Reina Morales Sánchez
Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/01/2023
Partes del expediente
- Reina Morales Sánchez
- Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
CERTIFICACIÓN
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. d) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Actuario Habilitado de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en cumplimiento a la misiva 21365/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, informa que el juicio administrativo 181/2022 de su índice, se resolvió mediante sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, misma que fue notificada a las partes el ocho y nueve de agosto de la presente anualidad. Atento a lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante auto de cuatro de octubre de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el Apoderado Legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, y Municipios, en los sustancial remite copia simple del acuerdo por el que se admite a trámite el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a fin de esgrimir las manifestaciones que realizó en su informe justificado; circunstancia de la que este Juzgado de Distrito toma conocimiento. Atento a lo anterior y del estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, en especial del informe justificado remitido por la responsable, se advierte que la parte quejosa promovió diverso juicio administrativo número 181/2022, en la Sala Sexta Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, donde se reclama el mismo acto que en este juicio de amparo, el cual es: La omisión de expedir el dictamen de pensión, solicitado el doce de noviembre de dos mil veintiuno. En ese sentido se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, atendiendo a que en contra de la omisión que reclamó, la quejosa interpuso el juicio administrativo 181/2022. Así, el suscrito considera actualizada la citada causal de improcedencia y para demostrarlo es necesario traer a colación el contenido de dicho precepto normativo, el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". De la citada porción normativa se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando de forma simultánea a éste se esté tramitando ante un tribunal ordinario un medio de defensa instado por el solicitante de la tutela constitucional, por medio del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto controvertido. En esa tesitura cabe destacar que para la actualización de la mencionada causal de improcedencia habrán de concurrir las siguientes circunstancias: 1. Que sea el disconforme quien haya interpuesto el recurso o medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el juicio biinstancial; 2. Que ese recurso o medio de impugnación haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos fundamentales; y, 3. Que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad que combate en el juicio de amparo. De los preindicados requisitos, cuya concurrencia es necesaria para la aplicación de la norma en comento, se dice que el primero y el segundo son demostrables a través de los medios de prueba previstos en la ley de la materia. En efecto, la existencia de los elementos en mención, puede acreditarse a través de documentales, en la inteligencia de que, por regla general, en nuestro sistema jurídico deben interponerse por escrito los medios legales de defensa; además, una vez interpuesta la defensa de que se trate, la autoridad que conozca de ella está obligada a dictar el proveído que corresponda conforme a derecho y éste usualmente se hace constar por escrito. Así, es importante destacar que los referidos aspectos de la causal de improcedencia en estudio únicamente pueden considerarse demostrados cuando se justifique, por una parte, la interposición o promoción del medio de defensa de que se trate y, por otra, que aquél se encuentre en trámite al momento en que se promueva el juicio de control constitucional, a través del cual esté controvirtiéndose el mismo acto de autoridad que simultáneamente se combata por medio del diverso instrumento jurídico de defensa. Lo anterior, con la finalidad de evitar que existan dos resoluciones con relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquéllas sean contradictorias, de ahí que resulta justificada la exigencia legal en cuestión en el sentido de que se demuestre que se encuentre en trámite el medio de defensa intentado contra el acto reclamado a través del amparo. Por su parte, se considera que el tercero de los elementos o requisitos necesarios para la actualización de la hipótesis del inejercicio de la acción constitucional en comento no requiere de demostración, en atención a que se trata de una cuestión de derecho y, por ende, el Juez de amparo podrá determinar si el medio ordinario de impugnación que se encuentre en trámite simultáneamente a la sustanciación del medio extraordinario de defensa, constituye o no la vía idónea de objeción que pudiera tener como resultado la revocación, la modificación o la anulación del mismo acto contra el cual se demanda la protección de la Justicia Federal. En efecto, la idoneidad relativa a un medio de impugnación en cuanto a su potencial resultado para efectos de determinar lo conducente, en cuanto atañe al acto de autoridad que esté siendo controvertido a través de aquél es una cuestión que no resulta susceptible de acreditarse a través de los elementos de prueba previstos en la Ley de Amparo, en razón de que la idoneidad jurídica de aquel recurso podrá ser determinada una vez que se analice el marco normativo regulador del acto reprochado, así como el atinente al propio medio de impugnación intentado de manera previa o simultánea al sumario biinstancial promovido contra el mismo acto de autoridad. Es preciso destacar que la demostración del primer y del segundo de los requisitos en cuestión debe acreditarse en forma plena, en razón de que naturalmente corresponde a la determinación de considerar improcedente el juicio de amparo, es por ello que ninguna de las causas de improcedencia puede estar apoyada en elementos de convicción que resulten ser insuficientes, dado que si no se acreditan a plenitud los extremos cuya demostración se requiera en términos del mismo ordenamiento legal, no debe considerarse actualizada la causal de que se trate, aunque exista algún indicio que pueda dar lugar a una presunción relativa a esa actualización. Por las razones que la exponen se cita la jurisprudencia V.2o. J/18, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 202306, de título, subtítulo y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." Ahora bien, la quejosa en el presente juicio de amparo reclamó la omisión de expedir el dictamen de pensión, solicitado el doce de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, del informe justificado se advierte que contra dicha omisión también promovió el juicio administrativo 181/2022, el cual fue resuelto el doce de julio del año actual, de igual forma del contenido del oficio que se atiende se desprende que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable contra esa determinación. Lo anterior pone de relieve que en la especie se cumplen con los dos primeros requisitos requeridos para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, ya que la quejosa fue quien promovió el juicio administrativo. Además de que en ese asunto se encuentra pendiente declarar la firmeza de la resolución emitida. Por ende, al haber promovido la parte quejosa dicha instancia, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud de que el aludido medio de defensa tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, el juicio administrativo es un medio ordinario que puede provocar la confirmación, modificación o revocación de los actos reclamados y constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio de amparo. En este sentido, resulta claro que el juicio administrativo interpuesto por la parte quejosa contra de la omisión de expedir el dictamen de pensión solicitado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, es el medio idóneo para lograr, en su caso, la insubsistencia legal del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 273, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 1002338, de título, subtítulo y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." De tal manera, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en este auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se deja sin efectos en razón a esta determinación.
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