Remedios Ana Mendoza Ortigoza
Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Remedios Ana Mendoza Ortigoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 641/2023 promovido ********************en contra del acto de la autoridad que se precisará más adelante. I. ANTECEDENTES Del contenido de la demanda de amparo destaca que la justiciable manifestó que mediante un escrito que presentó de tres de enero de dos mil veintitrés, solicitó al Director General del Instituto Catastral de Oaxaca la actualización del sistema catastral respecto de la cuenta ******************** que corresponde a un ********************, ********************, ubicado en el ********************, ********************, ********************, en esta entidad federativa, para poder realizar el trámite de traslado de dominio que necesita y que esa autoridad no ha dictado la respuesta correspondiente. La inconforme estima que el acto que reprocha al ente responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y causa afectación a su esfera jurídica. II. TRÁMITE Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que más adelante se indicarán. La parte quejosa señaló como derecho fundamental violado el consagrado por el arábigo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal a quien por razón de turno correspondió conocer del presente asunto lo registró bajo el expediente 641/2023; admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado carece de ejecución, dada su naturaleza omisiva; por tanto, ese presupuesto procesal se surte a favor de este órgano de control constitucional, en razón de que el escrito inicial se presentó en el territorio en el que ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate el acto siguiente: Del Director General del Instituto Catastral de Oaxaca impugna: La omisión de dar respuesta el escrito que presentó de tres de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la actualización del sistema catastral respecto de la cuenta ******************** que corresponde a un ********************, ********************, ubicado en el ********************, ********************, ********************, en esta entidad federativa, para poder realizar el trámite de traslado de dominio que necesita. V. EXISTENCIA DEL ACTO COMBATIDO Es cierto el acto reprochado al Director General del Instituto Catastral de Oaxaca, porque en su informe justificado implícitamente reconoce su existencia, lo que es suficiente para tener por demostrada su certeza. Además, esa certeza se patentiza con las copias certificadas del escrito que la agraviada presentó ante la responsable el tres de enero de dos mil veintitrés, el cual contiene la solicitud que formuló y con el oficio ********************de veintinueve de junio del año en curso, que esa autoridad anexó a su informe justificado, a los que se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los normativos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que con esas documentales se acredita que la disidente formuló una petición ante la responsable y que a la fecha en la que se promovió este asunto -veintisiete de junio de dos mil veintitrés- existía la omisión impugnada, porque ese ente público no había emitido la contestación respectiva hasta esa data. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto impugnado al Director General del Instituto Catastral de Oaxaca, consistente en la omisión de dar respuesta el escrito que la disidente presentó de tres de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la actualización del sistema catastral respecto de la cuenta ******************** que corresponde a un ********************, ********************, ubicado en el ********************, ********************, ********************, en esta entidad federativa, para poder realizar el trámite de traslado de dominio que necesita se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa omisión, porque el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, una dependencia de ese ente público se pronunció en cuanto al citado ocurso y la contestación respectiva se notificó a la justiciable el trece de julio posterior, a través de una de sus autorizadas. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la quejosa reclama del Director General del Instituto Catastral de Oaxaca la omisión de dar respuesta el escrito que presentó de tres de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la actualización del sistema catastral respecto de la cuenta ******************** que corresponde a un ********************, ********************, ubicado en el ********************, ********************, ********************, en esta entidad federativa, para poder realizar el trámite de traslado de dominio que necesita, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a ese ente público a dictar la respuesta que corresponda a la petición que formuló y que notifique esa contestación. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular del oficio ********************de veintinueve de junio del año en curso, que la responsable aportó se advierte que el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral de Oaxaca se pronunció respecto del ocurso que la justiciable presentó el tres de enero de la presente anualidad; en tal sentido, señaló que detectó una diferencia entre la firma puesta en ese libelo y la que se plasmó en la credencial para votar de la disconforme, lo que señaló que generaba incertidumbre en cuanto a la autenticidad del escrito que contiene la petición indicada, por lo que requirió a la quejosa para que dentro del plazo de quince días naturales siguiente a la notificación de ese comunicado compareciera a las oficinas de esa dependencia para que ratificara la firma puesta en dicho escrito a fin de que se pudiera continuar el trámite de su solicitud y estar en condiciones de dar una respuesta a dicha petición. Es necesario indicar que el requerimiento contenido en el oficio descrito se notificó a la disidente el trece de julio pasado, a través de una de sus autorizadas. Lo antes descrito evidencia que la autoridad catastral para estar en aptitud de emitir una resolución respecto de la petición que la disidente formuló decidió instrumentar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y para continuar con la secuela de este último formuló una prevención a la disidente para la tener certeza de la solicitud que realizó, por lo que el requerimiento respectivo le fue notificado por conducto de una de sus autorizadas; por otro lado, se tiene en cuenta que la continuación del citado procedimiento está supeditado a que la disidente atiende tal requerimiento, porque de lo contrario no se dará trámite a su petición, lo cual implica una conducta de hacer de la quejosa en la temporalidad concedida que no depende del ente responsable. En esos términos, se advierte que una dependencia de la autoridad responsable ya se pronunció en cuanto al escrito que la quejosa presentó el tres de enero del año en curso, en donde ejerció su petición y que el requerimiento formulado para continuar con la secuencia del procedimiento administrativo correspondiente le fue notificado y que esas situaciones se hicieron de su conocimiento al darse vista a la justiciable con el informe justificado, por lo que ante esas circunstancias es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con las actuaciones realizadas se demuestra que los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado al ente responsable han cesado de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 Constitucional, dada la existencia del referido procedimiento administrativo. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado al Director General del Instituto Catastral de Oaxaca, consistente en la omisión de dar respuesta el escrito que la disidente presentó de tres de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la actualización del sistema catastral respecto de la cuenta ******************** que corresponde a un ********************, ********************, ubicado en el ********************, ********************, ********************, en esta entidad federativa, para poder realizar el trámite de traslado de dominio que necesita; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la justiciable reclamó al Director General del Instituto Catastral de Oaxaca, consistente en la omisión de dar respuesta el escrito que la disidente presentó de tres de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la actualización del sistema catastral respecto de la cuenta ******************** que corresponde a un ********************, ********************, ubicado en el ********************, ********************, ********************, en esta entidad federativa, para poder realizar el trámite de traslado de dominio que necesita. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de ocho días previsto por el arábigo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para que la justiciable se imponga del contenido del informe justificado que la responsable Director General del Instituto Catastral de Oaxaca rindió y de la documental que aportó en respaldo de tal informe, por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la autoridad responsable Director General del Instituto Catastral de Oaxaca por rendido su informe justificado y por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal de ese ente público el que indica en su ocurso. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Regulo Abad Saguilán Moreno604/2013
- Regulo Wenceslao González449/2019
- Reina Castillo Delgado1166/2017
- Reina Socorro González Gordillo780/2017
- Reinaldo Ramírez Contreras7/2019
- Remberto Carmelo Jiménez Tomás287/2016
- Remedios Molina Cisneros429/2019
- Remigio Caballero SàNchez454/2022
- Remigio Guzmán Castro812/2022
- Remigio Salinas Torres19/2021
- Renata Raquel Gazga Flores389/2015
- Renato Balbuena Barrios1328/2021