Reina Pérez Santiago
Expediente 934/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Reina Pérez Santiago
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de trece de noviembre del año actual, por medio del cual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés con residencia en Texcoco, Estado de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo cual la suscrita juzgadora toma conocimiento. En tales condiciones, para acordar lo que en derecho proceda respecto al cumplimiento de la sentencia pronunciada en este asunto, se requiere al Delegado del Registro Agrario Nacional, Delegación en el Estado de México, para que en el plazo de tres días, informe en qué términos dio cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés, mediante proveído del diez de noviembre pasado, emitido dentro del expediente 506/2018. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa . . . Además, de hacerse acreedor de la medida de apremio señalada en el párrafo precedente, en el caso de incumplimiento se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y consignación.
- Principal
Primeramente, resulta pertinente precisar que el artículo 261 de la Ley de Amparo, previene: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado es propio de este Juzgado). De lo que se deduce que quien resuelve tiene la obligación de denunciar y hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, esto es así, porque los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, por ejemplo, de advertir actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la ley de la materia. Ahora bien, visto el escrito de cuenta, se advierte que la firma que lo calza difiere notablemente con la plasmada en la demanda de amparo que originó el expediente en que se actúa, como se verá a continuación. Escrito de demanda. Escrito de desahogo. Para tal efecto, a fin de una mayor seguridad jurídica y/o evitar una posible reposición del procedimiento, se señalan las trece horas del trece de noviembre de dos mil veinte, a efecto de que Reina Pérez Santiago, comparezca a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, debidamente identificada con documento oficial vigente que contenga fotografía, a efecto de ratificar la firma y contenido del escrito de registro 15735, presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la oficialía de partes común en Nezahualcóyotl Estado de México, pues es susceptible pedir su ratificación, para atribuir dicha firma a la ocursante. Lo anterior, en virtud de que, a criterio de quien esto provee, sin ser perito en la materia, advierte que las firmas que obran en autos como el ocurso de mérito, que se tiene a la vista, difiere entre sí. Determinación a la que se arriba con el firme propósito de mantener la seguridad jurídica de las partes, por lo que resulta necesaria la ratificación requerida, además que la signatura es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, acreditándose con ella la autenticidad del documento, siendo indispensable entonces para dar validez a cualquier actuación escrita, y se pueda con ello ligar al suscriptor a las consecuencias legales que dicho acto conlleva. Asimismo, debe señalarse que la diligencia de reconocimiento de firmas sólo tiene el alcance de que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa y no que la persona quien comparece haga suyo el contenido de un documento que no suscribió. De esta forma, si con posterioridad se llegara a acreditar que la promovente del amparo no fue quien signó los documentos referidos, se podría considerar, sin que con esto se prejuzgue sobre tal aspecto, que no externó su voluntad, lo que se traduciría en un incumplimiento al requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 5° de la Ley de Amparo; ello, con independencia de las consecuencias que tal acto pudiera ocasionar. De igual forma, hágase saber al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirma hechos falsos u omite los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubica en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados, lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. III. Apercibimiento. Apercíbasele que, en caso de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. IV. Medidas de seguridad durante el desarrollo de la diligencia Con la finalidad de resguardar la integridad y salud de las personas que intervengan en el desahogo de la diligencia, la misma deberá desahogarse de conformidad con lo establecido en los acuerdos generales 13/2020, reiterado en el diverso y 15/2020 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que deberá realizarse en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en ella. En el entendido que en caso de que no se reúnan las condiciones para su desahogo, sin poner en riesgo la salud en integridad física de las personas que intervengan, se reservara su desahogo hasta en tanto se reúnan las condiciones para ello. V. Generación de código "QR". Ahora, cabe destacar que los artículos 3 y 6 del Acuerdo 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, regula la generación de citas para consulta del expediente o comparecencias de las partes de manera física en el órgano jurisdiccional, a través del Portal de Servicios en Línea, en el apartado "Agenda OJ". VI. Se comisiona a actuario Se comisiona al actuario judicial adscrito para que, haga llegar al aquí quejosa el código "QR" generado, a través de cualquiera del correo electrónico proporcionado en el escrito de cuenta lic.fernando.ruvalcaba@gmail.com.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de lo Contencioso Administrativo y Judicial, en suplencia por ausencia del Titular del Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio del cual rinde su INFORME JUSTIFICADO. . . . , dese a conocer a las partes la llegada de dicho informe, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de relacionarlos oportunamente al momento en que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del contenido del informe justificado, se desprende que la responsable solicita se le otorgue una prórroga, pues al efecto, refiere que con ello pretende justificar el acto reclamado. . . . En consecuencia, que no proceda acordar de conformidad la prórroga solicitada por la autoridad responsable. . . . , requiérase a la citada autoridad responsable, para que, en el término veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este Órgano Jurisdiccional copia certificada, completa y legible de las constancias con que tengan relación con el acto que se le reclama en la ampliación de demanda, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; lo cual es indispensable para resolver el presente asunto. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa . . .
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