Renan Azael Medina Mendoza
Expediente 2740/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2740/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Renan Azael Medina Mendoza
Actuaciones
- Principal
MESA III. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto dictado en este juicio, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA III. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 03/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, no obstante que ya se resolvió fuera de audiencia el presente asunto, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele, cuando las labores del juzgado lo permitan, copia certificada del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido en este juicio Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el trece de diciembre de la anualidad en curso, dictó un acuerdo en autos del expediente laboral ******************** del índice a su digno cargo, en el regularizó el procedimiento, y en el cual fijó nueva fecha y hora para llevar la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora, la cual tendrá verificativo el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, once horas con treinta minutos. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ********************reclamó en su demanda de amparo, lo constituye la denegación de justicia en que incurre la responsable al no proveer lo conducente al señalamiento de fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ********************, en autos del juicio laboral ********************, en atención que la fecha anteriormente fijada correspondió a un día inhábil. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama denegación de justicia al no estarse respetando los plazos y términos contemplado por la Ley Federal del Trabajo, debido a omitir fijar nueva fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de testimonial ofrecida por la parte actora en el juicio laboral ********************, en atención que la fecha anteriormente fijada lo fue en fecha inhábil. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe de cuenta, se desprende que el trece de diciembre de la anualidad en curso, dictó un acuerdo en autos del expediente laboral ******************** del índice a su digno cargo, en el regularizó el procedimiento, y en el cual fijó nueva fecha y hora para llevar la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora, la cual tendrá verificativo el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, once horas con treinta minutos, tal y como se advierte de la copia certificada que remitió la responsable para tal efecto. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que regularizó el procedimiento de origen y señaló nueva fecha y hora para que tenga desahogo la prueba testimonial a cargo de ********************, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción xxi, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del diez de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obran los oficios signados por el Registrador y por la Directora, ambos adscritos al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con los que informaron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de once de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."1 Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veintidós de septiembre del dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".PRIMERO. En ese tenor, al resultar fundados los conceptos de violación estudiados, procede conceder la protección constitucional solicitada en forma lisa y llana, para efectos de que la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede esta ciudad, realicen lo siguiente: 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de Marzo de dos mil, p. 243 1. Dejen sin efecto el embargo decretado mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio ejecutivo mercantil 459/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, promovido por Juan Antonio Herrera Aussin, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de Silverio Rodríguez Medina, únicamente por lo que respecta al predio marcado con el número ciento cuarenta y dos, de la calle cuarenta y siete, del fraccionamiento Xcom ampliación, de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Mérida, propiedad de SILVERIO IVÁN RODRÍGUEZ MEDINA, aquí quejoso. 2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del embargo referido, girando las instrucciones que sean necesarias a la Directora y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, solamente por lo que hace al juicio ejecutivo mercantil 459/2016, y respecto del inmueble materia del presente juicio, autoridades estas últimas14 quienes deberán actuar en el ámbito de sus atribuciones, esto es, una vez que reciban la orden de la juez responsable, deberán cancelar la toma de razón del embargo realizado sobre el predio marcado con el número ciento cuarenta y dos, de la calle cuarenta y siete, del fraccionamiento Xcom ampliación, de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Mérida, propiedad del aquí quejoso. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que se dejó sin efecto el embargo decretado mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio ejecutivo mercantil 459/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, promovido por Juan Antonio Herrera Aussin, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de Silverio Rodríguez Medina, únicamente por lo que respecta al predio marcado con el número ciento cuarenta y dos, de la calle cuarenta y siete, del fraccionamiento Xcom ampliación, de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Mérida, propiedad de SILVERIO IVÁN RODRÍGUEZ MEDINA, aquí quejoso, y se ordenó la cancelación del embargo referido, girando las instrucciones a la Directora y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, solamente por lo que hace al juicio ejecutivo mercantil 459/2016. De ahí que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, han dado cabal cumplimiento al fallo protector, se advierte que se dejó sin efecto el embargo decretado mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio ejecutivo mercantil 459/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, únicamente por lo que respecta al predio marcado con el número ciento cuarenta y dos, de la calle cuarenta y siete, del fraccionamiento Xcom ampliación, de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Mérida, propiedad de SILVERIO IVÁN RODRÍGUEZ MEDINA, aquí quejoso, y se ordenó la cancelación del embargo referido, girando las instrucciones a la Directora y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, solamente por lo que hace al juicio ejecutivo mercantil 459/2016. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad el fallo protector, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente.
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