Remigio Flores Muñoz
Expediente 916/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Remigio Flores Muñoz
- REMIGIO FLORES MUÑOZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, adjuntando al mismo copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de octubre de este año dentro del recurso de queja 91/2018 y la copia certificada del juicio de amparo 916/2018 del índice de este juzgado federal, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de queja. Acúsese recibo a la superioridad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que haya lugar a glosar el expedientillo de constancias remitidas por el citado tribunal colegiado, pues únicamente son copias certificadas del presente expediente de amparo. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Glósese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Remigio Flores Muñoz, el cual se registró con el número 91/2018 de su índice, lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la quejosa xxx, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, xxxx, envíese el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, ríndase por parte de este juzgado federal el informe correspondiente sobre la materia, remítase copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias conducentes a fin de que el tribunal de alzada esté en aptitud de resolver la citada queja.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Remigio Flores Muñoz, por derecho propio, por derecho propio, contra los actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 916/2018. DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que Remigio Flores Muñoz, por derecho propio, reclama del Fiscal General del Estado de Puebla y Agente Orientador o Investigador del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, los siguientes actos: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, le reclamo la orden de no consignar la carpeta de investigación número 969/2016/TEPEA, por considerar que la responsable ejecutora tiene mucho trabajo; y, de la autoridad señalada como responsable ejecutora, es decir, DEL AGENTE ORIENTADOR O INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, QUE TIENE ASU CARGO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO: 969/2016/TEPEA, le reclamo el retardo excesivo de más de dos años sin que realice la consignación correspondiente ante el Juez de Defensa Social de Tepeaca, Puebla, no obstante de que, a mi juicio, dicha carpeta se encuentra debidamente integrada" Sin embargo, el aquí inconforme antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican la paralización de su función investigadora. Por lo tanto, el inconforme debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la omisión de la autoridad investigadora que aquí controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.P.123 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE SON CONSIDERADOS POR EL DENUNCIANTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS, SE EQUIPARA A UN ACTO DE ABSTENCIÓN, POR LO QUE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO). Cuando el Ministerio Público no ha emitido una determinación en el sentido de que se abstiene de investigar los hechos materia de un delito, pero incurre en la omisión de emprender esa labor investigadora, dicho proceder se equipara a un acto de abstención que amerita que, previo a la promoción del amparo indirecto y en observancia al principio de definitividad, se agote el recurso idóneo ante un Juez de control (apelación), conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al no haberlo hecho valer, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el numeral 258 citado. Criterio similar al sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de 18 de abril de 2018, al resolver por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017, cuya síntesis consultarse en el boletín de prensa 57/2018 . En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Liborio Ramírez Ramírez y Efraín Rodríguez Juárez, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a las diversas personas que menciona, toda vez que no cuentan con el registro de sus cédulas profesionales inscritas en dicho Sistema Computarizado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De igual manera, en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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