Remedios Pacheco Colorado
Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Remedios Pacheco Colorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, contados a partir de la emisión de este acuerdo, el Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 169/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, contados a partir de la emisión de este acuerdo, el Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Remedios Pacheco Colorado promovió juicio de amparo en contra de los actos y autoridades que posteriormente serán precisados (fojas 1-7). SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita, emplazar al tercero interesado Juan Francisco Cortés Guendulay y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 8-12) mismo que fue emplazado el veinticuatro de marzo del año en curso (fojas 24-26). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuentan con los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 17-21, y 29-49) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, yCONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de la quejosa víctima indirecta como lo son la seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias laboral, penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en esos términos del estudio integral de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 29-49 y un disco DVD) se precisa que el acto reclamado por la quejosa es: "La resolución de fecha veintidós de febrero del año en curso, dictada por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, Licenciada Ángela Peralta Meza, dentro del cuaderno de control número 41/2020-A, en donde confirma el no ejercicio de la acción penal determinado por la Fiscal Noveno adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del citado Distrito de Veracruz, Veracruz, en la carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/9°/437/2019." Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia de su informe justificado (foja 29-49 y un disco DVD). Lo cual se corrobora con las constancias que remitió el aludido juez responsable, correspondientes a copias certificadas del cuaderno de control 41/2020 del índice del Juzgado responsable, así como del disco en el que consta la audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, que confirma el no ejercicio de la acción penal determinado por la Fiscal Noveno adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del citado Distrito de Veracruz, Veracruz, en la carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/9°/437/2019. Probanza que, con relación a las documentales, tienen plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el dispositivo 2, párrafo segundo de la ley de la materia, por tratarse de documentos emitidos por funcionarios en el ejercicio de su encomienda. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, la autoridad responsable 2. Fiscal Comisionada a la Fiscalía Novena en la Unidad Integral de procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz oordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz, con sede en Veracruz, (foja 17-21) negó el acto que se le reclama, consistente en la resolución emitida por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Veracruz, en la que se confirma la determinación de dicha fiscalía. Con independencia de lo anterior, dado su carácter de autoridad ejecutora, debe desvirtuarse dicha negativa, por lo que debe tenerse dicho acto como cierto. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. En la especie, se estiman infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, al tener la misma el carácter de víctima indirecta. Lo anterior impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. MARCO JURÍDICO REFERENCIAL I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Por otra parte, resulta importante transcribir en la parte conducente el artículo 20, apartado C, fracciones IV y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)." En dicho artículo y fracciones, se establece que la víctima tiene derecho a que se le repare el daño y a impugnar, entre otras determinaciones, el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, en tanto que el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regula ese medio de impugnación, que implica el respeto del derecho de defensa y audiencia de la víctima a través de su asesor jurídico. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante la Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, la Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, la Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que la Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." *Lo subrayado es propio de la presente resolución. Por otro lado, de la reforma a los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho) para introducir en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, se estableció que éste se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y que este nuevo modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Así, las audiencias en las que se resuelva la impugnación interpuesta contra las determinaciones del no ejercicio de la acción penal, deberán ajustarse a los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como lo dispone en esencia la fracción IV del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, los elementos de forma y fondo que debe tener la resolución de la Juez de Control que confirmó el no ejercicio de la acción penal, están satisfechos, por lo siguiente: La audiencia videograbada que contiene el acto reclamado, cumplió con los requisitos de los citados numerales 14 y 16 constitucionales, ya que la Juez de Control expuso los motivos para dejar intocada la resolución del