Reina Maria García Martínez

Expediente 108/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Reina Maria García Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra el auto dictado el diez de marzo del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, que promovió * * * * * * * (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado estado el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo del expediente Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. En consecuencia, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, y no se considera de relevancia documental, se considera es susceptible de DESTRUCCIÓN, con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, Por tanto se deberá conservar en el local de este juzgado por el plazo de tres años, contados a partir de la emisión del presente acuerdo; y en su oportunidad, una vez cumplido el término mencionado se deberá realizar su destrucción, dentro de los treinta días siguientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el oficio signado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; por el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba la documental que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del anexo que adjuntó la Sala responsable a su informe justificado, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Como puede verse, el precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la peticionaria en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión; así, para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso particular, como se precisó la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la Sala responsable de emitir sentencia dentro del Juicio de Nulidad * * * * * * del índice de la responsable. Luego de la copia certificada remitida por la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al rendir su informe con justificación (fojas 23 a 36), se advierte que el seis de marzo del año en curso data posterior a la presentación de la demanda, dictó la sentencia dentro del Juicio de Nulidad * * * * * * de su estadística, acto por el cual se duele la parte quejosa. Por ello, se deduce que han cesado los efectos de la omisión reclamada; toda vez que, si bien la autoridad responsable dictó sentencia el seis de marzo del año en curso, con fecha posterior a la presentación de la demanda, los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Sin que sea óbice, que la autoridad responsable no hubiera remitido la constancia de notificación a la parte quejosa, ya que ello no es impedimento para tener por actualizada la causa de improcedencia, máxime que tendrá conocimiento de la misma, al notificarse de esta determinación. Es ilustrativa, por la razón jurídica que contiene la jurisprudencia 2a./J. 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 469, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Por lo cual, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. De ahí que, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6° transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En esas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con doce minutos del catorce de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el oficio signado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; por el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba la documental que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del anexo que adjuntó la Sala responsable a su informe justificado, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Como puede verse, el precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la peticionaria en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión; así, para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso particular, como se precisó la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la Sala responsable de emitir sentencia dentro del Juicio de Nulidad * * * * * * del índice de la responsable. Luego de la copia certificada remitida por la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al rendir su informe con justificación (fojas 23 a 36), se advierte que el seis de marzo del año en curso data posterior a la presentación de la demanda, dictó la sentencia dentro del Juicio de Nulidad * * * * * * de su estadística, acto por el cual se duele la parte quejosa. Por ello, se deduce que han cesado los efectos de la omisión reclamada; toda vez que, si bien la autoridad responsable dictó sentencia el seis de marzo del año en curso, con fecha posterior a la presentación de la demanda, los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Sin que sea óbice, que la autoridad responsable no hubiera remitido la constancia de notificación a la parte quejosa, ya que ello no es impedimento para tener por actualizada la causa de improcedencia, máxime que tendrá conocimiento de la misma, al notificarse de esta determinación. Es ilustrativa, por la razón jurídica que contiene la jurisprudencia 2a./J. 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 469, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Por lo cual, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. De ahí que, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6° transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En esas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con doce minutos del catorce de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito signado por * * * * * * * *, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en auto de ocho de febrero del año en curso y manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el acto que reclamo de la autoridad responsable es la omisión de la autoridad para emitir sentencia" Admisión de la demanda Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió * * * * * *, contra actos de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Oaxaca. Incidente de suspensión Por no existir solicitud de la parte quejosa, no se tramita el incidente de suspensión. Audiencia Constitucional Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional, la cual será por videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; salvo que este órgano jurisdiccional estime necesaria la presencia física de las partes. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 27, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, hágase saber a las partes que si consideran estrictamente necesario acudir a este órgano jurisdiccional, su participación en la audiencia será mediante videoconferencia, a través del equipo de cómputo destinado para tal efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 261 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que, de no manifestar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informes justificados Se requiere a las autoridades responsables el informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 22 y 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañarán, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido numeral. Se les apercibe que de ser omisas en rendir su informe con justificación o de rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará efectiva en su perjuicio, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se les hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que puede remitir su informe con justificación, mediante el uso de firma electrónica, a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitada para firmar electrónicamente y se cuenten elementos suficientes para tener por acreditada la autenticidad del escrito, acorde con lo establecido en el artículo 52 Bis, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 9515023565 ext. 2101, a fin de evitar dilaciones innecesarias. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Causales de sobreseimiento Comuníquese a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la ley en mención, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social, que la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio quedan a su disposición en la Actuaría de este juzgado. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

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