Remigio Agustín Amieva Maza
Expediente 173/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Remigio Agustín Amieva Maza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio y anexo que remite la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual remite diligenciado el exhorto número 142/2016 del índice de este juzgado, que se envió a efecto de notificar a los terceros interesados ********** y **********, la determinación dictada el veintiséis de febrero del año en curso. Dese de baja la citada comunicación, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y acúsese recibo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido a los terceros interesados ********** y **********, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la determinación de veintiséis de febrero del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Asimismo, de la citada certificación se advierte que la sentencia de veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, en el que este Tribunal sobreseyó el presente juicio de amparo promovido por **********, contra actos del Juez de Partido Segundo Civil de Salamanca, Guanajuato, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por ser innecesaria su retención, devuélvase a la Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, los dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, toda vez que en el presente expediente no hubo consentimiento expreso de las partes, para que aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, no se darán a conocer sus datos.
- Principal
Agréguense a sus autos los oficios signados por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, mediante los cuales: 1) Remite el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión formado con motivo del juicio de amparo 1095/2015-V de su índice, que fue remitido por incompetencia a este órgano jurisdiccional; en ese sentido, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmense los citados cuadernos con el número de registro que le corresponde al presente expediente, por ser accesorios a éste. Acúsese recibo. 2) Acusa recibo del exhorto 142/2016 del índice de este juzgado, que se envió para notificar a los terceros interesados ********** y **********, la determinación dictada el veintiséis de febrero del año en curso.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, mediante el cual transcribe la resolución de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en la que declina su competencia para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ******** contra actos del Juez de Partido Segundo Civil de Salamanca, Guanajuato, y ordenó remitir los autos del juicio de amparo 1095/2015-V de su índice, y dos tomos de pruebas; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 173/2016-II. b) Con fundamento en los artículos 38 en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Acúsese el recibo de estilo correspondiente al homólogo federal, y con todo comedimiento solicítesele que, de no tener inconveniente legal alguno, envíe el original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, así como en su caso, la cantidad que impuso a la parte quejosa para garantizar la suspensión en caso de haber sido concedida, y en el supuesto de que la hubiera exhibido. d) Toda vez que el Juez declinante celebró la audiencia constitucional, a fin de salvaguardar el principio de unidad que la rige, además de que no se advierte irregularidad alguna que subsanar, resulta innecesario fijar fecha para su desahogo, así como solicitar el informe justificado a la autoridad responsable. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 36/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el texto y rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." e) Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En esas condiciones, se procede a dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 173/2016-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en Irapuato, Remigio Agustín Amieva Maza, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y el acto que a continuación se especifican: --AUTORIDAD RESPONSABLE-- Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato. --ACTO RECLAMADO-- "A).- Del C. JUEZ DE PARTIDO SEGUNDO CIVIL DE SALAMANCA, GUANAJUATO en su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo la ilegalidad del auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, publicado por medio de listas en fecha primero de diciembre de la misma anualidad dentro del juicio especial sumario hipotecario numero C-24/2014, por medio del cual la autoridad responsable ordena poner en forma inmediata en posesión del bien inmueble garante en el juicio antes referido al C. José Gerardo Fernández García, autorizado para tales efectos, de manera ilegal y en violación a las garantías individuales del suscrito, "auxilio de la fuerza pública y cerrajero", sin que previo a esto se le haya solicitado al demandado la entrega voluntaria del inmueble materia del Juicio principal, siendo esto violatorio de derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna." SEGUNDO. Normas fundamentales que se estiman violadas. El quejoso señaló que se violaron en su perjuicio las normas fundamentales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. El veintidós de diciembre de dos mil quince se presentó la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito del Décimo Sexto Circuito, con sede en Irapuato, Guanajuato, que por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en dicha ciudad. Dentro del juicio de amparo 1095/2015-V del índice del citado Juzgado Noveno de Distrito, por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, la Juez Federal admitió a trámite la citada demanda de amparo y se siguió el trámite respectivo, en el cual: Se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se solicitó a la Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, su informe justificado, el cual se tuvo por recibido mediante auto de doce de enero de dos mil dieciséis, y se dio vista a las partes con su contenido. Se reconoció como terceros interesados a María de Lourdes Flores Ortega y José Gerardo Fernández García, los cuales fueron debidamente emplazamiento por despacho, y mediante diligencias realizadas por la actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, el cinco de enero de dos mil dieciséis. Una vez integrado el presente expediente, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional, dictándose la sentencia respectiva, en la cual, la Juez Noveno de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, se declaró incompetente para conocer del presente asunto, ordenando remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya. El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, por razón de turno, la citada demanda de amparo, fue remitida a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato y el veintiséis del mismo mes y año, registró la demanda de amparo con el número 173/2016-II; aceptando la competencia plateada por la Juez Federal con sede en Irapuato, Guanajuato; y al tener en consideración que la Juez declinante celebró la audiencia constitucional, por ende, se estima innecesario fijar fecha y hora para su desahogo, así como solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, trayéndose a la vista los autos para el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En razón del territorio, acorde con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. En razón de la materia, porque este Juzgado Federal, al no tener jurisdicción especial, la tiene para conocer del amparo en materia Civil, conforme lo dispone el artículo 48, vinculado con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En razón del grado, porque la aptitud para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, corresponde en primera instancia a los Juzgados de Distrito (y a los Tribunales Unitarios de Circuito, de lo que no es el caso abundar), y sólo en segunda a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del recurso de revisión y, excepcionalmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que deriva de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones VII y XII, Constitucional; 107, fracción VI, en relación con los diversos 33, fracción IV y 35, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisar cuál es, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por lo que es necesario delimitar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Además, resulta aplicable al caso la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, se desprende que en el presente asunto se reclama: El auto de treinta de noviembre de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio especial sumario hipotecario número C-24/2014, mediante el cual se ordena poner en posesión al depositario José Gerardo Fernández García, del bien inmueble garante ubicado en el número 22, de la avenida Mirador del Valle, del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, autorizándose el auxilio de la fuerza pública y cerrajero. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le imputa; aunado a que su existencia se corrobora con las constancias que acompañó a su informe, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio especial sumario hipotecario número C24/2014, de su índice. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado precisado en el considerando anterior. Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, materia común, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal; y su análisis es oficioso de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. Por consiguiente, previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se impone verificar la posible aparición de alguna causa de improcedencia, con apoyo en la Jurisprudencia 814 visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sentado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución, entendiéndose como aquella la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la antecedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama se dictó en etapa de ejecución de sentencia y se dirige de forma directa a darle cumplimiento a la sentencia de nueve de enero de dos mil quince, dictada por la Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio especial sumario hipotecario número C24/2014 de su índice, confirmada por la Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, en el toca de apelación 101/2015 de su índice; es inconcuso, que la resolución reclamada en el presente controvertido consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil quince, que ordena poner en posesión al depositario José Gerardo Fernández García, el bien inmueble garante ubicado en el número 22, de la avenida Mirador del Valle, del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de los que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dicho acto la responsable busca dar cumplimiento a la sentencia definitiva; es decir, obtener únicamente el cumplimiento material del fallo, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte demandada en el juicio natural arriba mencionado, al que compareció y en el que fue condenado. II. El acto reclamado obedece a la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, Tiene aplicación por analogía de razón la jurisprudencia 1a./J.28/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2009, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 60 del tomo XXXI, Mayo de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En conclusión, al advertirse que el juicio de amparo resulta improcedente por los motivos expuestos en la presente resolución, se impone sobreseer en el presente asunto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. En atención a las consideraciones que anteceden, no se entrará al estudio de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues el sobreseimiento implica un obstáculo para emprender el estudio de fondo de los problemas jurídicos planteados sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. Como apoyo se cita la tesis de Jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, página 57 (registro 214593), cuyos rubro y texto señalan lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En otro orden de ideas, tomando en consideración que de la interpretación de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, así como que de los autos del juicio que se recibe, se advierte que el quejoso, señalaron como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del Juzgado exhortante; en tales condiciones, téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, pues los preceptos legales en cita, facultan a las partes en el juicio de amparo, para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que conozca del asunto; lo que nos lleva a considerar que al avocarse este Juzgado al conocimiento del juicio de referencia, se tiene a los citados señalando el mismo domicilio que tienen señalado, esto es, la lista que se fija en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto, señalen uno en esta ciudad para recibir notificaciones personales. Asimismo, toda vez que los terceros interesados María de Lourdes Flores Ortega y José Gerardo Fernández García, fueron emplazados en el domicilio ubicado en boulevard San Pedro, número 192-E altos, del fraccionamiento Eduardo Soto Innes 1, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones; con fundamento en los artículos 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Irapuato, para que en auxilio de las labores de este Tribunal, notifique la presente determinación a los citados terceros, y los requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señalen domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se les practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 63, fracción V, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Remigio Agustín Amieva Maza, por su propio derecho, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el último apartado de la misma.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Refugio García Guzmán889/2015
- Refugio Vallejo Gonzalez73/2019
- Regina Rodríguez Méndez1166/2014
- Regina Silva Rico y Otros.586/2020
- Reivir Gómez Martínez y Otros.317/2017
- Remedios Moya Hernández302/2015
- Renata García Zárate903/2021
- Renato Saint Ramírez Ortega653/2021
- René Alejandro Tovar Pérez756/2015
- René Ducoing Vázquez940/2017
- René Edmundo Macouzet del Moral331/2018
- René Edmundo Macouzet del Moral378/2019