Reina Jiménez Carmona

Expediente 1423/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 34 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1423/2018
Año
2018
Actuaciones
34
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Reina Jiménez Carmona
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vistos los escritos de cuenta presentados por la quejosa Reina Jiménez Carmona; atento a su contenido, como lo solicita, hágase la devolución de los documentos originales que refiere; previa copia certificada que se deje en su lugar y razón de su recibo correspondiente de las personas autorizadas para ello. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón de su recibo correspondiente. Por tanto, en términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se realice la entrega de los documentos originales, el fotocopiado de las constancias solicitadas y la entrega de las mismas, se señala hora y fecha en el módulo denominado Agenda de Visitas a OJ, generando el QR respectivo de la aquí quejosa Reina Jiménez Carmona, a fin de que comparezca a las OCHO HORAS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que la solicitante de cuenta acuda junto con el Oficial de Servicios y Mantenimiento al establecimiento de copias, para el fotocopiado respectivo y entrega de las constancias solicitadas, misma que fue registrada con el número de folio 40494/2021. Por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique a la quejosa Reina Jiménez Carmona, la hora y fecha antes señalada; asimismo, deberá notificar el QR respectivo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado por la quejosa Reina Jiménez Carmona; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón de su recibo correspondiente. Por tanto, en términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas y la entrega de las mismas se señala hora y fecha en el módulo denominado Agenda de Visitas a OJ, generando el QR respectivo de la aquí quejosa Reina Jiménez Carmona, a fin de que comparezca a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que la solicitante de cuenta acuda junto con el Oficial de Servicios y Mantenimiento al establecimiento de copias, para el fotocopiado respectivo y entrega de las constancias solicitadas, misma que fue registrada con el número de folio 40497/2021. Por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique a la quejosa Reina Jiménez Carmona, la hora y fecha antes señalada; asimismo, deberá notificar el QR respectivo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se aprecia que el juicio en que se actúa se encontraba suspendido por las razones ahí precisadas; sin embargo, de acuerdo a las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, de treinta de enero, seis, trece, veinte y veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmadas electrónicamente por la jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, y se suspendieron las labores para el periodo comprendido del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por Acuerdo General 1/2021, que reformó el similar 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. En ese contexto, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno y se reanuda el presente juicio en el punto en que quedó pausado. Entonces, cabe recapitular que mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa el diecisiete de enero de dos mil veinte, habiendo formulado manifestaciones mediante escrito presentado ante este juzgado el veintiuno de enero de dos mil veinte; por lo cual, este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias, a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, esto es, Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, realizara lo siguiente: Cuantificara el pago por concepto de pensión por invalidez que se ha generado a favor de la quejosa hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil dieciocho), que le fue concedida por acuerdo 708/2017, de nueve de mayo de dos mil dieciocho. Una vez cuantificado lo anterior, realizara el pago correspondiente a favor de Reina Jiménez Carmona. Acreditara que el pago se realizara de manera mensual; siempre y cuando la quejosa no se encuentre en los supuestos de suspensión conforme a los artículos 111, fracción I y II y 112 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia amparadora, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se aclaró la sentencia únicamente respecto al nombre correcto de la quejosa, y se requirió de nueva cuenta el cumplimiento a la autoridad responsable. Luego, el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo, porque la autoridad, aunque hizo una cuantificación de la pensión, no precisó a qué periodo se refería el cálculo, y se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, Xochiel Solache Gómez, en su carácter de delegada de la responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, mediante oficio sin número de quince de enero de dos mil veinte, informó que el cálculo del pago pendiente con la quejosa Reina Jiménez Carmona, es partir de la fecha de inicio de la pensión por invalidez concedida, siendo del treinta de octubre de dos mil diecisiete al trece de diciembre de dos mil dieciocho, por ser la fecha en la que presentó su demanda de amparo; para ello, remitió el cheque número 0000932, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $91,526.13 (noventa y un mil quinientos veintiséis pesos 13/100 moneda nacional), a favor de la quejosa Reina Jiménez Carmona, como pago pendiente a partir del inicio de la pensión por invalidez concedida del treinta de octubre de dos mil diecisiete al trece de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que presentó la demanda de amparo; documento crediticio que recibió la citada quejosa mediante comparecencia de veintiuno de enero de dos mil veinte. Así también, informó que toda vez que la aquí quejosa se encuentra en la nómina de pensionados de ese Instituto, y se continuará pagando mensualmente, siempre y cuando cumpla con el pase de supervivencia que debe realizar dos veces por año, siendo en marzo y septiembre. Además, para acreditar que el pago se realiza de manera mensual, exhibió el último recibo de pago correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que: - La delegada de la responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, mediante oficio sin número de quince de enero de dos mil veinte, informó que se realizó el cálculo del pago pendiente con la quejosa Reina Jiménez Carmona, a partir de la fecha de inicio de la pensión por invalidez concedida, siendo del treinta de octubre de dos mil diecisiete al trece de diciembre de dos mil dieciocho, por ser la fecha en la que presentó su demanda de amparo. Cumpliendo con el primer efecto de la sentencia concesoria del amparo. - Remitió el cheque número 0000932, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $91,526.13 (noventa y un mil quinientos veintiséis pesos 13/100 moneda nacional), a favor de la quejosa Reina Jiménez Carmona, como pago pendiente a partir del inicio de la pensión por invalidez concedida el treinta de octubre de dos mil diecisiete al trece de diciembre de dos mil dieciocho; mismo que recibió la quejoso el veintiuno de enero de dos mil veinte. Cumpliendo con el segundo de los efectos de la sentencia concesoria. - Informó que, la quejosa se encuentra en la nómina de pensionados de ese Instituto, por lo que se continuaría pagando mensualmente, siempre y cuando cumpla con el pase de supervivencia que debe realizar dos veces por año, siendo en marzo y septiembre. - Para acreditar que el pago se realiza de manera mensual, exhibió el último recibo de pago correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve. Cumpliendo