Remedios Pérez Mejía

Expediente 1201/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1201/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Remedios Pérez Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el conflicto competencial suscitado. NOTIFÍQUESE..

  2. Principal

    Por recibidos los oficios de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad del Sistema Tradicional "B" "de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, por medio de los cuales informa que continuó con la búsqueda relativa a la averiguación previa ..., sin que se haya localizado por los motivos que indica. No obstante, se le requiere para que continúe realizando gestiones exhaustivas y eficientes para identificar la averiguación previa en comento y lo informe periódicamente a este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, enviado por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que se acompaña la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho y en representación del niño .... en contra de actos reclamados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Andrés Jaltenco en el Estado de México "DIF", con residencia en ...; y en contra del señor ... -padre del niño-; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el consecutivo 1201/2023. Tramítese el asunto en su versión física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de Amparo y acúsese de recibo al Juzgado Federal oficiante. Dado que la demanda se recibió durante el periodo de guardia y en día inhábil, pídase a la Oficina de Correspondencia Común la emisión de la papeleta correspondiente, y la correspondiente compensación de cargas. En torno a la demanda cuya competencia, se declina, este Juzgador determina: No ha lugar avocarse al conocimiento de la causa constitucional, dado que la facultad legal para resolver lo que en derecho corresponda en torno al juicio que se plantea, corresponde, por materia y territorio a sendos jueces, atento a la naturaleza de uno de los actos reclamados [desaparición forzada de personas]; y por el lugar en que tuvo lugar [donde se ejecutó] la denominada sustracción del niño, o su entrega al progenitor. C O N S I D E R A N D O: I. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: a) La sustracción de su hijo, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el convenio de buenos cuidados, firmado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de San Andrés Jaltenco, Estado de México; particularmente en lo tocante a la privación del derecho de convivencias. b) La desaparición forzada del niño, con sospecha de privación de su libertad y maltrato físico. El acto se precisa en estos términos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." II. Por lo que hace a los actos de desaparición forzada, el suscrito carece de competencia por cuestión de materia, pues tales reclamos tienen una naturaleza y regulación eminentemente penal, de lo que compete conocer a la persona juzgadora especializada en tal materia, ante quien se presente por cuestión de territorio. AL respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.). de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época. Materias(s): Común, Penal, que establece: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." En efecto, la desaparición forzada de personas está jurídicamente configurado como un delito, acorde a la definición prevista en el artículo 27 de la Ley General en materia de desaparición orzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establece: "Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero." Atento a lo anterior, y dada la intrínseca y especial naturaleza de ese acto, así como sus potenciales consecuencias, el suscrito declina la competencia legal para conocer del asunto por lo que hace a dicho acto, pues corresponde a un Juez o Jueza de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Lo anterior, porque se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.; [.]" En efecto, la interpretación de la fracción citada del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite concluir que su teleología no se orienta por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino a la naturaleza penal de la actuación. Es decir, que para determinar la competencia de un juez federal especializado en amparo en materia penal, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, con independencia de las características inherentes a la autoridad a quien se le atribuye; lo que en el caso revela que el asunto debe ser conocido por un especialista en tal materia, dado que la conducta atribuida a las responsables está regulada por disposiciones del orden penal. Por ello, la autoridad jurisdiccional que debe conocer del asunto y en su caso dar trámite y cause a la acción constitucional, respecto de los actos reclamados mencionado, es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; a quien se requiere se sirva comunicar a este juzgado, si acepta o no la competencia planteada y, en su caso, acuse de recibo. III. Y respecto de los actos de sustracción del niño y falta de cumplimiento al convenio de buenos cuidados, firmado en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de San Andrés Jaltenco, Estado de México, también se carece de competencia para conocer del asunto, atento a las reglas por cuanto hace al territorio: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Tal precepto prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se actualiza el primer supuesto de los citados; esto es, el que fija la competencia al Juez de Distrito del lugar donde se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto. Lo anterior es así, pues el reclamado que por territorio se declina es una sustracción del niño, la cual tuvo lugar en el Estado de México con motivo del convenio de buenos cuidados, firmado por la propia quejosa el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de San Andrés Jaltenco, Estado de México; teniendo como consecuencia la entrega del infante y la privación del derecho de convivencias, de acuerdo a lo que narra la impetrante. Esto es, la celebración de dicho convenio es lo que dio lugar a la entrega formal del niño, acorde a la tercera cláusula, en donde se previó que sería su padre el único responsable del cuidado y atención del niño, teniendo domicilio en el municipio y entidad mencionados. Luego, el evento que da lugar a los reclamos es precisamente la firma del mencionado pacto ante la autoridad de San Andrés Jaltenco, Estado de México, cuyo cumplimiento y materialización tienen lugar allá, mientras que en la Ciudad de México, no hay razón por ahora para fijar la competencia. Así, es claro que el reclamo tuvo ejecución y sigue ejecutándose fuera de la ciudad de México, siendo en el Estado de México donde tiene origen y ejecución los actos de los que se duele la quejosa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, página 84, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra indica: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." Asimismo, por analogía la jurisprudencia número 91 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice de 1985, parte VIII, página 142, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Entonces, para efectos del proceso constitucional biinstancial, rige el primer supuesto previsto por el artículo 37 Ley de Amparo, y por tal motivo, de conformidad con el numeral invocado y en términos del acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe conocer de la demanda, un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de inmediato la demanda con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; a quien se requiere se sirva comunicar a este juzgado, si acepta o no la competencia planteada y, en su caso, acuse de recibo. IV. Por lo que respecta a la suspensión de plano y de oficio, este Juzgador determina que es innecesario proveer de nueva cuenta sobre tal aspecto, pues la Honorable Jueza Federal oficiante se pronunció puntualmente sobre tal aspecto, solicitando además el cumplimiento conducente. Atento a ello, serán los Jueces de Distrito a quienes se califica como competentes en este acuerdo quienes estarán en condiciones de determinar lo que consideren sobre su vigencia. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias. Se tiene como domicilio procesal el señalado en la demanda; y como autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona, respecto de quien autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sólo gozará de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito declara CARECER DE COMPETENCIA para conocer de la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho y en representación del niño .... en contra de actos reclamados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Andrés Jaltenco en el Estado de México "DIF", con residencia en San Andrés Jaltenco; y en contra del señor ... -padre del niño-. SEGUNDO. Por lo que respecta a los actos consistentes en la desaparición forzada del infante, se considera que el competente es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno; por lo que remítase copia de la demanda y del presente proveído vía interconexión a dicha órgano federal, para que determine lo que corresponda, solicitándole respetuosamente acuse de recibo e informe sobre su determinación. TERCERO. Respecto de los actos consistentes en la sustracción del infante, así como el incumplimiento al convenio de buenos cuidados, y la privación al derecho de convivencias, el competente es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; por lo que se ordena remitirle copia de la demanda y del presente acuerdo para que tenga a bien determinar lo que en derecho proceda, solicitándole el acuso de recibo e informe de su decisión. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se tiene por hecha la certificación que antecede y por notificado el auto de incompetencia al **** Atento a lo anterior, es innecesario reexpedir el comunicado vía interconexión dado que la entrega física ya se realizó. Estése a la espera de la respuesta del juzgado federal especializado en la referida materia. CUMPLASE.

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