Remedios Frias Bolaina
Expediente 978/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Remedios Frias Bolaina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 978/2022-II, promovido por Remedios Frías Bolaina, contra actos de la Junta Especial Número Seis der la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de agosto de dos mil veintidós, recibido en este órgano de control constitucional el veintitrés del mismo mes y año, Remedios Frías Bolaina, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado, señaló lo siguiente: Autoridad responsable: Centro de convivencia Familiar del Poder Judicial de esta Ciudad de Matamoros. Acto reclamado: "La injusta y lejana fecha para llevar a cabo estudio socioeconómico por video llamada a la ciudadana Cristal Acosta López y al suscrito el ciudadano Remedios Frías Bolaina" (Sic) SEGUNDO. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se le dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos de manera pronta, completa e imparcial, al programar en exceso de tiempo la fecha para el desahogo del estudio socioeconómico por video llamada al aquí quejoso y tercera interesada, dentro del expediente 00485/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, relativo al juicio ordinario civil sobre guardia y custodia de menor, promovido por Remedios Frías Bolaina, en contra de Cristal Acosta López. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación al caso, por contener razonamientos aplicables, la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informan, la tesis aislada número P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, correspondiente al mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se le atribuye al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado (foja 20). Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las documentales que se allegaron con el informe justificado rendido por la autoridad en comento, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo establecido en la jurisprudencia número ochocientos catorce, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Sentado lo anterior, la causa de improcedencia que se actualiza respecto del acto reclamado, es la prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el que en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Para una mejor comprensión del significado de la causal de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENIAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la citada causal de improcedencia, es necesario que el acto reclamado por Remedios Frías Bolaina, quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique al agraviado y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que la parte quejosa se duele, en lo medular: Del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial en esta ciudad, la omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos de manera pronta, completa e imparcial, al programar en exceso de tiempo la fecha para el estudio socioeconómico por video llamada al aquí agraviado y la tercera interesada, dentro del expediente 00485/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, relativo al juicio ordinario civil sobre guardia y custodia de menor, promovido por Remedios Frías Bolaina, en contra de Cristal Acosta López, con sede en esta localidad, lo anterior dado que la responsable había señalado fechas para el siete y trece de febrero de dos mil veintitrés, para llevarlas a cabo. Empero, de las constancias que obran en este expediente, y que fueron allegadas por la autoridad responsable, se aprecia que dicha omisión ya fue subsanada; toda vez que con fecha dos de septiembre del año en curso, se libró oficio CCFM/969/2022 al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, en el cual sugirió las fechas de veinte y veintisiete de octubre del año en curso, para llevar a cabo los aludidos estudios socioeconómicos por video llamada, dado que en dichas datas se encuentran disponibles en el sistema de agenda electrónica, por lo que el juez de origen fijo las mismas dentro del expediente 00485/2022, de su índice. A los medios de convicción aportados por la autoridad responsable, este juzgador les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficientes para acreditar sin lugar a dudas las circunstancias que en ellos se contiene; entre las que se destaca, que el dos de septiembre del año en curso, la autoridad responsable, sugirió nuevas datas para llevar a cabo el estudio socioeconómico por video llamada al aquí quejoso y tercera interesada, dentro del expediente 00485/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta localidad, relativo al juicio ordinario civil sobre guardia y custodia de menor, promovido por Remedios Frías Bolaina, en contra de Cristal Acosta López; cuya omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos de manera pronta, completa e imparcial, al programar en exceso de tiempo la fecha para el desahogo de la mismas, dentro del aludido juicio, se dolía la amparista. Subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir de la parte quejosa; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, resulta procedente sobreseer el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Por las consideraciones que la informan, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia número ciento tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, como se dijo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aun y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que se dice agraviado por el acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Por lo antes expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 76, y 79 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio constitucional promovido por Remedios Frías Bolaina, respecto de los actos que reclamó al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 25470/2022 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 431/2022 (orden 564/2022), pues llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Uno Especializada en el Combate al Secuestro, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja de la estadística de este Juzgado de Distrito la comunicación oficial que se recibe, Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Por otra parte, vista la razón actuarial que antecede, levantada por la fedataria judicial adscrita el dos del mes y año en curso, se advierte que no fue posible emplazar a la tercera interesada ********************, toda vez que al constituirse en la dirección proporcionada por el quejoso, no logró ubicar su casa habitación, aunado a que al entrevistarse con vecinos del lugar le manifestaron desconocer a dicha persona. Ahora bien, del escrito de aclaración de demanda presentado el treinta uno de agosto del año en curso, el agraviado al señalar la residencia de la citada tercera, indicó como referencia que es una casa de renta de color blanca, situada frente a una de color verde; aunado a que, del informe que se recepciona se aprecia el número telefónico 8683048345, y correo electrónico cristalacostal96@gmail.com, de la misma. Por tanto, al tratarse de la primera notificación y emplazamiento, el cual constituye uno de los actos más importantes de todo proceso, porque de él depende que el interesado pueda comparecer a juicio y ejercer sus derechos, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que se constituya nuevamente en el domicilio de ********************, tomando en consideración las referencias indicadas por el quejoso, y con las formalidades de ley, realice su llamamiento al presente juicio; asimismo, como medida pertinente y con el propósito de que se investigue su paradero, se le faculta para que se comunique al número telefónico y al correo electrónico reseñado en el párrafo anterior, para el éxito de la diligencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, primero de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por César Iván Balboa Arámbula, autorizado por la parte quejosa en términos del artículo 12 de la ley de la materia; con el mismo, téngasele desahogando el requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales promovida por Remedios Frias Bolaina, contra actos del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial en esta ciudad; bajo el número que le fue obsequiado. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las once horas con diez minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Por otra parte, el compareciente señala como tercero interesada a Cristal Acosta López, con domicilio en calle Benjamín Franklin sin número, entre Tomás de Alba y Pedro Curiel, de la Colonia Nuevo Progreso de esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se reconoce con tal carácter. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en dicho lugar y con copia simple de la demanda y del presente auto, emplace a esta contienda constitucional a la referida tercero interesada; lo anterior, para que de estimarlo conveniente, se apersone al presente juicio de amparo a defender sus derechos. En cuanto a la prueba documental ofrecida por la parte agraviada en su escrito inicial, con fundamento en lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada desde este momento por su propia y especial naturaleza. Notifíquese, y personalmente a la tercera interesada. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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