Reina Ortíz Paniagua
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Reina Ortíz Paniagua
- Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Se atiende oficio Por recibido el oficio signado por el Director de lo Jurídico Contencioso en representación del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en líneas precedentes. Documentos a disposición. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha parte para que acuda al local que ocupa este juzgado de Distrito a recogerlos, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, apercibida que, de no acudir por estos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con este expediente sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
aviso por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de 22 de marzo en el cual Zapopan, Jalisco, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. II. Valoración del expediente. 21/09/23 16:34:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.28.f0 MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA PÉREZ JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 572/2021 Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. III. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) competenciales. 21/09/23 16:34:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.28.f0 MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA PÉREZ tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Se atiende oficio Por recibido el oficio signado por el Director de lo Jurídico Contencioso en representación del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en líneas precedentes. VI. Documentos a disposición. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha parte para que acuda al local que ocupa este juzgado de Distrito a recogerlos, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, apercibida que, de no acudir por estos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con este expediente sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables y al Ag
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Zapopan, Jalisco, a las trece horas con cincuenta y nueve minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 572/2021, procede a celebrarla Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, quien actúa asistido de NATHALI CISNEROS MENDOZA, secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo. En estos momentos, la secretaria certifica que: de la revisión acuciosa que se realiza a las constancias que integran el presente juicio, no existen pruebas pendientes de desahogar o que se hubiera reservado proveer respecto su admisión o desechamiento; asimismo, que se señaló con el carácter de autoridades responsables al Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco, Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Titular del Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara, Director de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, Kevin Ernesto Arias Nuño, servidor público adscrito al Área de Gestión de Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara; quienes si rindieron su informe y de su contenido, no se da noticia de nuevos actos ni la participación de autoridades diversas a las señaladas en la demanda; de igual manera, que dada la naturaleza de los actos reclamados se destaca no existe persona a la que le asista el carácter de tercero interesado Además, que en el sumario constitucional en que se actúa no existe recurso pendiente de resolver por la superioridad que implique que no sea factible la celebración de la presente audiencia constitucional, con lo que se da cuenta al Juez. A lo anterior el Juez acuerda: téngase a la secretaria adscrita elaborando la certificación de cuenta, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. ABIERTA LA AUDIENCIA: la secretaria hace una relación oral de todas y cada una de las constancias que obran en este juicio. EL JUEZ ACUERDA: téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó la secretaria; la que atendiendo al principio de la economía procesal no habrá de transcribirse, ya que no existe precepto legal alguno que obligue a ello, merced de que han quedado debidamente relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. En apoyo de la anterior consideración, tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL" ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: la secretaria hace constar que sólo la parte quejosa y las autoridades responsables Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Titular del Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara, Director de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, Kevin Ernesto Arias Nuño, servidor público adscrito al Área de Gestión de Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara, ofrecieron pruebas. EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta. En virtud de que no existen más pruebas que desahogar se cierra este período. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: la secretaria hace ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: de conformidad con el arábigo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Con lo anterior, se cierra este período. ACTO CONTINUO: Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la sentencia constitucional que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 572/2021, promovido por Reina Ortiz Paniagua, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y, otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el trece de abril de dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Reina Ortiz Paniagua, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, registrándose el presente juicio con el número 572/2021; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y , finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado. Debido a que se reclaman actos de una autoridad administrativa, los cuales tienen ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Al Congreso, Gobernador Constitucional y del secretario general del Gobierno del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones: La aprobación, expedición, promulgación y refrendo del artículo 123, fracción II, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Al Ayuntamiento y Presidente Constitucional de Guadalajara, Jalisco: El artículo 77, fracción III, fracción 7, de la Ley de Ingresos del Munipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; El numeral 73, numeral 1, fracción VII, del Reglamento de Estacionamientos de Municipio de Guadalajara. Al Titular del área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara. Al Titular de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara Al Kevin Ernesto Arias Nuño, Servidor público adscrito al Área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, Jalisco: La cédula de infracción de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno con folio 4647106, como acto de aplicación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Es inexistente el acto que se le reclama Ayuntamiento y Presidente Constitucional de Guadalajara, Jalisco consistente en la aprobación, discusión y expedición del artículo 77, fracción III, fracción 7, de la Ley de Ingresos del Munipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Aunado a que, ello se corrobora que ello correspondió a diversas autoridades. Asimismo, respecto de los actos reclamados al Titular del área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara y Titular de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, también son inexistentes, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado; lo cual, además se corrobora con la original de la infracción impugnada de la cual se advierte, que le correspondió a una diversa autoridad. Por tanto, se sobresee en el juicio respecto de los actos que se reclaman a la citadas autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos sintetizados en el punto 1 del considerando segundo, pues así lo manifestaron el Congreso, Gobernador Constitucional y del Secretario general del Gobierno del Estado de Jalisco; al rendir sus informes justificados, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó parcialmente cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de amparo. En torno al acto reclamado al Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo; en razón de que dicho acto no se reclamó por vicios propios. Los preceptos referidos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". La interpretación literal de las porciones