Reina Margarita Vazquez Y Calderon

Expediente 2075/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2075/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Reina Margarita Vazquez Y Calderon
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá anexar copia autorizada del presente acuerdo. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional y el incidente de suspensión que de él deriva, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico correspondiente. Finalmente, con fundamento en el párrafo segundo del numeral 21 del indicado acuerdo general, devuélvase a la parte quejosa la credencial original que exhibió en este juicio de amparo, la cual deberá recoger dentro del plazo de noventa días hábiles, computado a partir de su notificación; con el apercibimiento que de no hacerlo será destruida con este expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda y los informes justificados de quien suscribió en representación del Gobernador del Estado (promoción 22586, fojas 91 a 101) y del Congreso del Estado (promoción 22875, fojas 103 a 121), los que obran agregados con conocimiento a las partes. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de cuenta. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa (fojas 37 a 65). A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrada esta etapa. A continuación, abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes. Así, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 2075/2022-IX-A, promovido por Reina Margarita Vázquez y Calderón, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnado el treinta de agosto siguiente a este juzgado, compareció Reina Margarita Vázquez y Calderón a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso, del Gobernador, del Secretario General de Gobierno y del Director del Diario Oficial del Gobierno, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, en la que se registró la demanda bajo el número de juicio de amparo 2075/2022-IX-A, mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por una parte, se desechó la demanda respecto a los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno y al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y, por otra, se admitió a trámite la demanda respecto a las demás responsables; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, como se precisó desde el auto admisorio, la parte quejosa reclama: - La expedición y promulgación del decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobado el veintiuno de julio de dos mil veintidós y publicado el mismo día, el cual entró en vigor al día siguiente. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Gobernador (promoción 22586, fojas 91 a 101) y al Congreso (promoción 22875, fojas 103 a 121), ambos del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron expresamente al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Además, no es necesario acreditar la existencia de las normas reclamadas, pues basta su publicación en el Diario Oficial respectivo para comprobar esta circunstancia, ya que esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, visible a página 260, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTA. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, tal y como lo señalaron las responsables, se actualiza el motivo de inejercibilidad previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo. Esto, porque la quejosa no acreditó la afectación que la legislación tildada de inconstitucional causa a su interés jurídico o legítimo, ya que no exhibió documento alguno para acreditar que se encuentra dentro de las hipótesis normativas que dispone esa porción legal o frente a una especial situación jurídica. El artículo mencionado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo a tutelar por parte del órgano de control constitucional, pues dicha figura se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el presente caso, Reina Margarita Vázquez y Calderón acudió a la presente acción constitucional a reclamar la totalidad del decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y señaló que le causan perjuicio por su sola entrada en vigor, por lo que -aduce- se trata de una norma autoaplicativa. Ahora bien, en tratándose de amparo contra leyes, las normas jurídicas pueden ser impugnadas según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En cualquier caso, debe quedar acreditado que las normas generales reclamadas produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicitó la protección constitucional, porque su entrada en vigor produjo efectos de inmediato, o bien, porque se llevaron a cabo por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Es decir, para que una norma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa, produzca efectos en la esfera jurídica de un gobernado, éste debe tener incorporado el derecho afectado por la misma (interés jurídico), pues si quien promueve el juicio de amparo no demuestra esa titularidad o la afectación a su esfera de derechos, carece de interés jurídico para combatir acto o norma alguna. El criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada"; se ha entendido la noción de norma autoaplicativa, como aquella que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de "autoejecución", con la cual se explicaba esta categoría de normas. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Materias(s): Constitucional, Común, con registro digital 198200, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En virtud de las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo, en el supuesto de la norma autoaplicativa, el estudio de la afectación jurídica debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia. Mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado es a partir del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, debido a que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, con motivo de esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. En el presente asunto no es necesario realizar el estudio correspondiente a la naturaleza de las disposiciones legales reclamadas, esto es, si se tratan de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, ya que, para llegar a tal conclusión, necesariamente se debe establecer previamente si el peticionario del amparo es sujeto de la norma, ya sea por su sola entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación, lo que se traduce en la acreditación de su interés jurídico o legítimo; que en el caso no acontece como se expondrá. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a.CCLXXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, visible a página 148, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Al respecto, debe distinguirse si, atendiendo a la situación concreta en la que se encuentra la peticionaria del amparo, se debe acreditar un interés jurídico o legítimo para acudir al juicio de control constitucional, pues en cada caso es diferente el estándar probatorio que se debe demostrar previo a analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.A.C.3 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, visible a página 1499, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA PARA ACREDITARLOS CUANDO SE IMPUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. El interés jurídico, entendido bajo la idea de que el amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, carácter que tiene el quejoso que aduce ser titular exclusivo del derecho defendido, se modificó con las reformas constitucionales en las materias de amparo y derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, en que se incorpora el interés legítimo como una vía más amplia para lograr la tutela de los derechos. Por lo anterior, entre el interés jurídico y el interés legítimo existen diferencias en materia probatoria para acreditarlos, en tanto que de una interpretación teleológica y funcional del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que los alcances del derecho que se defiende no necesariamente se reducen a lo puramente personal del agravio directo, en tanto que el sentido amplio al que se dirige, supone una afectación indirecta en la esfera jurídica de la persona, derivada de la especial situación en que se coloca frente al orden jurídico. En ese sentido, para que la afectación sea actual y real, no hipotética ni incierta, es necesario identificar que los grados de afectación del derecho se mueven en diversas intensidades, y en forma diferente a lo que sucede con el interés jurídico. Esto implica, por consecuencia, entender que los criterios de valoración de pruebas son diferentes entre sí, en tanto que la doctrina tradicional del interés jurídico exige medios directos para acreditar de manera fehaciente que el promovente resultó agraviado, y ello lo faculta para acudir al amparo, a diferencia de lo que ocurre con el interés legítimo, el cual requiere identificar el tipo de derecho y la calidad con que se defiende, así como la gradualidad de la posible afectación para, con base en ello, determinar, en un análisis concreto, según la situación de cada caso, la exigencia en materia de prueba. Por tanto, el interés legítimo se rige por un principio de prueba que tiene diferencias respecto del interés jurídico, pero que no se reduce a la sola manifestación del interesado de que goza de un interés suficiente para controvertir una norma autoaplicativa, ya que, se reitera, la sola circunstancia de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que no deba acreditarse en cada caso." El interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Mientras que para el interés legítimo se requiere acreditar que el impetrante del amparo se encuentra ante una situación especial frente al orden jurídico que, de resultar favorable su pretensión, se traduzca en un beneficio cierto e inmediato. Apoya lo anterior la tesis LXXX*2013 (10a.), perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Bajo ese contexto, en el presente sumario la quejosa debió acreditar su interés jurídico, porque como ya se señaló, reclamó todo el sistema normativo de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, al indicar que es destinataria de la misma desde su sola entrada en vigor, por lo cual se encontraba compelida a demostrar que es sujeto de ésta al momento de su promulgación y vigencia. Ahora bien, los ordinales 1° y 2° de la referida normatividad señalan lo siguiente: "Artículo 1. Objeto Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social para las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal; de los poderes Legislativo y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos estatales; de los ayuntamientos, así como de los organismos descentralizados de la administración paramunicipal que, mediante convenio, se adhieran al régimen de seguridad social." "Artículo 2. Régimen de seguridad social El régimen de seguridad social tiene por objeto garantizar a las personas servidoras públicas y a las personas beneficiarias, el derecho a la salud por medio del acceso a la asistencia médica, así como la satisfacción de sus necesidades básicas mediante el otorgamiento de diversas prestaciones económicas y sociales." De la intelección de los indicados numerales se puede advertir que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social para las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, entre otras, siendo éstas las destinatarias ultimas de la norma jurídica. Por ende, para que los ordinales reclamados causen un perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa, era necesario que esta acreditara fehacientemente ser servidora pública de la Administración Pública estatal al momento de que entró en vigor la legislación en comento, es decir, que se colija que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico. Lo anterior, pues no basta que haya indicado en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra ubicada, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla, ya que, se insiste, era necesario acreditar los extremos de la ley que la corroboren como sujeto de aquella. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, visible a página 267, del rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Así como la diversa jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, visible a página 17, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Con relación a lo anterior, es pertinente destacar que la solicitante de la tutela constitucional no acompañó a su demanda de amparo, prueba alguna fehaciente que acreditara que es servidora pública de la Administración Pública estatal. Esto, ya que si bien exhibió 1) una credencial expedida a su favor por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán, 2) un recibo telefónico a su nombre, 3) copia simple de una credencial para votar y 4) copia simple de veinticuatro recibos de nómina; dichas documentales resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que les asiste para acudir a esta instancia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, en lo tocante a las copias simples exhibidas por la parte quejosa, señaladas en los incisos 3 y 4, carecen de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por otro lado, respecto al recibo telefónico emitido a su nombre, señalado con el número de inciso 2, únicamente demuestra la prestación de un servicio de telecomunicación por parte de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, pero de forma alguna demuestra la calidad de servidora pública de la Administración Pública estatal con la que se ostenta. Además, si bien la credencial referida en el inciso 1, expedida a su nombre por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán, acredita que se encuentra afiliada a dicha institución gubernamental, lo cierto es que esa exposición se traduce en un mero