Régulo Rangel Gutiérrez
Expediente 101/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juez de Control de Oralidad Penal En Valle de Santiago, Guanajuato
- Régulo Rangel Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el once de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ******************** no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Vista la razón actuarial realizada el once de febrero del año en curso, mediante la cual el Actuario adscrito expone los motivos que le imposibilitaron notificar al quejoso *********, el proveído de once de febrero del año en curso. En consecuencia, considerando que del análisis integral del escrito inicial de demanda, el quejoso señaló ese domicilio para recibir notificaciones; por ende, como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de once de febrero del año en curso, así como las subsecuentes, aún de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
- Principal
CONSTANCIA.- Como está ordenado en doce de febrero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de once de febrero del año en curso, que señala: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 1°, 14, 20, apartado B, fracciones VII y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 101/2016-IV, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley en cita. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la determinación tomada en la audiencia de **********, dentro de los autos de la causa penal **********, del índice del Juzgado de Control, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, en la que negó la solicitud solicitada por el inculpado (aquí quejoso) y su defensor en el sentido de cambiar la fecha de audiencia de preparación a juicio oral o audiencia intermedia fijada para las **********. Sin embargo, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación en contra del quejoso, que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que su única consecuencia es que en la fecha indica se lleve a cabo la audiencia intermedia o se suspenda la misma por inasistencia del defensor o defensores particulares. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que incluso la citada audiencia no se lleve a cabo y se suspenda para nueva fecha, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. En efecto, relativo a este tópico, en lo atinente a la la realización de la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral, la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 335. La audiencia intermedia o de preparación del juicio será dirigida por el Juez de Control, quien la presenciará en su integridad y se desarrollará oralmente. La presencia permanente del juez, Ministerio Público y del defensor del inculpado durante la audiencia constituye un requisito de su validez. La ausencia injustificada del Ministerio Público o el defensor público, será comunicada enseguida a sus superiores para su sustitución inmediata. Si el faltista fuere un defensor particular, el juez aplicará las reglas del abandono de defensa. En su caso, se dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo razonable conforme a las circunstancias, el cual no deberá exceder de cinco días. La víctima u ofendido que hubiere presentado demanda de daños y el tercero civilmente responsable, si lo hubiera, también deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque en el caso del primero, hará que se tenga por desistida su pretensión. Cuando sea procedente algún medio alternativo de solución de controversias, la víctima u ofendido de domicilio conocido deberá ser convocado para que participe en la audiencia intermedia o de preparación del juicio oral, a fin de propiciar la conciliación, pero su inasistencia no la suspenderá. Si la víctima u ofendido y el inculpado manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo reparatorio, el juez suspenderá la audiencia y se aplicará en lo conducente lo previsto en el artículo 166. Cada interviniente hará una exposición sintética de su presentación. Se otorgará la palabra, por su orden, a la víctima u ofendido, al tercero civilmente responsable, si lo hubiere, al Ministerio Público y a la defensa. Si lo deseare, el inculpado también podrá hacer uso de la voz. El Ministerio Público y el coadyuvante resumirán los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus peticiones; la defensa y las otras partes manifestarán lo que estimen pertinente en atención de sus intereses. El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral" (El resaltado es propio) De lo anterior se desprende, en lo que interesa, que si en dicha audiencia intermedia o de preparación a juicio oral faltase el defensor particular del inculpado sin causa justificada, el juez aplicará las reglas del abandono de defensa, y en su caso, se dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo razonable conforme a las circunstancias, el cual no deberá exceder de cinco días. De lo que se sigue que, todavía se encuentra pendiente de que el juez de control materialice o no la transgresión a los derechos humanos de los que el peticionario de amparo se duele en la presente vía, pues resulta inconcuso que, a la fecha, no ha emitido actuación o pronunciamiento alguno en dicha etapa procesal del juicio oral de origen (ante la inasistencia de la defensa particular del quejoso), que entonces, sí actualice de forma directa e inminente el acto tildado de inconstitucional. Conforme a lo dispuesto por la ley en consulta, la eventual afectación a los derechos sustantivos de la quejosa se materializará hasta la emisión de la resolución definitiva correspondiente, en donde, en todo caso, se podrían realizar las violaciones al procedimiento aquí reclamadas. En suma, toda vez que los actos que por esta vía combate el promovente del amparo, no afectan derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o intraprocesales, y éstos no se han materializado o son inminentes, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Por otra parte, tangase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuanta. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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