Remigia Andrea Uicab Chin

Expediente 380/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
380/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Remigia Andrea Uicab Chin

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de abril del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 del último ordenamiento legal mencionado, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio de cuenta, signado por el Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal "2" adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" del Servicio de Administración Tributaria, así como el anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.

  3. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Remigia Andrea Uicab Chin, contra el acto que reclama de la Subdelegación de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Estatal Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la quejosa impugna de las autoridades responsables, la inexacta interpretación y aplicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en virtud de que su pensión fue tasada conforme a la citada Unidad de Medida y Actualización, al igual que los consecuentes incrementos anuales, cuando lo correcto debió ser la aplicación del salario mínimo. Ahora bien, del contenido de la propia demanda de amparo, concretamente en el capítulo de conceptos de violación, se desprende que la propia quejosa admite que por oficio DPESYC/249/2017, de quince de marzo de dos mil diecisiete, el Subdirector de Pensiones del ISSSTE, le informó que su pensión sería tasada tomando en consideración el valor de la Unidad de Medida y Actualización. E incluso, adjunto a su demanda de amparo, anexó copia simple del precitado oficio, de quince de marzo de dos mil diecisiete. Por tanto, es evidente que al menos desde la fecha del oficio de marras, quince de marzo de dos mil diecisiete, la parte quejosa tuvo conocimiento de que su pensión sería tasada conforme a la Unidad de Medida y Actualización, al igual que los subsecuentes aumentos anuales. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que, como quedó visto, la quejosa, desde el quince de marzo de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento que su pensión, así como los incrementos anuales, serían tasados tomando en consideración la Unidad de Medida y Actualización y no el salario mínimo, conforme a la legislación aplicable. En ese sentido, con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la la inexacta interpretación y aplicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Ello, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las propias manifestaciones de la parte quejosa, se desprende que fue desde el quince de marzo de dos mil diecisiete, en que el Subdelegado de Prestaciones del ISSSTE le informó, mediante oficio, que su pensión, así como los incrementos anuales, serían tasados tomando en consideración la Unidad de Medida y Actualización y no el salario mínimo, conforme a la legislación aplicable; por lo que el plazo para presentar su demanda de garantías comenzó a correr y contarse al día siguiente, de lo que resulta inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señaló como acto reclamado tal circunstancia, que lo es el cuatro de abril de enero de dos mil dieciocho, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento de la tasación de su pensión conforme a la Unidad de Medida y Actualización, al menos desde del quince de marzo de dos mil diecisiete, en que le fue comunicada vía oficio tal situación, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el cuatro de abril de dos mil dieciocho, esto es, más de un año después, por lo que es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto; y como autorizados a las personas que expresamente señala, con las facultades expresamente conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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