no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscal considerando que sí hubo exhaustividad en la carpeta de investigación, como más adelante se expondrá. Asimismo, se respetó el principio de publicidad, pues la audiencia se celebró a puerta abierta, estando presentes las partes, esto es el imputado, defensora particular, Fiscal, asesores jurídicos, y parte ofendida o víctima indirecta. Por lo que respecta al principio de contradicción, el asesor jurídico de la víctima y la Fiscal estuvieron en posibilidad de controvertir o confrontar, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. La audiencia se desarrolló en un solo día, el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, por lo cual se cumplió el principio de concentración, como también el de continuidad, ya que se celebró sin interrupción, concediéndose el uso de la palabra inicialmente al asesor jurídico de la víctima y posteriormente a la Fiscal. Finalmente, la audiencia fue precedida por Ángela Peralta Meza, Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, por lo que se cumple con el principio de inmediación. Ahora del disco compacto enviado por la juez responsable se desprenden los datos del acto reclamado, a saber: 1. A las quince horas con quince minutos (15:15) del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la juez responsable declaró el comienzo de la audiencia del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde a las: 2:18- 8:37 la Juez Individualizó a las partes, Fiscal Comisionada a la Fiscalía novena de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, Asesora Jurídica, Investigado Juan Francisco Cortés Guendulay y este último designó a la asesora jurídica como su defensora particular, dos asesores jurídicos de Remedios Pacheco Colorado (ofendida) y esta última. 8:57-13:20 El asesor jurídico informó a la Juez de Control los motivos por los cuales presentó el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la falta de exhaustividad en la carpeta de investigación, y no estar conforme con el dictamen de causalidad que obra en la misma, y al no acordar la Fiscal el escrito presentado el tres de noviembre de dos mil diecinueve en donde se inconformaban con el dictamen de causalidad y solicitaban se nombrara perito particular o de la Fiscalía, ofrecían diversas entrevistas, ya que en esa fecha la Fiscal de manera sorpresiva notificó a la asesora jurídica de la víctima la determinación del no ejercicio de la acción penal de fecha siete de octubre de dos mil veinte. 13:24 la ofendida Remedios Pacheco Colorado dijo no tener ninguna manifestación. 13:37-27:37 la Fiscal refirió que en la carpeta de investigación sí existe exhaustividad probatoria, asimismo relata todas las pruebas que obran en la misma, para esclarecer los hechos, haciendo alusión al dictamen de causalidad de tránsito terrestre emitido por el perito Jorge Ramses Espinosa Osorio, en el que concluyó que la causa que originó el hecho de tránsito terrestre que se investiga es de tipo humana y se debe al peatón al no cruzar en zona debida en una carretera federal y al diverso dictamen químico suscrito por la perito Denise Domínguez Cabrera quien después de valorar a la víctima Guillermo Vázquez Miranda hizo del conocimiento que detectó la presencia de alcohol en la muestra de sangre del mismo; asimismo dijo que el día tres de noviembre de dos mil veinte, se notificó a la asesora jurídica la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha siete de octubre de dos mil veinte, y en esa misma fecha, antes de la notificación, presentó el escrito a que hace alusión el asesor jurídico, el cual se acordó el cuatro de noviembre; de igual forma expuso que la asesora jurídica se impuso varias veces de la carpeta de investigación y por ende del dictamen de causalidad citado; finalmente solicitó a la juez de control, que al concluirse en el dictamen de causalidad de tránsito terrestre que la causa que dio origen al hecho es atribuible al peatón, se confirme su determinación de no ejercicio de la acción penal. 27:40-29-53 La defensora particular del imputado adujo que sí se agotó la exhaustividad en la carpeta de investigación, y debe tomarse en cuenta el dictamen de causalidad de tránsito terrestre, en el que el perito concluyó que el hecho de tránsito es de carácter humano, debido al peatón por no cruzar en una zona debida en una carretera federal, por lo que solicita se confirme la determinación de la Fiscal de no ejercicio de la acción penal. 30:00 el investigado Juan Francisco Cortés Guendulay dijo no tener ninguna manifestación. 30:05-39:53 El asesor jurídico insistió que el tres de noviembre de dos mil diecinueve, su compañera Rocío Hernández Juárez, asesora jurídica acudió a las catorce horas a la Fiscalía para presentar un escrito a fin de inconformarse con el dictamen de causalidad, solicitar pruebas e incluso proponer medios alternativos de solución, y la Fiscal se impone de la presencia de su compañera y le solicita de manera sorpresiva que firme una constancia de notificación con fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, de la determinación del no ejercicio de la acción penal y su compañera le inserta una leyenda bajo protesta y asienta la fecha tres de noviembre de dos mil veinte con horario de catorce horas con tres minutos; asimismo hizo mención el dictamen de causalidad de tránsito terrestre, que obra en la carpeta de investigación no se encuentra firmado por el perito. 40:00 la ofendida Remedios Pacheco Colorado dijo no tener ninguna manifestación. 40:03-42:52 la Fiscal refirió que en los autos de la carpeta de investigación sí se encuentra firmado el dictamen de causalidad de tránsito terrestre, y que tal vez en la copia que tenga el asesor jurídico no se aprecie la firma; y solicitó a la Juez de Control se confirme el no ejercicio de la acción penal. 