Renán González Hernández
Expediente 624/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Renán González Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el dieciséis de junio del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Renán González Hernández, transcurrió del veinticinco de junio último al uno de julio del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Renán González Hernández, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Tabasco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 624/2021-5. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La contestación contenida en el oficio 289001700100/0238/2021 de diecinueve de mayo del presente año, signado por licenciada Rosa María Hernández López, encargada de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal dependiente del ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DE TABASCO DEL INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en relación a la petición efectuada por escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno y notificado el veinticinco de mayo siguiente. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, las autoridades responsables, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridades, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene precisar que, para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, debe tomarse en cuenta, acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, en lo que no se oponga al nuevo marco constitucional y legal, la jurisprudencia integrada conforme a la ley de materia abrogada. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios, que pueden ser corroborados de la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 161133, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, la cual es localizable a página 1089, es del tenor siguiente "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tal razón, los actos equivalentes a los de una autoridad, serán aquellos que sean ejecutados por particulares con las características apuntadas; y además, sus funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, como se aprecia del análisis estructural de la Ley de Amparo, se puede concluir que mantiene como elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues, el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades", se concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del que concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa voluntariamente, es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente", el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que a las autoridades señaladas como responsables, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, no les reviste el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues el acto que se les atribuye, consistente en la contestación contenida en el oficio 289001700100/0238/2021 de diecinueve de mayo del presente año, en relación a su petición efectuada por escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, actúan de manera carente a las características de ser una autoridad. Lo anterior es así, pues dicho acto se encuentra a cargo de las autoridades señaladas como responsables, con motivo de la relación jurídica que las liga con la parte quejosa. Al hilo de lo anterior, es inconcuso que el acto reclamado no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, ya que éstas actúan como órgano asegurador en una relación de coordinación y no en un plano de suprasubordinación como autoridades investidas de imperio. Por lo que, es patente para este órgano jurisdiccional, que el acto aquí reclamado, es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento ordinario correspondiente y no a través del amparo, pues son cuestiones que emanan de una relación entre trabajador o beneficiario y el órgano asegurador, en un auténtico plano de coordinación. Cabe precisar que en el caso concreto, las autoridades responsables adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social actúan como órgano asegurador y tanto es así, que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social vigente, establece que este tipo de controversias podrán dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, resulta evidente que no podría sujetársele al juicio de amparo, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia; lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, no pueda tener tal carácter, pero cuando actúa como entidad aseguradora no se puede considerar de esa manera. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2011948, de epígrafe y texto (énfasis añadido): "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En tal sentido, en el presente asunto, resulta evidente que el acto que aquí se reclama, consistente en la contestación contenida en el oficio 289001700100/0238/2021 de diecinueve de mayo del presente año, en relación a la petición efectuada por el quejoso, por escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, no reviste la característica necesaria para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la jurisdicción ordinaria. Por las razones expuestas con antelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, párrafo segundo, el libelo constitucional instado en esta vía por la parte quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE REFERENCIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado al profesionista Sergio Antonio Reyes Ramos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Aurora Leticia Reyes Soberano, conforme al segundo párrafo del citado numeral, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
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