así con el último de los efectos de la sentencia de amparo. Razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Manifestaciones de la parte quejosa. La quejosa Reina Jiménez Carmona, señaló que la sentencia amparadora no se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable le adeuda del periodo del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete al veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, es decir, diecisiete meses y cuatro días; además del aguinaldo del año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Desde la óptica de este juzgador, resulta errónea la apreciación de la quejosa, en el sentido que la potestad le adeuda y le tiene que cuantificar lo correspondiente al periodo del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete al veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, así como el aguinaldo de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Lo anterior se considera así, porque los alcances de la sentencia de amparo, fueron delimitados a obligar a la responsable a la cuantificación únicamente del periodo del treinta de octubre de dos mil diecisiete al trece de diciembre de dos mil dieciocho, y tampoco se incluyeron otros conceptos como aguinaldos. Incluso, el veintiuno de enero de dos mil veinte la parte quejosa recibió el cheque número 0000932, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $91,526.13 (noventa y un mil quinientos veintiséis pesos 13/100 moneda nacional), a favor de la quejosa Reina Jiménez Carmona, como pago pendiente a partir del inicio de la pensión por invalidez concedida el treinta de octubre de dos mil diecisiete al trece de diciembre de dos mil dieciocho. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. En términos de lo establecido en el punto inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General antes mencionado, será destruido el original del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente, al haberse negado la medida cautelar definitiva. Sin embargo, respecto del duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General antes mencionado. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otra parte, en acatamiento al artículo 22 del citado Acuerdo, se exhorta a las partes para que de ser posible y estimarlo pertinente transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales; en el entendido que su contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados; y una vez que las autoridades responsables reanuden sus labores notifique a la brevedad posible los oficios que derivan del presente proveído. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio sin número de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, ******, en su carácter de delegada de la responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, remitió el cálculo del pago por concepto de pensión por invalidez pendiente con la quejosa Reina Jiménez Carmona; asimismo, comunicó que a partir del mes de enero de dos mil veinte, se cubriría el adeudo pendiente realizando pagos parciales mensuales hasta cubrir la totalidad del adeudo (fojas 230 y 231). Luego, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera (foja 231). El proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil diecinueve (foja 233); por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Reina Jiménez Carmona, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el presente juicio de amparo (fojas 186 a 199), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, esto es, a Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, realizara lo siguiente: Cuantificara el pago por concepto de pensión por invalidez que se ha generado a favor de la quejosa hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil dieciocho), que le fue concedida por acuerdo 708/2017, de nueve de mayo de dos mil dieciocho. Una vez cuantificado lo anterior, realizara el pago correspondiente a favor de Reina Jiménez Carmona. Acreditara que el pago se realizara de manera mensual; siempre y cuando la quejosa no se encuentre en los supuestos de suspensión conforme a los artículos 111, fracción I y II y 112 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Una vez que por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia amparadora (fojas 208 a 210), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, esto es, a Jesús Manuel Urióstegui Alarcón. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, Xochiel Solache Gómez, en su carácter de delegada de la responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, remitió el cálculo del pago por concepto de pensión por invalidez pendiente con la quejosa Reina Jiménez Carmona; asimismo, comunicó que a partir del mes de enero de dos mil veinte, se cubriría el adeudo pendiente realizando pagos parciales mensuales hasta cubrir la totalidad del adeudo (fojas 230 y 231). III. Manifestaciones de la parte quejosa. La quejosa Reina Jiménez Carmona, señaló que la sentencia amparadora no se encuentra cumplida toda vez que no se concedió el amparo para que la autoridad responsable, pague en parte o en parcialidades la pensión por invalidez que se le adeuda, además de que el cálculo que emite no establece de que fecha o plazo resultan los trece meses y trece días vencidos, ni acredita desde cuando realiza el pago de manera mensual. IV. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable no cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, porque como lo señala la quejosa, no se advierte el plazo que tomó en consideración para realizar la cuantificación del pago por concepto de pensión por invalidez que se ha generado a favor de la quejosa Reina Jiménez Carmona, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil dieciocho), solo aduce que son trece meses y trece días vencidos; asimismo, no justificó el pago de la cantidad resultante con motivo de la cuantificación realizada respecto del pago por concepto de pensión por invalidez, ni acreditó que dicho pago se realizará de manera mensual. Lo anterior, al margen de una posible sanción que pudiera hacerse acreedora la autoridad responsable por no remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento del fallo protector. V. Conclusión. En las narradas circunstancias, se declara que la EJECUTORIA NO ESTÁ CUMPLIDA. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, esto es, a Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son: Cuantifique el pago por concepto de pensión por invalidez que se ha generado a favor de la quejosa hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil dieciocho), que le fue concedida por acuerdo 708/2017, de nueve de mayo de dos mil dieciocho. Una vez cuantificado lo anterior, realice el pago correspondiente a favor de Reina Jiménez Corona. Acredite que el pago se realizara de manera mensual; siempre y cuando la quejosa no se encuentre en los supuestos de suspensión conforme a los artículos 111, fracción I y II y 112 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Apercíbase al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad, esto es, a Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Por otra parte, en términos del artículo 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite a este órgano jurisdiccional que requirió a la autoridad responsable antes mencionada, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos precisados en los párrafos que anteceden, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, aunado a que incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Jaime González García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

Quedan 30 actuaciones en este expediente

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