42:58-45:15 La defensora particular del imputado dijo que el perito al realizar el dictamen de causalidad de tránsito terrestre, se basó en cuestiones objetivas y no subjetivas, en condiciones que no se pueden cambiar, y la causal que originó el hecho de tránsito es el peatón cruzando de manera indebida en una carretera federal, además en un estado etílico, por ello solicitó a la Juez de Control que deje firme la determinación de la Fiscal del no ejercicio de la acción penal. 45:21 el investigado Juan Francisco Cortés Guendulay dijo no tener ninguna manifestación. 45:25 el asesor jurídico dijo no tener ninguna manifestación. 45:54-46:50 la Juez de Control cuestiona a la Fiscal que si es correcto lo que informó el asesor jurídico en el sentido de que su compañera Rocío Hernández Juárez, asesora jurídica acudió a la Fiscalía el tres de noviembre de dos mil veinte a presentar un ocurso y que en esa misma fecha se le notificó la determinación con una constancia de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, pero que la asesora asentó que se notificaba con fecha tres de noviembre de dos mil veinte. 46:51-48:52 La Fiscal respondió que bajo el principio de lealtad con el que se conduce le hace del conocimiento que la asesora jurídica tuvo conocimiento de la determinación del no ejercicio de la acción penal desde el día veintiséis de octubre de dos mil veinte, que compareció a las instalaciones, pero que no quiso notificarse, que también acudió el treinta de octubre del dos mil veinte y que tampoco se quiso notificar, sino hasta el tres de noviembre de dos mil veinte cuando acudió a presentar su ocurso y que tuvo que intervenir el Fiscal de Distrito para indicarle que debía notificarse de manera formal y que si no le era beneficioso, podía impugnar la determinación. 49:00-1:03:11 la Juez de Control cierra debate entre las partes y procede a resolver confirmando la determinación de no ejercicio de la acción penal de siete de octubre de dos mil veinte. En efecto, la juez responsable en la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, adujo que el asesor jurídico en sus argumentos de inconformidad expuso que no existe exhaustividad en la carpeta de investigación; que el día en que se presenta su compañera la asesora jurídica Rocío Hernández Juárez a presentar su ocurso de inconformidad con el dictamen de causalidad, es que de manera sorpresiva la Fiscal le notifica la determinación de no ejercicio de la acción penal; agregando que dicho dictamen no se encuentra firmado por el perito, que el mismo es subjetivo porque no se tomaron en cuenta las entrevistas de Martín Martínez Rodríguez y Maricela Márquez Morrón. Asimismo refiere, que según la parte ofendida, no tenía conocimiento de la carpeta de investigación en su totalidad, es decir no tenía conocimiento del hecho con apariencia de delito, que se investigó, las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la forma en que se suscitó el hecho, ya que ninguna de las partes se lo hizo saber, ni la asesoría jurídica quien es la parte que se está doliendo de la resolución. Refiriendo además la responsable, que en su inconformidad el asesor jurídico refiere que la Fiscalía no citó a dos testigos los cuales tuvieron conocimiento de los hechos, pues se lograron percatar que el imputado conducía un vehículo tipo Tida circulando a exceso de velocidad; empero la resolutora responsable, señala que la Fiscalía fue clara en ese momento en especificar que sí fueron citados el señor Martín Martínez Rodríguez el doce de febrero de dos mil diecinueve y la señora Maricela Márquez Morrón el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, sin que hubiera realizado manifestación en contrario la asesoría jurídica para establecer que no se encontraban las entrevistas de referencia. Asimismo, la responsable puntualizó que por cuanto hace a la manifestación del asesor jurídico en el sentido de que el dictamen no se encuentra firmado por el perito, solo consta de dos fojas útiles, y que considera que en el mismo, el perito no valoró los elementos subjetivos que obran en la carpeta de investigación como lo son los testigos presenciales de los hechos; al respecto la resolutora adujo que de las argumentaciones de las partes y en específico de la Fiscalía, que se basa en el Dictamen de Causalidad y de Tránsito Terrestre, y en específico bajo protesta de decir verdad de acuerdo a lo que dispone el numeral 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que el dictamen sí se encuentra firmado, sin embargo en las copias con las que se les corrió traslado no se encuentra la firma, especificándose que las mismas les fueron entregadas con posterioridad a que la asesoría jurídica se notificara de la determinación del no ejercicio de la acción penal. En este punto, la Juez responsable tomó en consideración que si bien es cierto, es una obligación de la asesoría jurídica de hacer el cotejo correspondiente y argumentar lo relativo a que pidió cerciorarse que en la carpeta de investigación tampoco contaba con la firma el peritaje aludido, sin embargo, en la audiencia la asesoría jurídica no hizo valer lo anterior, sino por el contrario estableció ante dicho órgano jurisdiccional que en su copia de la carpeta de investigación no se encontraba la firma del perito, en el dictamen referido. En esos términos, la responsable dijo que la asesoría jurídica de igual forma, al referirse al dictamen de causalidad únicamente hace alusión a que el mismo no tomó en consideración las entrevistas de los testes aludidos, no hace alguna otra motivación al organismo jurisdiccional para establecer que en su