Renan Hidalgo Hechezarreta

Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
414/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Renan Hidalgo Hechezarreta
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso el recurso de queja, en contra del proveído de diecisiete de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado el precitado proveído, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique además del nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que ésta es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 45.- ..." El juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente en la demanda presentada vía electrónica, pues si ésta, en el caso, es la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, ya que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de derechos en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica del promovente en la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica por carecer de firma de quien promueve, porque, como ya se dijo, la falta de la expresión de voluntad no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo últimamente citado, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. En la inteligencia de que este asunto no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, aun cuando se refiere que algunos quejosos están siendo objeto de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, tales como "tortura sicofísica" (sic) y emocional, así como intimidación y discriminación de tracto sucesivo, lo cierto es que se advierte que dichos actos los reclaman como consecuencia de los diversos consistentes en el traslado y reubicación de dormitorios que destacadamente se observan en el escrito de mérito. Lo mismo, con los consistentes en la discriminación por ideología, preferencia y condiciones socioeconómicas, inaplicación de criterios internacionales, entre otros, pues se advierte que se trata de calificativos en contra de la reubicación y el traslado señalados. En esas condiciones, al no haberse manifestado la voluntad de la parte quejosa de promover este juicio, se DESECHA la demanda de amparo referida, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, Constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifiquese.

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