RENAN HIDALGO ECHAZARRETA y Otros.
Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- RENAN HIDALGO ECHAZARRETA y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barron
- Renan Hidalgo Echazarreta
- Director de la Penitenciaria de la Ciudad de Mexico
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Colima, Colima, dos de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede se advierte que el plazo de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de enero al uno de febrero de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna mediante la cual interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que si bien se desechó la demanda, previamente se concedió la suspensión de plano, asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de depuración. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Asimismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. En consecuencia, se dejan sin efectos los requerimientos, apercibimientos y efectos de la suspensión de plano concedida en auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, haciendo del conocimiento de las autoridades responsables dicha circunstancia. Notifíquese por lista.
- Principal
Cumplimiento de prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por ***, mediante el cual exhibe el escrito de los promoventes del amparo, con el que cumplen con la prevención formulada en autos. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Dicho precepto ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar un proceso cognitivo en la contradicción de tesis 307/2012, del diverso artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo abrogada, que es similar al 61, fracción X de la Ley de Amparo vigente; sostuvo que de dicho precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requieren los siguientes elementos: La existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades. Que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada. Lo anterior, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Consecuentemente, estimó que si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para ello, señaló que es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues solo de esta forma se garantiza que al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. En efecto, argumentó que es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia, y en el otro se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. En estas condiciones, argumentó que es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso, por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y, en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. Lo anterior, pues adujo que para evitar desatender indebidamente la acción planteada en los dos juicios con identidad de quejosos, actos y autoridades, la Ley de Amparo dispuso en su artículo 51 un procedimiento merced al cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, de modo que sea un solo juzgador quien analice y valore con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo, e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo pero por motivo legal distinto. Por lo que, mencionó, que de este precepto deriva claramente que cuando un juez de Distrito tenga conocimiento de que otro está conociendo de otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean diversos, tiene el deber de seguir los lineamientos que marca esta disposición para lograr, en su caso, que los juicios en cuestión se concentren ante el juez cronológicamente primario para que decida lo que corresponda acerca de la causal de improcedencia, y también determine, en su caso, sobre las sanciones que deban imponerse a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios con contenido idéntico, en los casos en que así lo ameriten. Por todo lo anterior, concluyó que si el propósito de la Ley de Amparo fue sobreseer por litispendencia solamente en uno de los juicios coexistentes, resulta indispensable que la demanda de amparo de ambos asuntos se encuentre al menos admitida, pues si no lo estuviera en alguno de ellos, no podría saberse si hay la garantía de que el quejoso será oído en defensa de sus intereses de llegar a estimarse que la demanda pendiente de admisión es la que no configuró la referida causal, en tanto que bien podría acontecer que su trámite nunca se inicie por cualquier otro motivo. Consideraciones que originaron la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2006145, de contenido: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En el caso, Carlos Alberto Angelino Barrón, Renán Hidalgo Echazarreta y Eduardo Ampudia Fraustro, reclaman los mismos actos que ya fueron y siguen analizándose en diversos juicios de amparo que han promovido en gran cantidad de circuitos del Poder Judicial de la Federación, en donde reprocharon los mismos actos e idénticas autoridades responsables a los señalados en el escrito de demanda que se provee. Para evidenciar lo expuesto, se destaca como hecho notorio que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por citar algunos, se constató que los aquí agraviados promovieron el juicio de amparo 1419/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, el cual se cita como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los cuales se observa que fueron promovidos por los mismos quejosos, autoridades y actos reclamados, mismo que se encuentra en trámite. Se cita en apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Tribunal Pleno, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017123, que indica: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En consecuencia, debe decirse que la acción constitucional deviene improcedente, en virtud de que se tratan de los mismos actos reclamados y autoridades responsables que en el juicio de amparo 1419/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. En este sentido, existe imposibilidad jurídica para analizar dos veces un mismo acto, además porque la causa de improcedencia contemplada en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias en contra del mismo acto reclamado. Apoya lo anterior, el criterio de tesis VII.P. 83 K, localizable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También resulta aplicable la tesis publicada en la hoja 142, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216 Primera Parte, Pleno, que contempla: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR, EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de algunas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." De igual forma, la tesis de jurisprudencia 235, visible en la foja 193, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Asimismo, es ilustrativa la tesis XIX.2o.12 K, visible en la página 312, Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." De igual forma, la tesis publicada en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En relatadas condiciones, resulta inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con el diverso 18 de la Ley de Amparo, ya que la demanda resulta extemporánea, por lo que se impone desechar la demanda, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento. Sin que se desconozca que al resolver la contradicción de tesis 307/2012, el Pleno del Tribunal Máximo del país, determinara necesario que, para que se actualice la citada causa de improcedencia, deben encontrarse admitidos los juicios de amparo con identidad de partes y actos; no obstante, en el caso, se considera que aun cuando no exista un auto donde se admita esta demanda, no se deja en estado de indefensión a los impetrantes. Ello es así, porque al resolver dicha contradicción el Máximo Tribunal buscó garantizar que los quejosos conserven la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las demandas de contenido coincidente, de manera que no se les dejara sin protección por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno u otro juicio. Sin embargo, como se precisó, en el caso no solo se encuentran tramitados más de dos juicios de amparo por los impetrantes en contra de los mismos actos de las autoridades que en esta vía se reclaman, si no que de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pueden advertirse, a la fecha de radicación de la demanda, esto es, el veinte de noviembre de dos mil veintiuno, más de cuatro mil ochocientos juicios de amparo indirectos tramitados en toda la república por los mismos impetrantes, demandas de contenido coincidente [y actualmente, más de catorce mil registros de juicio de amparo promovidos por los aquí quejosos], lo cual es un hecho notorio para este juzgador en términos de la tesis invocada, al margen de que, este juzgado federal también ha recibido múltiples demandas por los mismos quejosos, en los que, previo al pronunciamiento respectivo de suspensión de plano, se ha declinado la competencia a diversos órganos jurisdiccionales que conservan en trámite dicha demanda. En otras palabras, los peticionarios de amparo no quedan indefensos ante el desechamiento de la presente demanda, cuenta habida que basta la consulta del citado sistema para corroborar la existencia de la variedad (miles) de demandas que han promovido los quejosos, pues el motivo de improcedencia actualizado busca eficientar la función jurisdiccional, evitando la tramitación de diversos amparos, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. Además, atento a la diversidad de juicios de amparo promovidos por los mismos quejosos, resultaría ocioso jurídicamente proceder admitir en esta fecha la demanda, para que tan luego suceda ello, esto es, para el día siguiente de que ello suceda sobreseer por auto actualizando la causa de improcedencia de mérito por existir más de dos juicios en trámite, pues como se dijo, con los diversos juicios en trámite existentes al respecto se encuentra asegurado que los agraviados conservan la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de esas demandas de contenido coincidente, cuya finalidad ésta última es la que se persigue conforme al contenido de la jurisprudencia citada. Notifíquese en términos de ley a la parte quejosa, por conducto de la Defensora Pública Federal.
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