momento, efectivamente al haber basado la Fiscalía la determinación del no ejercicio de la acción penal, con lleve a determinar que no hubo exhaustividad en la Investigación, máxime que en ese momento la Fiscalía estableció que el dictamen es de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, que estaban debidamente enteradas la totalidad de las partes, en específico la propia ofendida y que es hasta que la Fiscalía dicta la resolución del no ejercicio de la acción penal, cuando se presenta el ocurso a que hace alusión la asesoría, significando además la responsable, que si bien es cierto que se estampa la data de notificación de dicha resolución con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, también lo es que con antelación existe una constatación de levantada por la Fiscalía y la negativa de firmar la notificación que se realiza a la licenciada Rocío Hernández Juárez. En esos términos, la Juez de Control, concluye que con los datos de prueba que en su momento especificó la Fiscalía que corren agregadas a su carpeta de investigación, establece efectivamente llevó a cabo la entrevista de los testigos, y basó su determinación en el dictamen aludido y en el diverso dictamen de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, número 1921, emitido por Denise Domínguez Cabrera, quien al hacer una prueba a la víctima detectó la presencia de alcohol; por lo que una vez valorados cada uno de los datos de prueba y sobre todo las argumentaciones de la asesoría, no advierte la Juez responsable, que la Fiscalía no haya sido exhaustiva en la Investigación antes de realizar la determinación del no ejercicio de la acción penal, toda vez que la propia fiscalía adujo que los testigos Martín Martínez Rodríguez y Maricela Márquez Morrón sí fueron llamados a declarar, y no solo ello, también especifica que la determinación la realizó tomando en consideración los dictámenes de referencia que fueron puestos en conocimiento de las partes y que dicha determinación se realiza un año posterior a los hechos, por lo que a criterio de dicha Juez de Control considera que los servidores públicos adscritos a la Fiscalía deben conducirse bajo los principios de objetividad, lealtad, buena fe y respeto a los derechos humanos y que la determinación de no ejercicio de la acción penal se encuentra conforme a derecho y la declaró firme. Contestación conceptos de violación Ahora, inconforme con esa decisión la quejosa plantea en esta vía como conceptos de violación que con la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se viola lo tutelado por los artículos 14, y 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la resolución atacada no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, además que considera que no se encuentra fundada ni motivada, ya que considera que la Juez de Control no realiza un verdades análisis de las argumentaciones y manifestaciones vertidas por su asesor jurídico. Argumentos que son infundados, puesto que la resolución reclamada, no trasgrede el derecho a un debido proceso que prevé el artículo 14 de la Constitución Federal, pues de la videograbación se advierte que la Juez de Control responsable, después de conceder el uso de la palabra a las partes, y dar contestación a los argumentos expresados por el asesor jurídico, respecto de la falta de exhaustividad en la investigación, aclararle que sí se encontraba firmado el dictamen de causalidad de tránsito terrestre dentro de la carpeta de investigación de acuerdo a lo referido por la Fiscal, que sí fueron citados los atestes presenciales de los hechos en la carpeta de investigación, y que la determinación se realizó casi un año después de ocurridos los hechos, dejó intocada la resolución de no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscal; lo cual se estima ajustado a derecho. Se sostiene lo anterior, ya que la autoridad responsable, dijo que sí hubo exhaustividad en la investigación, pues incluso basta imponerse de la videograbación para advertir que la Fiscal detalló los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que dicha servidora pública basó su determinación en el dictamen de causalidad de tránsito terrestre emitido por el perito Jorge Ramses Espinosa Osorio, en el que concluyó que la causa que originó el hecho de tránsito terrestre que se investiga es de tipo humana y se debe al peatón al no cruzar en zona debida en una carretera federal y al diverso dictamen químico suscrito por la perito Denise Domínguez Cabrera quien después de valorar a la víctima Guillermo Vázquez Miranda hizo del conocimiento que detectó la presencia de alcohol en la muestra de sangre del mismo. Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, y al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la unión a Remedios Pacheco Colorado. La negativa del amparo, se hace extensiva a los actos imputados a la autoridad responsable señalada como ejecutora, al no haberse reclamado su actuar por vicios propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 73 a 79 de la Ley de Amparo, seRESUELVE: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Remedios Pacheco Colorado, contra el acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia.Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que remitió el 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, así como con un disco compacto de almacenamiento de datos, que remitió como justificación de sus actos; así como con las documentales que remitió la Fiscal Comisionada a la 2. Fiscalía Novena Adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz que acompañó a su informe justificado. Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio.
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