Renan Cazares Leon de Garay

Expediente 1226/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1226/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Renan Cazares Leon de Garay
  • Martha Catalina Cabrera Careta
  • MARTHA CATALINA CABRERA CARETA y Otros.
  • RENAN CAZARES LEON DE GARAY y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas para ello interpongan recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó negar el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Destrucción del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar provisional y se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Segundo Tribunal Laboral del Estado de Puebla el anexo de pruebas I que se formó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita actualización de liquidación de sentencia. **** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, solicita la actualización de la planilla de liquidación de sentencia en los términos indicados en el escrito de cuenta. Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo, refiere que se substanciarán en la vía incidental: 1. Las cuestiones que refiere la ley que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y que surjan durante el procedimiento; 2. Que podrán ser a petición de parte o de oficio; y 3. Sobre las cuales el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias del caso, si resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o se reserva para resolverlo en sentencia. Por otro lado, el artículo 67 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento que llevarán las cuestiones que se substanciarán en la vía incidental, conforme a lo siguiente: 1. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde; 2. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; 3. Atendiendo a la naturaleza del acto, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio mayor y si suspende o no el procedimiento; y 4. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. A su vez, el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar de oficio o a petición de parte, que se ordene la apertura de un incidente para tal efecto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el pago de las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse cuantificando las que se generen desde que se concretó la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de miembros de instituciones policiales y hasta que se realice el pago de la indemnización. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." Por ende, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de incidente de actualización de liquidación de sentencia para actualizar la cuantificación de la indemnización correspondiente a la parte quejosa, por la cual se le concedió la protección constitucional. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO. Hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional se tiene que pagar al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia respectiva, como acontece, entre otros casos, cuando el peticionario del juicio de garantías deba ser indemnizado por la afectación que sufrió el predio de su propiedad en virtud del acto reclamado; cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ordena incrementar la pensión jubilatoria del quejoso; cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada, y cuando en acatamiento de la protección constitucional se deba reinstalar al servidor público en su empleo y pagarle las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separado de él. En estos casos puede suceder que exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto. En tales circunstancias, dicho juzgador, ciñéndose a los lineamientos señalados por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., debe abrir un incidente de liquidación, en el que las partes interesadas estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y además aleguen lo que a sus intereses convenga, el Juez precitado debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que se deba entregar al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo." Vista para ofrecer pruebas. En tales condiciones, se otorga a las partes el plazo de tres días, para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en esta incidencia. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se tendrá por precluido su derecho y se señalará fecha para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. A

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. Parte quejosa no desahogó vista. Vistos los autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, ni tampoco informó si acudió a las instalaciones que ocupan las cajas pertenecientes a la Tesorería Municipal de Puebla, para que le sea entregado el pago respectivo, o bien, manifestara la imposibilidad legal que tuviera para ello. No obstante lo anterior, resérvese realizar pronunciamiento que corresponda hasta en tanto la autoridad responsable, Enlace Administrativo de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, cumpla el requerimiento efectuado el tres de agosto pasado. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Fiscalía informa designación de perito. El Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado, en atención al requerimiento de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, informa que se designó para que funja como perito oficial en el presente asunto a *** y, a su vez, comunica que el oficio de mérito le fue remitido al experto en mención para que dé cumplimiento a lo requerido. Al respecto, se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales correspondientes Se requiere aceptación de cargo. Con la finalidad de desahogar la prueba pericial en materia contabilidad, se tiene como perito en la citada materia, al especialista propuesto por la persona titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ***, con domicilio en el ubicado en ***, colonia ***, código postal ***, Puebla, Puebla. Atento a lo anterior, se requiere al profesionista ***, por conducto del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, informe a este órgano jurisdiccional si voluntariamente acepta el cargo de perito oficial. En ese sentido, tomando en consideración que el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, prevé la posibilidad de que la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de medios tecnológicos, por lo que se hace del conocimiento que la persona designada para comparecer, puede aceptar y protestar el cargo conferido por escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Datos generales. Edad, estado civil, lugar de nacimiento y lugar de residencia, ocupación y domicilio para oír y recibir notificaciones. Aceptación del cargo. El representante deberá asentar de manera expresa que acepta y protesta el cargo conferido. Además, deberá remitir copia certificada de una identificación oficial vigente (incluida la que expida por la dependencia en que se encuentra adscrita). Para lo anterior, se hace de su conocimiento que, de manera preferente, puede remitir dicha información a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe, cuente con firma electrónica. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación diez de enero del dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, ello de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Levanta reserva de la propuesta de Barra de Peritos. Atento a lo anterior, se levanta la reserva ordenada en acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, respecto del perito propuesto por la Encargada de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, asociación civil, y al efecto se hace de su conocimiento que en la especie ya no resulta necesaria la intervención del profesionista que designó. Notifíquese.

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