indicio. En efecto, los indicios son evidencias parciales o signos indicativos de una realidad o hecho que puede ser inducido con más o menos seguridad, dependiendo de qué tan contundentes (reales o probables) sean, y la idoneidad de la regla empírica o máxima de experiencia utilizada como vínculo o conexión. De esa forma, para conferir valor a los indicios deben colmarse los siguientes requisitos: a) Que estén probados; b) Que haya un fundamento o nexo que permita relacionar, con cierto grado de probabilidad o certeza, la correspondencia entre el hecho demostrado y la hipótesis que pretende acreditarse, y c) Que no haya refutaciones, salvedades o indicios en contra y con más fuerza que los de imputación. Apoya lo anterior, por el razonamiento que la sustenta, la tesis I.4o.A.92 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, mayo de 2011, visible a página 1193, del rubro y texto siguientes: "INDICIOS. SU CONCEPTO Y CONDICIONES PARA CONFERIRLES VALOR CUANDO SEA IMPOSIBLE O POCO PROBABLE ACREDITAR CIERTOS HECHOS DE MANERA DIRECTA. En aquellos casos sometidos a consideración de un órgano jurisdiccional que, por la relevancia o particularidad de las circunstancias que los rodean, sea imposible o poco probable acreditar ciertos hechos de manera directa, es razonable considerar los indicios, que son evidencias parciales o signos indicativos de una realidad o hecho que puede ser inducido con más o menos seguridad, dependiendo de qué tan contundentes -reales o probables- sean, y la idoneidad de la regla empírica o máxima de experiencia utilizada como vínculo o conexión. Así, la primera condición para conferir valor a los indicios es que estén probados; la segunda, es que haya un fundamento o nexo que permita relacionar, con cierto grado de probabilidad o certeza, la correspondencia entre el hecho demostrado y la hipótesis que pretende acreditarse, y la tercera, es que no haya refutaciones, salvedades o indicios en contra y con más fuerza que los de imputación. Por ello, no puede pretenderse que sólo puedan considerarse acreditados los hechos objeto de imputación si se cuenta con prueba directa, pues ninguna norma impone esa condición, cuando lo que se exige es que aquéllos sean demostrados, y no necesariamente conforme a una prueba que tenga un valor preestablecido o tasado." En ese sentido, dicha credencial, como se señaló en párrafos precedentes, acredita solamente la vinculación de la quejosa con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán; sin embargo, no demuestra fehacientemente que se trate de una servidora pública de la Administración Pública estatal. Lo anterior, ya que el artículo 26 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, que regía al indicado instituto, dispone expresamente que ese documento únicamente sirve para efectos de identificación para la prestación de los servicios médicos otorgados a los trabajadores, pensionistas y sus familiares, es decir, la credencial podría pertenecer a cualquiera de esos sujetos de la ley. Máxime que dicha documental no contiene fecha de expiración, por lo que no se tiene la certeza de que, a la fecha, se encuentre vigente. Por ende, al existir ambigüedad en el extremo que se pretende demostrar con dicha documental, no es suficiente para acreditar fehacientemente la calidad con la que acude a la presente acción constitucional, por lo que al no existir un nexo lo suficientemente fuerte para vincular a la quejosa como servidora pública de la Administración Pública estatal, es que debe considerarse como un mero indicio. Más aún, este juzgado de distrito no se encuentra en posibilidad jurídica de concatenar la referida credencial con los recibos de nómina exhibidos en copia simple por la parte quejosa, ya que, al margen de la naturaleza de esos documentos, la clave única de registro poblacional que ambas señalan es diferente, pues mientras la primera (credencial) señala que pertenece a la persona con la clave VACR630106MYNZLN10, el segundo (recibo de nómina) señala que se expidió en favor de la trabajadora con clave VACR630106MYNZLN36. Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la parte quejosa no demostró con prueba fehaciente ser destinatario de la norma reclamada, es de concluir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Reina Margarita Vázquez y Calderón, contra los actos que reclamó de las responsables y por el motivo señalado en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: toda vez que la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, devuelve los oficios 27156/2022, dirigido al COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; y 30212/2022, dirigido al COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; que tienen adjuntos los diversos 13162/2022 y 35701/2021, por lo que hace al primero; y 13161/2022 y 35700/2021, en cuanto al segundo; señalando respectivamente en el sobre correspondiente lo siguiente: "rehusado por oficialía" y "autoridad inexistente" (sic); mismos que se remitieran a fin de que dichas autoridades rindieran su informe previo. Al efecto, dese cuenta de lo anterior en el expediente principal del que deriva este incidente, como un hecho notorio, a efecto de que se provea lo que legalmente corresponda con relación a dichas autoridades y entretanto resérvese proveer en este incidente lo relativo a las mismas. Asimismo, toda vez que el DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA EN APOYO A MANDAMIENTOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (oficio 35699/2021), no ha rendido su respectivo informe previo en este asunto, ni obra constancia de que hubiese recibido el correspondiente oficio con el que se le solicitó. Por tanto, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del nueve de noviembre de dos mil veintidós, como nueva hora y fecha para su celebración. Sin que obste a lo anterior, que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades responsables se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rindan su informe previo en el término aludido es que se fija la fecha referida, a fin de evitar posteriores diferimientos. Notifíquese por lista de estrados.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de octubre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordenan agregar los informes justificados rendidos en nombre del Gobernador y del Congreso, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como el anexo que adjuntó el primero de los nombrados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los indicados informes y anexo, y relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados del Gobernador a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, respecto a la autorización que solicita del uso de los medios de reproducción electrónica, dígase que el treinta y uno de agosto de este año se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.

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