Reina Carolina Mendía Tirado

Expediente 1732/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1732/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Reina Carolina Mendía Tirado

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de esta ciudad, por el que remite testimonio certificado de la ejecutoria de catorce de noviembre del año en curso, emitida por dicho Tribunal dentro de la queja 303/2019, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 1732/2019. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia, que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías, en contra del acto reclamado atribuido al Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, ya que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo. Ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que la presente demanda de garantías se desechó, máxime que carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dos de julio de este año, la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 85 a 87). En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de julio del presente año (foja 88), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera efectuado manifestación al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Así pues, mediante resolución dictada el siete de mayo del año actual (fojas 57 a 71), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: **Resolución que por auto de doce de junio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 76 a 77). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, informó que el veintiocho de junio de este año, efectuó la entrega a la parte quejosa del cheque número 0001310, valioso por la cantidad de $9,060.60 (nueve mil sesenta pesos 60/100 Moneda Nacional), por suerte principal y concepto de actualización correspondiente (foja 86). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $9,619.63 (nueve mil seiscientos diecinueve pesos 63/100 moneda nacional). A la cual se le debía restar la cantidad de $570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 moneda nacional); ello, porque dicha cantidad se obtiene de la suma de los montos de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativos a los conceptos de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario; de la que se obtiene la cantidad de $9,049.63 (nueve mil cuarenta y nueve pesos 63/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 22), y la responsable efectuó la entrega del cheque aludido el veintiocho de junio de este año (fojas 85 a 87), por la cantidad de $9,060.60 (nueve mil sesenta pesos 60/100 moneda nacional). Así, el periodo de ajuste fiscal comprende del mes de febrero a junio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil diecinueve a mayo de del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero del año en cita fue de 103.108; y para el mes de mayo del mismo año de 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00121. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $9,060.58 (nueve mil sesenta pesos 58/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $10.95 (diez pesos 95/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,060.60 (nueve mil sesenta pesos 60/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se advierte que no se interpuso recurso alguno en contra de la sentencia dictada en autos, dentro del término previsto por el arábigo 86 del citado ordenamiento legal, como se aprecia de la certificación que antecede; entonces, con fundamento en los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su numeral 2, se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo en Vigor, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados, a excepción de la resolución relativa a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Por otra parte, devuélvase a la Junta Especial Número Sesenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, un legajo de constancias certificada de las cuales deriva el acto reclamado, toda vez que en el presente juicio de amparo biinstancial se ordenó el archivo definitivo del mismo, como se precisó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el quejoso a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 106-115); por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que imponen a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 89 de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la sentencia emitida, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el dispositivo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada.

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