normativas transcritas revela que cuando el gobernado reclama una ley general debe señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley hubiese encomendado su publicación o refrendo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios a sus actos, para que puedan considerarse con el carácter mencionado. Por tanto, si la parte quejosa reclamó la publicación del decreto impugnado pero del análisis de la demanda no se advierte que el impetrante impugne dicho acto por vicios propios, es de concluirse que el juicio de amparo resulta improcedente en torno a ese acto de publicación al no combatirse de manera autónoma conforme dispone la normatividad de la materia. Así las cosas, se sobresee en el juicio de amparo en torno al acto reclamado al Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco, con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXIII, y el 108, fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, al respecto, de oficio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, como se verá a continuación: Es pertinente destacar que de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción XII del numeral citado en primer término, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la recurrente. Esto es, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por tal, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación; por lo que, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 5, fracción I, citado en párrafos precedentes, prevé la disposición imperativa de que sólo puede acudir al juicio de protección de derechos fundamentales, quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos o de un interés legítimo individual o colectivo de manera directa y personal; por lo que, se concluye, que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte quejosa acredite fehacientemente contar con un interés jurídico o legítimo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones" Sobre esa base, el interés jurídico debe entenderse como la titularidad que le corresponde a la quejosa en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados" Sobre el tema, el Máximo Tribunal del país ha establecido que como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es importante destacar que para demostrarse la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte); b) La existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación); c) Un acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo; y, d) La afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Norma el citado criterio, la jurisprudencia: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados" Así, el interés jurídico, como ya se indicó, es la titularidad que asiste a la parte quejosa respecto de un derecho tutelado por la ley, en el caso, quien acude a promover el juicio de amparo en contra de determinada actuación judicial, debe ser titular de un derecho que pueda oponerse ante las demás personas y entidades, el cual, por virtud de la emisión de la norma que reclama, se ve vulnerado, suspendido o incluso terminado. De modo tal que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite fehacientemente la afectación por el acto reclamado, de los derechos que en su favor invoca la promovente, lesión que necesariamente debe afectar a la persona solicitante del amparo y no a otra, de forma que el agravio que se genere por el acto de autoridad incida sobre ella en sus derechos o en su patrimonio, es entonces cuando nace la procedencia de la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada, la que debe ejercerse a través del juicio de amparo. Bajo ese tenor, la impetrante del amparo acude al presente juicio constitucional, por propio derecho, aduciendo ser propietaria del vehículo marca HONDA, modelo 2010, con número de placas JHU7538 del Estado de Jalisco, número de serie 1HGCP2638AA903788, y para acreditar su interés jurídico ofreció las siguientes pruebas: A).- Copia simple de lo que aparenta ser una tarjeta de circulación, expedida por la Secretaría de Movilidad, a nombre de la quejosa (foja 10). B).- Copia simple de factura AC 15977, a nombre de la quejosa (foja 9). C).- Cédula de notificación de infracción número 4647106 (foja 8). En ese sentido, por lo que hace a los documentos identificados en los incisos A) y B), los mismos son valorados al tenor de los numerales 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, los cuales son insuficientes para acreditar que la solicitante del amparo tiene interés jurídico para instar la Justicia Federal, ya que es una copia simple que carece de valor probatorio. Por lo que, la circunstancia de que las copias fotostáticas simples son reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada para su obtención utiliza una máquina copiadora, existe la posibilidad dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado y por tanto queda al prudente arbitrio del juzgador apreciar su valor; por ello, se estima que las referidas copias sólo hacen presunción de la posibilidad de la existencia del documento original, lo que resulta insuficiente para acreditar la titularidad de un derecho subjetivo, esto es, ser propietaria del vehículo en cuestión o, en su caso, que la multa se encuentre dirigida a ella. Es aplicable la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Sin que se soslaye que la parte quejosa, haya referido en su escrito inicial de demanda que exhibió los documentos originales, pues éstas no fueron allegadas sino únicamente copias simples, aunado que no existe constancia alguna en la que se haya hecho constar que se tuvieron a la vista dichas documentales. De igual forma, de la probanza identificada en el inciso C), no se advierte dato alguno que permita relacionar que la multa reclamada fue impuesta a la aquí quejosa, pues únicamente aparece el folio de la infracción y la cantidad que se adeuda, y si bien es cierto corresponden a las placas del citado vehículo que defiende, también lo es que no se especifica el nombre de la aquí quejosa, pues va dirigido al "propietario del vehículo marca Honda con placas JHU7538". En consecuencia, de la valoración que en su conjunto se realiza, se advierte que las constancias que anexó la quejosa a su demanda de amparo son insuficientes para demostrar el interés jurídico que, dice la propia agraviada, le asiste para acudir a esta instancia constitucional, y que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica, dado que, con éstas no se acredita que sea propietaria del vehículo pues obran únicamente en copia simple y, además no revelan dato alguno que permita establecer que la infracción impuesta al propietario del vehículo marca HONDA, modelo 2010, con número de placas JHU7538 del Estado de Jalisco, número de serie 1HGCP2638AA903788, se encuentren dirigidas a la aquí quejosa Reina Ortiz Paniagua. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que la autoridad responsable hubiese manifestado la certeza de los actos reclamados, dado que la quejosa debe acreditar su interés jurídico fehacientemente, lo que en el caso no sucedió. En mérito de lo expuesto, dado que la quejosa no demostró, plenamente, el interés jurídico que le asiste, se actualiza así la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, ambos de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a la aprobación, discusión y expedición del aprobación, expedición, promulgación y refrendo del artículo 123, fracción II, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y al numeral 73, numeral 1, fracción VII, del Reglamento de Estacionamientos de Municipio de Guadalajara, al no haberse demostrado el interés jurídico respecto del acto de aplicación. Es aplicable, en lo conducente, la tesis que dispone: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. La determinación anterior, imposibilita a este órgano jurisdiccional abordar el análisis del fondo del asunto, pues dicho proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de la Séptima Época, Materia Común, Registro 239006, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Reina Ortiz Paniagua. Notifíquese. Así´ lo resolvió´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a catorce de junio de dos mil veintiuno. Diferimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de la cedula de infracción 4647106, remitida por la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento Constitucional del Guadalajara, por lo que, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese.
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