Reinaldo López Velasco

Expediente 84/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
84/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Reinaldo López Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que Reynaldo López Velasco, a través de su apoderado legal Noé Oswaldo Pérez Penagos, señala como acto reclamado destacado, el siguiente: Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que eventualmente el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, como lo dispuso en la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" Sin embargo, respecto al acto reclamado en esta vía, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que, puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La referida interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que la fracción V del segundo dispositivo transcrito, estatuye la procedencia del juicio de garantías contra actos de los tribunales dentro de juicio que produzcan situaciones de carácter irreparable para el quejoso, en su persona o en sus bienes. Por tanto, para determinar si un acto encuadra en la fracción transcrita, debe verificarse lo siguiente: a) Que no encuadre en alguno de los supuestos que prevén los artículos 172 (violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en materia civil, administrativa o del trabajo) y 173 (en materia penal), ambos de la Ley de Amparo; pues las infracciones que contemplan estos preceptos solamente podrán reclamarse, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo. b) Que la presunta violación no pueda repararse mediante la promoción de un recurso, o bien, que sea susceptible de estudiarse en la resolución final que se dicte en el juicio natural; y, c) Que la violación procedimental afecte materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte. De ahí que, tal y como lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, se da dentro de un procedimiento, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, puesto que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que el quejoso es parte, sino que se da en el contexto del juicio, por lo que tiene un carácter adjetivo; en tanto que, lo único que reclama es que la autoridad responsable no ha dado contestación a la solicitud de la parte quejosa en el juicio burocrático de origen. Por lo que, se concluye que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que, se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite; puesto que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Resulta aplicable, la Jurisprudencia, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."... En el presente caso, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable ha sido omisa en acordar de forma congruente y completa los escritos que le fueron presentados el catorce y dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente de origen J/O/2405/2022, del consecutivo de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; lo anterior, pone de manifiesto que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de enero de dos mil veintitrés), únicamente han transcurrido respecto al primero de los escritos que presentó ante la autoridad responsable, cuarenta y tres días naturales, mientras que para el segundo, cuarenta y dos días naturales, salvo error aritmético; sin que pase desapercibido que el veintiuno de noviembre y doce de diciembre de dos mil veintidós, también fueron declarados como inhábiles para dicha autoridad; lo anterior, sin soslayar, que obra en el administrativo de este órgano de control constitucional el oficio JLCyA/SGAyCC/0334/2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, mediante el cual comunicó que, entre otras, la responsable en comento gozaría de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, a partir del quince de diciembre de la citada anualidad, y reanudaría sus labores el tres de enero de los presentes; también, resulta importante destacar lo que de manera puntual argumentó Reynaldo López Velasco, a través de su apoderado legal Noé Oswaldo Pérez Penagos, en el único concepto de violación que hizo valer, al no existir en la Ley, un término específico para el acto procesal cuya omisión se reclama, la autoridad responsable entonces cuenta con el término genérico de tres días, para pronunciarse respecto a lo que solicitó, de lo que se colige que el plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron legamente pronunciarse, a la presente fecha se encuentra transcurriendo. De ahí que en la especie no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parámetro para que proceda el juicio de amparo en contra de dilaciones de las autoridad en materia laboral para el dictado de proveídos; dado que el propio quejoso refiere que la petición que realizó ante la autoridad responsable lo hizo mediante escritos de catorce y dieciséis de noviembre de dos mil veintidós por lo que, es notorio e indudable que a la fecha de la presentación de la demanda no se ha configurado dilación excesiva, y por ende, queda de manifiesto que no se han transgredido derechos sustantivos en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de la Materia. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,677 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano