Reinier Gomez Luzardo

Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Reinier Gomez Luzardo
  • YADIRA SANTOS LEON y Otros.
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y APARECIENDO DE LA MISMA QUE NINGUNA DE LAS PARTES INTERPUSO...EL RECURSO DE REVISIÓN...EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PRESENTE ASUNTO, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO.... SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO..... DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO.....SE ORDENA DEPURAR EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DENTRO DE LOS.....LA INFORMACIÓN ES PÚBLICA...PODRAN CONSULTAR CUANDO LO SOLICITEN...

  2. Principal

    UNICO.-SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO...

  3. Principal

    Vista la cuenta, se provee: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio suscrito por la Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, y remitido por la Agente Federal de Migración, mediante el cual rinde informe con justificación; en consecuencia, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés estimen pertinente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad citada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Finalmente, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente como medio de contacto los números de celular 9932435953 y 9931110601; así como los correos electrónicos smiranda@inami.gob.mx, juridicotab@inami.gob.mx y guardiatab@inami.gob.mx.

  4. Principal

    Tramitación de la demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Reiner Gómez Luzardo, Dayamis Rosmedis González Torres, Eriberto Enamorado Pérez, Yadira Santos León, Yodexis Portela Almanza, Reiner González Marrero y Roymeris Milanés González, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y otras autoridades. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 808/2021-V, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, comuníquese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad para los efectos legales conducentes. Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Desechamiento parcial de la demanda. En principio, debe indicarse, que las quejosas señalan diversos actos reclamados, importando destacar en esta parte, el que denominan como: "LA NO DEPORTACIÓN, LA INCOMUNICACIÓN, LA DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD". Asimismo, en los hechos de su demanda narran que son originarios de la República de Cuba, que han ingresado a territorio mexicano y, que fueron detenidos en la Estación Migratoria de Villa la Venta, Huimanguillo, Tabasco y que actualmente se encuentran detenidos e incomunicados en la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, con el temor de ser detenidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, para deportarlos del país, por lo que piden les sea respetado su derecho de tránsito. De igual manera, cabe destacar que señalan autoridades del Instituto Nacional de Migración, así como otras diversas, de distintas entidades federativas. Ahora, atendiendo a tales hechos, resulta necesario establecer que el juicio de amparo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, constituye un procedimiento federal de control constitucional, por virtud del cual los gobernados se encuentran en aptitud de solicitar a los tribunales de la federación la protección, cuando a través de un acto de autoridad se vulneran sus derechos fundamentales. A fin de entender su teleología y alcances de este medio de control constitucional, se invoca el criterio aislado sustentado por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 70, Volumen 121-126, Tercera Parte, materia común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS. Para precisar el alcance legal que tienen las sentencias definitivas que se pronuncien en los juicios de amparo, precisa referir ante todo sus efectos y limitaciones desde que esta defensa constitucional extraordinaria fue establecida por primera vez en nuestro régimen jurídico federal, hasta como están señalados en la Constitución vigente. Por iniciativa de don Mariano Otero ante el Congreso Constituyente de 1846 y la urgencia "de acompañar el restablecimiento de la Federación -como decía en aquélla, de una garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más ... los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos de la Federación a los particulares", era preciso que se elevase "a gran altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les asegure la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión", el propio Congreso acogió la defensa del particular contra tales actos (que posteriormente fueron ampliados a los provenientes de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Federación) a través del juicio de amparo, aunque limitando el alcance de las sentencias definitivas que en tales juicios se pronunciaren. Y así, el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, estatuía: "Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la ley o del acto que lo motivare". Mediante una acertada diferenciación propuesta por la comisión encargada de redactar la Constitución de 1857, que ella misma la calificó como "la reforma tal vez más importante que tiene el proyecto de tratar de las controversias que se susciten por leyes o actos de la Federación o de los Estados, que ataquen sus respectivas facultades o que violen las garantías otorgadas por la Constitución", el Constituyente de 1856 reservó al juicio de amparo, propiamente tal, el conocer de toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal; excluyendo las demás controversias en materia federal, para que de ellas conociese el mismo Poder Judicial de la Federación actuando en juicios de su jurisdicción ordinaria; y limitando también el alcance de las sentencias pronunciadas en amparo. De esta manera, los artículos 101 y 102 de la citada Constitución de 57 establecían: "Artículo 101. