinada en veintiséis de marzo del año en curso, al considerar lo siguiente Tomando en consideración el contenido del artículo 56 de la. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en lo que aquí interesa señala Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: l. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;. Sobre el tema de competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior, se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Tomo XXIX, con número de registro 167761, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Por tanto, con los datos con que actualmente se cuentan, puede decirse que los actos reclamados en la demanda que nos ocupa son de la competencia de los juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. Además, aun cuando también se advierten diversos actos reclamados, atento a su descripción puede sostenerse que se suscitan o tienen relación estrecha con el despliegue de atribuciones que pueden culminar con la deportación reclamada por la parte quejosa, por lo que en aras de no dividir la continencia de la causa, en virtud de que los actos que se reclaman, se advierte que son de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. Al respecto cobra aplicación, la tesis I.160.A.12 K (10a), del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IMPUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE ESTUDIARLA EN SU TOTALIDAD.", que el juzgador está obligado a estudiar la acción constitucional que le es planteada, de manera integral, toda vez que dividir la continencia de la causa es tanto como contravenir los principios básicos que estructuran el proceso y, por ende, la Ley de Amparo misma. Bajo ese contexto, si el acto reclamado afecta la libertad personal en materia migratoria -emisión y ejecución de una orden de deportación- que es del conocimiento de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conjuntamente, se impugna la constitucionalidad de disposiciones de naturaleza administrativa, como pueden ser la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como su reglamento y diversos actos en los que se aplicaron, por ejemplo, la resolución emitida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración que niega al quejoso la condición de refugiado o el incumplimiento de las autoridades migratorias de notificar de oficio a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados a éstos, no es posible escindir el estudio de los actos que correspondan a la materia penal, toda vez que, atento a la naturaleza de la litis constitucional planteada, debe ponderarse en su integridad el libelo, pues de acuerdo con las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, constituye la base del juicio como una verdadera unidad, y si bien no existe disposición legal que imponga al Juez como obligación estudiar conjuntamente los diversos actos reclamados, así debe hacerlo, so pena de dividir la continencia de la causa en perjuicio del quejoso y de su seguridad jurídica, y contravenir los principios básicos de la acción constitucional. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal conocer del juicio promovido contra las disposiciones y actos señalados." Por otra parte, no obstante que del exhorto de cuenta se advierte que el quejoso ya no se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Nuevo León; sin embrago, de su escrito de demanda se desprende que todas las autoridades señaladas como responsables se encuentran fuera del territorio donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción y se ubican en la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en la cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con sede en Nuevo León, residente en Monterrey, por tanto, remítase los autos originales del presente juicio de amparo, al referido Juez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en cuatro del actual, se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para efectos de que informara si acepto o no la competencia declinada a su favor, sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, toda vez que en proveído de uno de abril del año en curso, se reservó acordar respecto al domicilio que señala el quejoso Renans Emiliano O'reilly Fernández, en el cual aduce tener la oportunidad de establecerse en Guadalupe, Nuevo León; en su atención y a fin de no hacer nugatorios sus derechos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Amparo, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, deberá acreditar ante la autoridad migratoria responsable los siguientes lineamientos y medidas de seguridad: I. Establecer domicilio o lugar en la localidad en la se encuentre alojado; II. El directo quejoso no podrá ausentarse sin previa autorización del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, del domicilio que para el efecto señale para su resguardo; y, III. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces, será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. IV. Finalmente, deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Cabe precisar que en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario fijar garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como es el directo quejoso en su calidad de migrante, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA Ahora bien, toda vez que el quejoso Renans Emiliano O'reilly Fernández se encuentra detenido en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad Monterrey, Nuevo León; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria y le notifique personalmente este proveído. Se faculta al homólogo federal para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, se solicita que las constancias relativas a la diligencia encomendada sean enviadas únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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