Remedios Garcia Quintana

Expediente 1041/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1041/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2017

Partes del expediente

  • Remedios Garcia Quintana
  • Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliacion y Arbitraje del Valle de Toluca

Actuaciones

  1. Principal

    II. Notifíquese y personalmente a la partes.

  2. Principal

    II) (CITATORIO TERCERA INTERESADA) Toluca, Estado de México; diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copias certificadas de todo lo actuado en el expediente laboral J.2/483/2015. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y constancias de cuenta para los efectos legales. Por otro lado, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio Remedios García Quintana, señaló como acto reclamado la abstención por parte de la responsable al no emitir laudo laboral. De las actuaciones remitidas por la autoridad responsable relativas al expediente laboral J.2/483/2015, se advierte que el cuatro de julio pasado se emitió el laudo reclamado mismo que fue notificado en esa misma data. Constancias aludidas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Así las cosas, si la autoridad responsable al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado en razón de que se radicó el expediente J.2/483/2015, y el cuatro de julio pasado se dictó el laudo, notificándose a las partes dicha determinación; por ende, es incuestionable que la afectación a su esfera jurídica dejó de existir, pues sus efectos jurídicos cesaron y, por ende, no existe infracción a las derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su perjuicio. Por consiguiente, si la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la promovente del amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas del veintiocho de julio dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, si la autoridad a quien se dirige el oficio se encuentra de vacaciones, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal para que una vez que reanude sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo envíe el oficio respectivo, el cual queda bajo su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sea debidamente enviado a su destinatario. Notifíquese y personalmente a la partes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio remitido vía correo electrónico a través del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y readaptación Social, en representación del Director General de Ejecución de Sanciones y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, hace diversas manifestaciones en relación a los estudios técnicos de personalidad actualizados practicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario al quejoso y solicita una prórroga para remitir dichas constancias y el primero de ellos, interpone recurso de queja contra el proveído de doce de junio del año en curso. Atento a lo anterior, en conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. Con copia del escrito de cuenta, notifíquese a las partes la interposición del recurso citado, para que en el plazo de tres días, señalen las constancias certificadas que deben remitirse para la resolución de ese medio de impugnación. Una vez transcurrido dicho plazo, con fundamento en el ordinal mencionado en último término, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, el escrito de interposición señalado, copia autorizada de la determinación impugnada y en su caso, de las constancias necesarias para su resolución. Sin que haya lugar a suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo, ya que únicamente es factible su suspensión cuando la resolución que se dicte en tal medio de impugnación, pudiera influir directamente en la sentencia de amparo, lo cual no acontece en el caso en estudio, pues el auto impugnado lo constituye la imposición de una multa a la autoridad responsable al no haber dado cumplimiento a un requerimiento efectuado por este juzgador. Finalmente, a fin de que la oficiante esté en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento de mérito, se concede una prórroga de diez días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el entendido, que subsiste el apercibimiento decretado en el auto citado. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VIII. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa Ascenciona Carlos de Gaona, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, al fallo protector. Atento a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales conducentes, y se está a la espera de que fenezca el plazo concedido en el auto de veintisiete de junio del año en curso (foja 20).

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