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal"; y el "Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será tal, siempre, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Finalmente, la Constitución vigente, de 5 de febrero de 1917, conservó tal diferenciación jurisdiccional, encomendando al Poder Judicial de la Federación el conocimiento de ambas clases de controversias y dándole por ello plenitud de jurisdicción constitucional extraordinaria en los casos de amparo y ordinaria en los demás, en éstos, cuando sólo se controviertan cuestiones meramente legales en materia federal; y conservó el mismo alcance limitado en las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo. Así dicen los artículos relativos: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal", y 107, fracciones I y II, en su texto actual: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare"; la Ley de Amparo, al reglamentar este precepto constitucional, consignó lo siguiente en el párrafo primero de su artículo 76: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Por otra parte y para el fin que se persigue, es preciso señalar que jurídicamente la acción de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria civil, penal o administrativa (que fundamentalmente consiste en motivar la prestación por parte del Estado de su actividad jurisdiccional para la declaración del derecho incierto de los particulares o del Estado como sujeto de derecho privado, y para la realización forzosa de sus intereses cuando su tutela sea cierta); sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley común; no le interesa la violación de derechos efectuada por particulares y entre particulares, ni los obstáculos que se opongan a la realización de la norma jurídica. La acción de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a hacer respetar la propia Constitución cuando la autoridad ha rebasado sus límites. De aquí que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente intereses tutelados por la norma jurídica meramente legal o ley común; ya que, como culminación de la acción constitucional extraordinaria, se limita a amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jurídico de una sentencia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija, si aquél es negativo, según lo consigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Congruente con lo antes expuesto se ha pronunciado la jurisprudencia de este Alto Tribunal, como es de verse por las tesis 175 y 176, publicadas a fojas 316 y 317, respectivamente, de la Sexta Parte de su compilación 1917-1965 (correspondientes a las tesis 173 y 174 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Octava Parte, páginas 296 y 297) que dice así: "175. SENTENCIAS DE AMPARO. Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común"; y "176. SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven". Dada, pues, la naturaleza jurídica propia de ambas acciones, esencialmente diferentes entre sí, es por lo que la sentencia de amparo en ningún caso puede tener efectos erga omnes, ya que, según se ha dicho, sólo se ocupa de personas particulares sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que motivare la queja; lo que no sucede en las pronunciadas en los juicios comunes, que frecuentemente sí tienen esas consecuencias, como sucede en todas las sentencias declarativas. Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, esta Sala se ve impedida para pronunciar en el caso una sentencia de fondo. En efecto, de concederse la protección constitucional a los parte quejosa s, o sea, de resolverse que es inconstitucional el decreto del Ejecutivo Federal impugnado que abrogó el de 28 de marzo de 1947 (que había declarado saturada la industria cigarrera en el país), la consecuencia lógica de la ejecutoria que en tal sentido se pronunciare, sería que subsistiera la prohibición consignada en el primer decreto, es decir, la de que ninguna persona pudiera establecer una fábrica de cigarros, hubiese sido o no oída y vencida en juicio, no obstante que a todos favorece el levantamiento de tal prohibición. Un fallo de esta naturaleza tendría, pues, efectos y consecuencias erga omnes; lo cual contraría y desconocería la naturaleza propia de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, que, como ya quedó precisado, sólo han de ocuparse de personas particulares sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que motivare la queja. Es por esto que en estos casos resulta improcedente la acción constitucional a virtud de lo mandado por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal y 76, párrafo primero, de la misma ley reglamentaria; lo que, en suma, lleva a la conclusión de confirmar el sobreseimiento recurrido." (Lo subrayado es propio). Del criterio transcrito, se colige que la teleología del juicio de amparo o el fin último que persigue, es el de proteger y preservar el régimen constitucional y los derechos humanos; por consiguiente, el juicio de amparo no tiene como fin resolver directamente sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de las autoridades, sino proteger al individuo o a la persona moral en el goce de