Remigio Arcega Núñez
Expediente 350/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Remigio Arcega Núñez
- Arturo Guadalupe Jiménez Camacho Defensor Público
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí Capital, por medio del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como cinco copias de la demanda de amparo. Asimismo, este órgano de control Constitucional queda enterado que dicho recurso quedó registrado con el número de juicio de amparo directo 130/2021. Por otra parte, en virtud de que el Tribunal oficiante se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de la cual este juzgado federal declaró que corresponde conocer del presente juicio de derechos fundamentales al Tribunal Colegiado de mérito, en virtud de que los actos reclamados pone fin al juicio, ya que se trata de una resolución que resolvió el recurso de apelación que el procesado (quejoso) interpuso en contra de la sentencia definitiva dictada en el proceso penal de génesis que se sustanció en su contra por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; lo que revela un signo inequívoco de terminación del juicio; con fundamento en el artículo 214 de Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó declinar el conocimiento del presente juicio a favor del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Carlos Ricardo Sandoval Zavala, Defensor Público del quejoso Remigio Arceaga Núñez, atento a su contenido, se tiene al ocursante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado Federal mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno y al efecto desahoga la prevención realizada en dicho proveído. Incompetencia. Ahora, visto lo manifestado por el defensor oficial se advierte que el acto reclamado por el quejoso, es: La resolución dictada el siete de abril de dos mil veintiuno por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 147/2021; que recayó al recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra la sentencia definitiva emitida en el proceso penal que sustancia en su contra el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; y la ejecución de la misma. Partiendo de esta circunstancia, se debe destacar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional y revisten el carácter de oficiosas. Asimismo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente que debe analizarse por los órganos jurisdiccionales, en todas las etapas del procedimiento de amparo, pues estimar lo contrario, equivaldría a prorrogar indebidamente la competencia de un órgano jurisdiccional que no lo es, lo que propiciaría la inobservancia de las normas que rigen el juicio constitucional, lo que contravendría lo que establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Ahora, la procedencia del juicio de amparo directo, se encuentra regulada en los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales por su orden, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; (.)" Resumiendo los dispositivos legales transcritos, se puede deducir que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, que son las que deciden el juicio en lo principal. De lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el solicitante de protección constitucional en su escrito de demanda de amparo, y escrito aclaratorio del defensor público de éste, se pone en evidencia que este Juzgado de Distrito carece de competencia para resolver del presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por la Segunda Sala responsable en el toca 147/2021 de su índice, en la que resolvió el recurso de apelación que el directo quejoso interpuso en contra de la sentencia definitiva que se emitió en el juicio penal de génesis que sustanció en su contra el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad. En tal virtud, este juzgado de Distrito considera que en el caso se surte la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto que se tilda de inconstitucional, tiene la naturaleza de una sentencia (de segunda instancia) que puso fin al juicio. En efecto, el acto que se reclama en este sumario, pone fin al juicio, ya que se trata de una resolución que resolvió el recurso de apelación que el procesado (quejoso) interpuso en contra de la sentencia definitiva dictada en el proceso penal de génesis que se sustanció en su contra por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; lo que revela un signo inequívoco de terminación del juicio. Se cita al respecto la tesis I.9o.P.266 P (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; registro 2021515; de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2675; del rubro y contenido siguiente: "SENTENCIA DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECIDE EN DEFINITIVA SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL, AUN CUANDO NO CONTENGA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES Y REPARACIÓN DEL DAÑO. El artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas. De acuerdo con la interpretación auténtica contenida en el segundo párrafo de su fracción I, las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal. A ese respecto, en materia penal la cuestión principal esencialmente consiste en dilucidar la existencia de un hecho que la ley punitiva tipifica como delito, así como la responsabilidad penal del procesado en su comisión. De ese modo, si en el marco del sistema procesal penal acusatorio, el acto reclamado es una sentencia dictada por un tribunal de alzada que revocó el fallo absolutorio dictado en primera instancia y consideró acreditados el delito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, deviene incontrovertible que se trata de una resolución jurisdiccional que decide el juicio en lo principal, y al haber sido dictada por una autoridad de segunda instancia, no admite medio ordinario de defensa alguno por virtud del cual esa determinación sea susceptible de ser modificada o revocada. Por tanto, la circunstancia de que el acto reclamado no contenga pronunciamiento respecto a la individualización de las sanciones y reparación del daño, no le priva del carácter de sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, en razón de que dichos aspectos tienen carácter accesorio del tópico principal y, en todo caso, su falta de pronunciamiento es un vicio que atañe al estudio de fondo del asunto." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se promueve, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución de primera instancia que pone fin al juicio, competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir el original del presente sumario Constitucional al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. II. Formar, el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, con el fin de privilegiar el trabajo a distancia, tal y como lo establecen los numerales 8 fracciones I y IV; así como el 20, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales, por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, el presente proveído se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su defensor público. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, signado por Arturo Guadalupe Jiménez Camacho, Defensor Público adscrito a la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y atento a su contenido, por economía procesal, se le tiene aceptando y protestando el cargo de defensor público del quejoso ****************; por tanto, dese vista con las constancias que integran el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario proveer respecto el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el usuario para tener acceso al expediente electrónico, toda vez que mediante proveído de tres de agosto actual se proveyó lo conducente. Finalmente, con el fin de privilegiar el trabajo a distancia, tal y como lo establecen los numerales 8 fracciones I y IV; así como el 20, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales, por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, el presente proveído se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que ************, Defensor Público adscrito a la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, aceptó y protestó el cargo de Defensor Público del quejoso ************; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En razón de lo anterior, dese vista por el termino de cinco días con las constancias que integran el presente juicio de amparo, para que este en aptitud de promover lo que en derecho proceda; y atienda a la prevención que se le realizó a la quejosa, ahora su representada, en acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno; en el entendido que de no hacerlo, este juzgado se pronunciara respecto la admisión o no de la demanda. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese, y personalmente al defensor del quejoso. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021 quien actúa ante el licenciado Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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