RENAN ZARATE ROSALES y Otros.
Expediente 1979/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 21 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1979/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- RENAN ZARATE ROSALES y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III-A Vista la demanda de amparo promovida por RENÁN ZARATE ROSALES, y otros, contra actos del Honorable Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1979/2015. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, relación con el diverso 7º de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". De conformidad con los preceptos antes transcritos, el juicio de amparo promovido por personas morales oficiales únicamente es procedente cuando una norma general, acto u omisión las afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; entendiéndose de tal manera que interpretando a contrario sentido el artículo 7º de la ley de la materia, el juicio de amparo interpuesto por personas morales oficiales es improcedente, a menos que se afecten los intereses patrimoniales de aquéllas, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Respecto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente". (Jurisprudencia 2a./J. 92/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 292, Materia Administrativa, Novena Época). En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis donde emana el criterio transcrito, la Segunda Sala, estimó lo siguiente: ".según se aprecia de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, los juicios de amparo directo de los que deriva la presente contradicción de tesis fueron promovidos por funcionarios públicos, es decir, por representantes de órganos de gobierno del Distrito Federal. En este sentido, es claro que aquéllos fueron promovidos por personas morales oficiales. De los propios considerandos se aprecia que dichos juicios se hicieron valer en contra de sendas sentencias emitidas en diversos juicios de nulidad en las que se declaró la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectivas unas multas que se impusieron a funcionarios públicos. Es importante hacer notar que las multas de que se trata se impusieron a las personas físicas, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. En el orden de ideas expuesto, si las multas correspondientes se impusieron a las personas físicas que desempeñaban los cargos respectivos, es claro que éstas son las que deben cubrir el monto de aquéllas de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.' (Se transcribe). En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida en un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa que se impuso a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan sus derechos patrimoniales pues tal multa deberá ser cubierta por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Por consiguiente, el juicio de amparo directo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o., ambos de la Ley de Amparo.". Del criterio anteriormente transcrito se puede concluir que, en caso de imposición de una multa a algún funcionario o autoridad por incumplimiento de alguna resolución, dicho medio de apremio se impone a la persona física, quien, resiente la violación a sus derechos patrimoniales; y, en consecuencia, es la parte que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo, legitimación de la que carece la persona moral oficial, pues el importe de la multa deberá cubrirlo una persona física con su propio peculio, no con el presupuesto asignado a la dependencia de que se trate. Ahora bien, en el caso, los quejosos RENÁN ZARATE ROSALES, JERÓNIMO EMILIANO GARNICA ROSALES, en su carácter de Presidente y Síndico Municipal de San Carlos Yautepec respectivamente; SANTIAGO MARTÍNEZ BLANCO, en su carácter de Presidente Municipal de Sana Ana Tavela Yautepec; LEODEGARIO PÉREZ ZARATE, en su carácter de Síndico Municipal de San Juan Lajarcia, San Carlos Yautepec, señalaron como acto reclamado el Acuerdo General 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante el cual se ordena la redistribución he implementación de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento pues aducen que "mediante el acuerdo general que antecede los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizan un reparto competencial en materia de administración de Justicia Penal, mediante el cual sin consulta previa a nuestros pueblos indígenas realizan un traslado competencial a la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca." Sin embargo, al promover la demanda con el carácter de Autoridades Municipales carecen de legitimación, porque dicho acuerdo general 33/2015 no afecta el patrimonio de los Ayuntamientos de San Carlos Yautepec, Santa Ana Tavela Yautepec y San Juan Lajarcia, San Carlos Yautepec, Oaxaca. respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo además en el diverso 113, de Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, el que indica; y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a BONIFACIO ROBLES MÉNDEZ, dado que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para recibir notificaciones a las personas restantes. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por exhibidas las documentales que anexa, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. (SE NOTIFICA PREVIO AVISO. CONSTE.)
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