los derechos humanos consagrados en la constitución o los previstos en los tratados internacionales en los que México es parte. Luego, el juicio de amparo no es un derecho de acción procesal ordinario que tenga como propósito inmediato la declaración del derecho sustantivo de los particulares, como sí lo hacen los tribunales del fuero común; no obstante que el juez de amparo tenga la obligación de revisar si los derechos fundamentales de los gobernados fueron respetados, pues esta facultad nace una vez impulsada la maquinaria del sistema judicial. Entonces, el juicio de amparo es un medio extraordinario para invalidar los actos de las autoridades o de personas físicas si el acto que se le reclama reúne las características de ser considerado acto de autoridad, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. En el mismo tenor, esto es, en cuanto a establecer la naturaleza y finalidad del juicio de amparo, se citan los artículos 131, 132, 150 y 160 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 131. Cuando el parte quejosa que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el parte quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el parte quejosa antes de la presentación de la demanda". "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el parte quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al parte quejosa." "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." Lo que interesa destacar de las normas trascritas, relativas a la suspensión en el juicio de amparo, es que ésta, la suspensión, no puede otorgarse para modificar u otorgar derechos que no haya tenido la parte quejosa; que se debe prever que no se defrauden derechos de terceros; que cuando sea procedente, no se impida la continuación del procedimiento que, en su caso, haya motivado el acto reclamado, y; que necesariamente al concederse la suspensión de plano, cuando se reclame la deportación, los efectos serán que el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, entre otras cosas. En otro orden de ideas, se tiene que los artículos 11 constitucional y 7 de la Ley de Migración, establecen: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." Los artículos en cuestión, prevén el derecho al libre tránsito por el territorio mexicano, de toda persona. Asimismo, prevén que el uso de este derecho no es irrestricto, sino que se encuentran limitado a las disposiciones que prevé la propia Constitución, así como las leyes en materia de emigración e inmigración, entre otros casos. Al respecto, en la citada Ley de Migración, se prevé en sus artículos 35, 37, 40, 52, del 77 al 137 y demás relativos, que tanto los mexicanos como los extranjeros deben cumplir con los requisitos de la propia ley; que para internarse en éste, los extranjeros deben presentar en los filtros de revisión migratoria, diversos documentos; que existen diversos tipos de visas que los extranjeros deben presentar si pretenden ingresar al país en determinados casos; que la visa se solicitará en las oficinas consulares; que los extranjeros pueden permanecer en territorio nacional en calidad de visitante, residente temporal y residente permanente, con distintas modalidades a su vez y; que existe un procedimiento administrativo migratorio, que va desde el control migratorio, la verificación, revisión, presentación, hasta el retorno asistido y la deportación de extranjeros del territorio nacional, así como la solicitud de regulación migratoria. Finalmente, debe destacarse, que conforme el artículo 16 constitucional, las autoridades administrativas (incluyendo las migratorias) no están facultadas constitucionalmente (lo cual tampoco se valida acorde el artículo 21 constitucional, pues no se está en el supuesto de una infracción administrativa) valga la redundancia, para detener, retener, presentar o cualquier otra denominación que se le dé, al hecho de coartar la libertad ambulatoria de una persona. Así, se tiene por una parte, como se explicó, que el juicio de amparo no tiene como finalidad el otorgar o modificar derechos a la persona que lo solicite, ni por medio de la suspensión, ni por la resolución que se dicte en la audiencia constitucional (sino analizar la constitucionalidad de los actos de autoridad) y tampoco que con el mismo se pueda impedir u obstaculizar el desarrollo de algún tipo de procedimiento; en tanto que, por otra parte, conforme la propia Constitución, toda persona goza del derecho de libertad de tránsito dentro del territorio nacional, pero éste, no es irrestricto, sino que se tienen que observar las leyes en materia migratoria y; finalmente, que las autoridades migratorias no están facultadas constitucionalmente para coartar la libertad ambulatoria de los extranjeros. En el caso concreto, y a fin de conciliar tales disposiciones, en apariencia contrapuestas, en donde una persona extranjera señala como actos reclamados la deportación y detención y/o retención por parte de autoridades migratorias y que manifiesta haber ingresado al territorio mexicano de manera irregular (ya que no dice lo contrario) señalando múltiples autoridades a todo lo largo del país; el suscrito considera que el presente juicio de amparo sólo puede tramitarse respecto de las autoridades que residan en el Estado de Tabasco, pues ello permitirá, por una parte, que conforme los artículos 103 y 107 constitucionales, el juicio de amparo o la suspensión que en él se otorgue, cumpla con la finalidad con la que fue creado y NO SE UTILICE COMO UN SALVOCONDUCTO para transitar en el territorio mexicano, pues un documento de tal naturaleza sólo corresponde expedirlo a las autoridades migratorias, asimismo, que al promoverse no se impida el inicio o continuación del procedimiento administrativo migratorio, así como la observancia a lo dispuesto en el artículo 11 constitucional y la Ley de Migración, pues la parte quejosa (extranjero) debe llevar a cabo el procedimiento de regularización de su situación migratoria conforme las disposiciones aplicables, lo cual puede realizar en esta entidad federativa ante el Instituto Nacional de Migración, quienes, acorde lo señalado en el presente y en el incidente respectivo, deberán respetar los derechos de la parte quejosa en los términos que se establezcan al respecto; máxime, que los efectos de la suspensión de plano son, además de que se impida la deportación, que la parte quejosa quede en el lugar en el que se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional, lo cual lo obligaría a no salir del Estado, por lo que ningún caso tiene que se tengan como autoridades responsables a aquellas que radican en entidades federativas distintas a ésta. Acorde a lo anterior y con fundamento en el artículo 113 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por lo que hace a las autoridades responsables que se encuentran en otras entidades federativas del país, señaladas en el capítulo correspondiente de la demanda; debiendo tramitarse el presente juicio, sólo respecto de la siguiente autoridad: Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco), con sede en esta ciudad. Admisión. En consecuencia, con apoyo en los artículos 108, 109, 110, 112 de la Ley de Amparo en vigor, se admite a trámite la demanda, interpuesta por Reiner Gómez Luzardo, Dayamis Rosmedis González Torres, Eriberto Enamorado Pérez, Yadira Santos León, Yodexis Portela Almanza, Reiner González Marrero y Roymeris Milanés González, contra actos del Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Suspensión de plano. Ahora bien, respecto de la suspensión de los actos reclamados, conviene precisar, el contenido del artículo 126 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el artículo 22 Constitucional, prohíbe en su primer párrafo, las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso concreto, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, reclama, entre otros actos, la incomunicación, detención fuera del procedimiento y deportación. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LOS ACTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 126 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 CONSTITUCIONAL. Por tanto, ya que dichos actos se ubican en el supuesto del artículo 126 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para los siguientes efectos: Para que cesen de inmediato la incomunicación, que refiere se realizan en contra de Jesús Bello Rivera, Mirkel Juniel Pérez Meras, Yaniel Blanco Pérez, Alejandro Brito Carpio, Osvel Blanco Hernández, Roselia Rosales Borges, Estela Guerra Torres, Yordanis Vázquez Peña, Mairobis Yunior Rodríguez de la Cruz, Catalina Collado Cordero, Eneris Delgado Ruiz y Frank Ernesto Tuduri Collado, así como para que la autoridad responsable se abstenga de realizar algún otro acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. DEPORTACIÓN En otro aspecto, la parte promovente bajo protesta de decir verdad, reclama entre otros actos, la deportación, por lo tanto, se ubica en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, transcrito, toda vez que en el caso, se trata de actos que afectan la libertad personal fuera de procedimiento; consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que las cosas se mantengan en el estado procesal que actualmente guardan, esto es, no se ejecute la orden de deportación decretada en contra de Jesús Bello Rivera, Mirkel Juniel Pérez Meras, Yaniel Blanco Pérez, Alejandro Brito Carpio, Osvel Blanco Hernández, Roselia Rosales Borges, Estela Guerra Torres, Yordanis Vázquez Peña, Mairobis Yunior Rodríguez de la Cruz, Catalina Collado Cordero, Eneris Delgado Ruiz y Frank Ernesto Tuduri Collado, ni se lleven a cabo actos tendentes a ejecutarla y para que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún otro acto que se encuentre señalado por el artículo 22 Constitucional. DETENCIÓN FUERA DEL PROCEDIMIENTO Y PROLONGACIÓN DE ALOJAMIENTO TEMPORAL En ese contexto, toda vez que los quejosos, están detenidos en las oficinas o Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, fuera de procedimiento, al tratarse de una falta administrativa y no una orden judicial, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, al tratarse de una detención, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridades del Instituto Nacional de Migración), que no tenga relación con la comisión de algún delito, la suspensión tendrá como efecto en caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad de los quejosos bajo las siguientes condiciones: Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: a. Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los impetrantes del amparo no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. b. Se les requiera para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este Juez de Distrito, el domicilio en donde puedan ser localizados, el cual deberá encontrarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta Ciudad. c. Se indique a los quejosos que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la Ciudad de Villahermosa, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. d. Se requiera a los quejosos para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Similar criterio resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de queja 140/2021, derivado el juicio de amparo 549/2021-V-1 del índice de este Juzgado. Lo anterior es así, toda vez que, si bien es cierto, las autoridades migratorias, tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, ésta es de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, en ese supuesto, la detención no deriva de la comisión de un delito. Por tanto, en su caso, el efecto de la medida cautelar, debe ser que los extranjeros sean puestos en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional; máxime que en términos del artículo 16 Constitucional, la detención de una persona sólo procede cuando emane de una autoridad judicial competente, en los casos de flagrancia en la comisión de un delito, y excepcionalmente, cuando derive de una orden del Ministerio Público que corresponda, en los supuestos que proceda, de conformidad con dicho precepto constitucional. Tiene aplicación al caso, la siguiente tesis aislada I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, materia común, Registro 2016412, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional". En el supuesto de que la detención, ya haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional. En caso de que la detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y NO tenga relación con la comisión de un delito, para que los quejosos sean puestos en libertad. En el supuesto de que la detención haya sido ordenada por el Ministerio Público, y se haya ejecutado, para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de las responsables por cuanto a la continuación de la carpeta de investigación, para que el detenido sea puesto en libertad o se les consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Sin que haya lugar a aperturar los cuadernos incidentales, toda vez que estos tienen la finalidad de suspender la ejecución del acto reclamado y en el presente juicio se decretó la suspensión de plano del mismo. Requerimiento a la autoridad responsable. Lo anterior, comuníquese sin demora a la autoridad responsable por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, para que de inmediato cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional que deberá tener lugar a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Informe justificado. Con fundamento en el numeral 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Prevención en caso de negarse a recibir la notificación. Se comunica a la autoridad responsable que se le sancionará con multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del arábigo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el numeral 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. De igual forma, indíquese a la citada responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien Unidades de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Precisión respecto de las medidas de apremio. En la inteligencia que la mención al denominado "salario mínimo", se entenderá como la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior, conforme con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y su actualización será de conformidad con el transitorio Quinto del mismo decreto, esto es, una vez que se expida la legislación secundaria correspondiente. Requerimiento a las partes respecto de causales de improcedencia. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Requerimiento a las partes respecto de la existencia de diversos juicios. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. Intervención del Agente del Ministerio Público Federal. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Conocimiento a la embajada de la República de Cuba. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos son de nacionalidad Cubana; por tanto, hágase del conocimiento de la Embajada de la República de Cuba en México, remitiéndoles copia simple de la demanda, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio y autorizados por la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala. Además, ténganse como medios de notificación alternos los números telefónicos que proporcionaron en la demanda de amparo para tal efecto. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 5jdo10cto@correo.gob.mx PRUEBAS Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistente en las documentales que adjuntaron a su demanda de amparo, la presuncional en su doble aspecto; legal y humana y la instrumental de actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, relativas a las supervinientes, se reserva proveer hasta en tanto las exhiban en los presentes autos. Copias. Ahora, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídasele a las citadas partes procesales las copias certificadas que solicita del presente auto, las cuales se realizarán a su costa y una vez que las labores del juzgado lo permitan; ello, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, el ingreso a los órganos jurisdiccionales se realiza mediante cita; por tanto, estarán en aptitud de gestionar la misma; lo anterior, con la finalidad de recibir la documental solicitada. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que deberán hacerlo bajo las medidas de prevención implementadas con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar su integridad física y la de los integrantes de este órgano jurisdiccional. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese y; personalmente a la parte quejosa.

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